La renuncia de Iván Velásquez ayer al Ministerio de Defensa no solo profundiza la crisis de gobernabilidad, sino que abrió el debate en torno a la estrategia de seguridad y orden público en los dos años y medio del mandato Petro.

El balance no es el mejor por más que desde esa cartera se proyecten informes atiborrados de cifras y porcentajes para tratar de demostrar multiplicidad de avances en cuanto al combate a los factores de violencia y delitos de alto impacto. Pero, difícilmente, se puede concluir que la estrategia dio resultados positivos cuando se hace un diagnóstico sobre cómo está hoy el país: estado de conmoción interior en el Catatumbo por los cruentos combates entre guerrillas y más de 80.000 desplazados; fallas admitidas en la megaoperación para retomar el Cañón del Micay, en el Cauca; y crecimiento exponencial del pie de fuerza del Eln, los grupos residuales de las Farc y las bandas criminales de alto espectro, tipo ‘Clan del Golfo’.

No menos grave fue el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), según el cual el 2023 cerró con 253.000 hectáreas de sembradíos ilegales (10% más que en 2022), mientras que el potencial de producción de cocaína llegó al nivel récord de 2.664 toneladas. Esto eclipsa claramente el aumento del decomiso de drogas en esta administración. Hoy, por hoy, obviamente, hay más narcocultivos por cuenta de la controvertida decisión gubernamental de disminuir al mínimo la erradicación forzosa de cocales y el mayor involucramiento de los grupos armados ilegales en las drogas y minería criminal. Incluso se multiplican los combates abiertos de estas facciones armadas por dominar enclaves y corredores estratégicos, lo que, a su vez, dispara los índices de homicidios de civiles, masacres, asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, reclutamiento de menores, exigencia de ‘vacunas’, desplazamiento forzado y hostigamientos a la Fuerza Pública y la población inerme. De hecho, no pocos analistas advierten que el Estado y su institucionalidad parecieran estar en fuga en muchas regiones en donde imperan los violentos…

En lo que hace a la seguridad urbana, el panorama también es alarmante. Aunque hay disminuciones en algunos delitos de alto impacto, como en homicidios, en otros el escenario es crítico. La extorsión, por ejemplo, se ha extendido como una plaga en ciudades y municipios, siendo la causa subyacente en no pocos casos de amenazas, atentados, sicariatos y secuestros. Un fenómeno aún más complicado con la irrupción de bandas criminales trasnacionales como el ‘Tren de Aragua’ y el fortalecimiento de redes delincuenciales de orden local y regional.

Resulta, igualmente, innegable que la implementación de la, a todas luces caótica e improductiva, política de “paz total”, con multiplicidad de improvisados ceses el fuego y burlas a los mismos, terminó por atarle las manos a las Fuerzas Militares y de Policía, restringiendo en materia grave su operatividad, circunstancia aprovechada por guerrillas y bandas criminales para copar territorios, desdoblar estructuras y aumentar sus ganancias por cuenta de un dominio más abierto de las economías ilícitas.

Como si todo lo anterior fuera poco, en estos dos años y medio se han presentado no pocos escándalos y crisis al interior de los estamentos castrenses y militares. No solo por la gran cantidad de generales llamados a calificar servicios y el halo de dudas sobre varios de esos relevos, sino por intentos evidentes de utilización política de la Fuerza Pública, atentando contra el principio institucional de la no beligerancia. Tampoco se puede desconocer un evidente sentimiento de baja moral e inconformismo en las tropas.

En cuanto al fortalecimiento de los servicios de inteligencia y contrainteligencia, lamentablemente estos dieron más noticia por su relación con escándalos políticos que por su labor para desarticular amenazas criminales. El aumento de la migración ilegal, a su vez, pone de presente retrocesos graves en la vigilancia fronteriza.

Por otro lado, mientras recientes informes dieron cuenta de una inexplicable reducción del pie de fuerza del Ejército en los últimos años, la situación del poder aéreo castrense es crítica: no se avanzó en la renovación de los aviones de combate, hubo problemas con el mantenimiento a los helicópteros de transporte de tropas, la flotilla antinarcóticos de Black Hawk estadounidenses está en tierra mientras el gobierno Trump revisa su operación en Colombia y se presentó una racha de accidentes de aeronaves militares y policiales.

Estos y muchos otros temas son los marcan la gestión del saliente ministro de Defensa que, de paso, tuvo que afrontar varias mociones de censura en el Congreso y en no pocas ocasiones fue señalado por la oposición de anteponer sus criterios ideológicos y políticos, así como las urgencias de la improvisada e ineficiente “paz total”, a su función primaria de dirigir una efectiva estrategia de seguridad y orden público que disminuyera la victimización de los civiles, frenara el avance de múltiples fenómenos delincuenciales y propendiera por la supremacía del Estado en todo el territorio. Al final, las evidencias de la fallida gestión son difícilmente controvertibles.