LOS INHIBIDORES de señal telefónica en las cárceles del país son obsoletos y no están operando, en muchos casos por orden judicial, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trabaja en medidas urgentes para enfrentar el flagelo de la extorsión desde los establecimientos de detención.

Como se sabe, la Procuraduría General de la Nación, ante el aumento de la extorsión, pidió al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al Inpec y al Gaula (militar y policial) reforzar el equipo técnico y humano para enfrentar con vigor este fenómeno, que arroja en lo corrido del presente año un total de 5.262 víctimas.

El director del instituto carcelario, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, reveló que los inhibidores son de la vieja tecnología 3G, mientras que muchos además están apagados por orden judicial. “En estos momentos no están operando en ninguna parte del país”.

“Los inhibidores de señal de teléfonos celulares fueron una solución efectiva en su momento, cuando se emplearon para evitar que desde el interior de las prisiones se delinquiera, especialmente, en materia de extorsión”, precisó.

Explicó que los equipos con los que cuenta el Inpec son de tecnología 3G y en este momento se trabaja con la 4G y 5G. “Reemplazar esos equipos obsoletos en este momento sería demasiado costoso, pero estamos trabajando en buscar prontas soluciones”, explicó.

Insistió en que los delincuentes descubrieron los puntos ciegos de los inhibidores y lograban sacar y recibir llamadas para ejecutar acciones criminales. “Por esta razón no son una solución óptima, pero se viene trabajando en la búsqueda de otros mecanismos que permitan evitar que desde el interior de las prisiones se delinca”, sostuvo.

Dijo que, además, “los vecinos ubicados en los alrededores de las cárceles se quejaban en forma permanente porque resultaban afectados por los bloqueos de señal en sus actividades cotidianas, laborales y de estudio, especialmente en Cómbita y en Ibagué”.

“El Inpec venía sufriendo una serie de demandas por parte de los vecinos afectados y siempre nos ganaron esos pleitos judiciales y en muchos casos los jueces de la República ordenaban apagarlos por la afectación a los ciudadanos. Reitero, hoy no están operando”, precisó Gutiérrez Rojas.

Recordó que en el pasado las autoridades fallaron acciones individuales y populares presentadas por ciudadanos contra los inhibidores porque consideraban que se violaban los derechos colectivos de un ciudadano o de una comunidad, debido a la implementación de la tecnología de bloqueadores de señales de celular en los alrededores de las cárceles.

Contra el delito

De otra parte, los servicios de inteligencia que luchan contra la extorsión señalaron a EL NUEVO SIGLO que algunos ciudadanos fueron instrumentalizados por las redes criminales, a fin de que exigieran en forma permanente que se apagaran los inhibidores de señal porque sufrían graves afectaciones a la salud y en su vida diaria, y además amenazaban con demandas multimillonarias.

Un agente de inteligencia explicó que “cuando el Inpec instalaba una antena inhibidora de señal en un pabellón de determinada cárcel, entonces era vandalizada por los mismos internos y cuando era instalada muy cerca de la prisión, entonces los delincuentes pagaban a ciudadanos para que las destruyeran. Los daños eran permanentes y en muchos casos no se podían reparar sino instalar una nueva a muy alto costo”.

Explican los agentes de inteligencia que por ley existen unas cabinas telefónicas en el interior de las cárceles para que los internos puedan comunicarse con sus familias y se cree que de pronto a través de este medio puedan ejecutar las llamadas extorsivas y amenazantes.

También dijo que se investiga cómo emplean los medios electrónicos para la extorsión.

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Estrategias

Por su parte, el coronel Gutiérrez Rojas afirma que “en materia de lucha contra la corrupción y contra la extorsión estamos generando unas estrategias importantísimas que van de la mano. Si no hubiese extorsión no habría corrupción, pero estamos comprometidos en que este fenómeno debe acabarse en algún momento con el concurso de todos los funcionarios y con la población carcelaria”.

Afirma que crearon una unidad especial que cuenta con un fiscal especializado en la lucha contra la corrupción asignado al Inpec. También disponen de funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía que “nos brindan soportes en términos de investigación y en temas de capacitación”.

“Con este equipo de trabajo se podrán adelantar procesos contra funcionarios que eventualmente atenten contra la transparencia y sean sorprendidos quebrantando la ley. Creo que a mediano y largo plazo se verán los logros en la lucha contra la corrupción, por supuesto, garantizando el debido proceso al que tienen derecho los funcionarios inmersos en las investigaciones. Pero, insisto, estamos avanzando en esos términos”.

Precisa que en cuanto a los casos de extorsión desde las cárceles “lo primero que hicimos fue una caracterización del delito y de sus autores y en estos momentos se investiga a entre 30 y 40 privados de la libertad que siguen delinquiendo desde las prisiones donde se encuentran”.

Insiste en que una vez sean plenamente identificados, serán aislados y trasladados a otros centros de reclusión. Incluso se analiza un proyecto para crear un pabellón exclusivamente para estas personas que reinciden en el delito desde la cárcel. Esta unidad contaría una especial vigilancia. “Además, seguiremos con las requisas permanentes para evitar estos hechos y analizando otras alternativas para enfrentar este flagelo”.

Las cifras

Actualmente se encuentran 173.367 personas privadas de la libertad en Colombia, entre ellas 63.912 en detención domiciliaria y 5.965 con vigilancia electrónica, al tiempo que se adelantan un plan anticorrupción y controles para evitar que se delinca desde las prisiones.

Gutiérrez Rojas afirmó que las exigentes medidas que viene implementando, en coordinación con la Fiscalía y la Policía, para reducir el delito desde las cárceles, les han generado una serie de amenazas de muerte.

Explicó que en establecimientos de reclusión de orden nacional se encuentran 100.183 personas privadas de la libertad, generando un hacinamiento por el orden del 23 %, mientras que en cárceles departamentales, municipales y distritales 2.907 ciudadanos, y en establecimientos de la Fuerza Pública otras 400 personas.

El oficial explica que debido a la situación que se vive en las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía y estaciones de Policía se registra un incremento en el hacinamiento.

Insiste en que el incremento de personas sindicadas de comisión de acciones criminales y que se encuentran con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva genera incrementos en el porcentaje de hacinamiento en todo el territorio nacional.

El director del Inpec señala que “mientras se van surtiendo las causas judiciales y algunas personas recobran la libertad, venimos trabajando en los procesos de humanización y dignificación con los privados de la libertad con apoyo del alto gobierno y los planes de resocialización que cada día ganan más adeptos y ya se cuenta con más del 75 % de reclusos laborando”.

Reveló que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (Mappoea), el Comité Internacional de la Cruz ROJA (CICR) y otras entidades apoyan el sistema carcelario con capacitación, mientras que un 30 % de los funcionarios del Inpec se prepararon en Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), entre otros procesos para fortalecer la resocialización de las personas privadas de la libertad”.