A su vez, el senador ponente del Partido Liberal, John Jairo Roldán Avendaño, señaló ante la plenaria que las modificaciones a esa adición presupuestal debían contar con el respaldo del gobierno, motivo por el que no se pudieron atender, reformas que llegaron posteriormente al primer debate. “Estos son recursos que se deben gastar al 31 de diciembre y el Senado deberá hacer ese control del gasto”, sostuvo Roldán Avendaño.

El senador y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, aseveró que “el Congreso debe ser veedor de la ejecución presupuestal, estamos del lado de la adición, pero la ejecución por parte del gobierno y las entidades es fundamental”.

Mientras tanto, la senadora de la Coalición Pacto Histórico y presidenta de la Comisión Tercera, Clara López Obregón, señaló que se abstuvo de firmar la ponencia de la adición en rechazo a que a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) se le recortó la adición de $ 300 millones previstos para fortalecer a UNGRD, (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), pero aclaró que sí votó el proyecto.

Desfinanciación

El senador Juan Felipe Lemos, ponente del proyecto, explicó que desafortunadamente habrá una desfinanciación en el sector de los servicios públicos.

“Tenemos una dificultad que no logra cubrirse en esta adición presupuestal y es el tema de subsidios de energía en zonas conectadas y no interconectadas, para estratos 1, 2 y 3. En vista de que no pudimos incorporar cerca de $ 500.000 millones que se requieren para garantizar los subsidios del último trimestre del año, se incorporó un artículo que va a permitir que las empresas de prestadoras de servicio puedan acceder a créditos blandos con Findeter hasta que el Gobierno Nacional tenga como suplir esos recursos”, sostuvo.

Por su parte, la senadora Clara López no firmó la ponencia de la iniciativa, argumentando que se le quitaron importantes recursos a la DIAN para combatir la evasión.

“Estaban previstos $ 300.000 millones para iniciar el proceso que podrían ejecutar y sencillamente se optó por pasarlos a la Unidad de Riesgo de Emergencias, cuando es prioritario invertir en combatir la evasión, porque eso produce un aumento del recaudo el año entrante”, argumentó.

Del mismo modo, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, afirmó que el proyecto tiene varios problemas y algunos sectores quedarán desfinanciados. “No hay la plata para la vivienda de interés social hasta diciembre de 2023 y no están asegurados los recursos para la UPC del 2023, que es el aseguramiento de la salud de los colombianos y los presupuestos máximos que se adeudan de años anteriores, nuestra salud está colapsando y están destruyendo el sistema”, indicó.

Trabajo conjunto

De acuerdo con ministro de Hacienda y Crédito Público (E), Diego Guevara, el monto total del presupuesto para este año es 4,2% superior al monto aprobado en la Ley 2276 de 2022 ($ 405,6 billones).

El ministro destacó que gracias al trabajo conjunto del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en el marco de un constructivo debate democrático, estos recursos se destinarán a la reactivación económica, en programas de gasto que es viable ejecutar durante el segundo semestre del presente año.

“Los recursos adicionales previstos son el resultado de la revisión de recursos ciertos para adicionar gastos ciertos”, dijo Guevara.

Sostuvo que “la caída del precio del Brent, la disminución de las importaciones y la desaceleración de la actividad económica explican la necesidad de hacer una adición responsable y orientada hacia la reactivación económica. En todo caso, de ocurrir un mayor recaudo tributario este formará parte del PGN 2024”.

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Señaló el funcionario que “la adición es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal. En un escenario de desaceleración del crecimiento del PIB, como el que prevén la mayoría de los analistas y el Banco de la República para 2023, es viable aumentar la inversión pública para contener la pérdida de dinamismo de la actividad productiva. Ello es coherente con la regla fiscal, norma diseñada para que la dinámica del gasto público sea contraria al ciclo económico”.

Con la adición aprobada, se calcula que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) cierre 2023 en 4,3% del PIB, 1% del PIB inferior al 5,3% del PIB de 2022, cifra coherente con la trayectoria de la regla fiscal.

“Esta reducción del déficit fiscal obedece al incremento de los ingresos tributarios y de capital, que compensaría el crecimiento del gasto dirigido a contener la desaceleración económica y avanzar por una senda de desarrollo inclusivo y sostenible, en línea con la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, indica Guevara.

El ajuste del cuadro fiscal

El escenario fiscal que sustenta la adición se construyó a partir de la revisión del escenario macroeconómico presentado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023. Este documento se publicó el 14 de junio pasado, y allí se proyecta que para 2023 la economía colombiana crezca 1,8%; la inflación anual baje a 9,2%; el precio del petróleo se ubique en un promedio anual de US$ 78,6 por barril, la producción petrolera sea de 769.000 barriles promedio diarios; y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos baje de 6,2% del PIB en 2022 a 4,0% del PIB.

De los $ 16,9 billones aprobados en la adición, $ 9,1 billones se presupuestan en inversión; $ 7,3 billones en funcionamiento y $ 500 millones en servicio de la deuda. De este modo, la inversión totaliza $ 83,2 billones, 5,2% del PIB, 19,5% más que lo presupuestado en 2022 ($ 69,7 billones).

Por razones legales de clasificación presupuestal, el rubro de transferencias corrientes de funcionamiento incluye partidas destinadas a la formación de capital físico y humano, las cuales, en la fase de ejecución presupuestal, ampliarán la inversión social en educación y salud y construcción de la paz, entre otras.

Asimismo, faculta al Gobierno Nacional para cofinanciar el déficit de los sistemas integrados de transporte público masivo y de los sistemas estratégicos de transporte público del país; de forma proporcional, dependiendo del número de primeras validaciones realizadas en 2019.