EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de seguridad en el país en este momento?

PABLO ROMERO: La situación en el país es de deterioro general, y creo que no hay una zona del país en este momento que no lo sienta así. Hemos visto que se ha presentado un fortalecimiento de prácticamente todas las organizaciones criminales en materia notable.

Hemos visto una consolidación de estas organizaciones criminales, ha habido crecimiento de sus estructuras en varias de ellas, crecimiento en su número de frentes, de agresión, de sus armas.

Hemos visto cómo han incrementado el control de los territorios, de la población, cómo han consolidado sus economías ilícitas a los tradicionales de narcotráfico y minería ilegal, ahora han incrementado de manera notable las extorsiones y los impuestos que ellos llaman ‘impuestos revolucionarios’ a finqueros y productores.

Hemos podido detectar que algunos de estos cobros se han estado haciendo con bases de datos que son de carácter oficial, controlando la población y los pagos. Hemos visto cómo estas organizaciones criminales han desarrollado en regiones críticas una gobernanza criminal abierta, cumplen funciones policivas, de jueces, cumplen funciones de árbitros, otorgan permisos para entrada y salida del territorio, carnetizan y cedulan a la gente, etcétera.

Hemos visto incluso cómo estas organizaciones criminales hacen imposiciones a las autoridades legítimas, a alcaldes, por ejemplo, les determinan por vía de la fuerza de los fusiles qué obras deben hacer e incluso hemos podido detectar que estas organizaciones criminales estarían haciéndole imposiciones desde hace tiempo ya a algunos alcaldes o zonas críticas, para que tramiten recursos de presupuesto para la misma organización criminal.

Y aparte de eso, como si lo anterior fuera poco, han estado progresando de manera tan importante que ese mismo desarrollo ha generado una ambición en las organizaciones que las ha llevado a una guerra entre ellas mismas, por expansiones, por territorios. Eso ha terminado en asesinatos masivos, en crisis humanitarias y en desplazamientos en unas escalas que no veíamos desde la década de los 90.

ENS: En regiones como el Cauca, Putumayo y Catatumbo, la presencia de grupos armados ilegales ha aumentado significativamente. ¿A qué atribuye esta expansión y cuál es el impacto sobre la población civil y las Fuerzas Armadas?

PB: Ese crecimiento es fundamentalmente resultado del abuso que se le ha permitido a las negociaciones en el marco de la política de ‘Paz Total’ y del abuso que se le ha permitido a estas organizaciones, de los ceses al fuego que se han determinado en relación con la Fuerza Pública.

Naturalmente los han aprovechado para consolidarse, algo que muchos advertimos con base en experiencias pasadas. También al crecimiento económico que se ha dado a raíz de esa situación que han aprovechado en narcotráfico, en minería ilegal, en extorsiones, en expropiaciones.

El impacto sobre estas poblaciones se traduce en un control de la población por parte de estas organizaciones criminales. Es un impacto muy duro en términos de derechos humanos y de derechos fundamentales de los pobladores.

La multiplicación de estructuras ha sido tal que la Fuerza Armadas se han visto desbordadas por una parte ante las órdenes políticas del Gobierno de cese al fuego, pero también por la disminución de las tropas, por la disminución de medios, por las limitaciones presupuestales que se han estado discutiendo tanto en estos días, a raíz de la disminución del presupuesto de la Fuerza pública en 785.000 millones de pesos.

También por la instrumentalización de civiles para estorbar las operaciones de la Fuerza Pública que ha permitido el Gobierno nacional, sobre lo cual no se ha tomado ninguna medida y es un hecho que se ha vuelto recurrente. Vemos que las organizaciones criminales parecen ir más rápido que el Gobierno y ya están exhibiendo nuevas amenazas de una letalidad que puede llegar a ser muy importante.

ENS: Delitos como la extorsión y el homicidio han tenido un repunte preocupante. ¿Cuáles son los factores que han facilitado este aumento?

PB: Son consecuencia directa del fortalecimiento notable de las organizaciones criminales que hace que se sientan envalentonadas para ampliar de manera importante el control y la coacción sobre la población.

Y, por otra parte, para empeorar esta situación, las desatadas guerras entre estas organizaciones criminales que se están presentando en varias zonas del país como Catatumbo, Arauca, Guaviare, Caquetá, Cauca, Nariño y el sur de Tolima.

ENS: Desde ACORE, ¿cómo evalúan la respuesta de las Fuerzas Militares y la Policía frente a esta crisis de seguridad?, ¿considera que tienen el respaldo suficiente para actuar con eficacia?

PB: Sí, lamentablemente para el país la respuesta de las Fuerzas Armadas se ve limitada por las disposiciones del Gobierno en el marco de las negociaciones y se ve condicionada también por las limitaciones en medios, por las limitaciones presupuestales y por las limitaciones en información de inteligencia como consecuencia del debilitamiento del aparato de inteligencia militar, que también es otra cuestión muy importante en esta materia.

ENS: ¿Cómo percibe la relación entre el gobierno actual y las Fuerzas Armadas? ¿Ha habido cambios en el liderazgo o en la moral de los uniformados desde el inicio de este mandato?

PB: Era esperable lo que es por todos conocidos. El presidente de la República y el ministro de Defensa, por razones ideológicas, por sus posiciones y por antecedentes, son malquerientes de la Fuerza Pública. A pesar de eso, el mando militar y el mando policial ha sido siempre respetuoso del comandante en jefe, del ministro de Defensa y de la subordinación del poder militar al poder civil.

Sin embargo, la reducción del gasto en defensa y seguridad es una política del Gobierno, a la que incluso el presidente y el ministro de Defensa le conceden una importancia marcada y esa es una falencia que se ve acentuada en estos momentos por la preocupante situación fiscal del país.

Es claro que el Gobierno prioriza, con relación a las organizaciones criminales, las negociaciones al esfuerzo militar. Y aparte de eso, el manejo de la política exterior está teniendo un impacto negativo en las fuerzas militares o en las Fuerzas Armadas.

Entonces, naturalmente, en ese tipo de relacionamiento entre el Gobierno y el mando militar, a pesar de que se mantiene el respeto de acuerdo con las normas y disposiciones, sí ha habido un debilitamiento de la Fuerza Pública y efectivamente esta situación termina afectando de manera muy importante la moral de combate de las Fuerzas Armadas.

ENS: ¿Qué medidas urgentes considera necesarias para recuperar el control en las regiones más afectadas por la violencia?

PB: Es urgente e imperativo restaurar las capacidades de la Fuerza Pública, suministrarle el presupuesto de funcionamiento que requieran para incrementar el accionar contra las organizaciones criminales en estas regiones.

El Gobierno no debe priorizar una cosa sobre otra, sino combinar las negociaciones con el esfuerzo armado. El Estado colombiano debe imponer el monopolio de las armas, debe desmontar ese control poblacional y territorial que han establecido y fortalecido las organizaciones criminales de manera urgente, y deben reestructurar la política de paz total.

Hay que afinar los criterios de negociación, establecer claras líneas rojas, es necesario retomar el exitoso criterio de la negociación pasada de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Porque el criterio actual de que todo lo que se va acordando, se va implementando ha mostrado que permite que las organizaciones criminales le saquen ventaja al Estado colombiano.