Tras tres décadas después de ser expedida la Constitución, hay varios aspectos que siguen pendientes de regular por parte del Congreso de la República, y uno de estos es el cabildeo o lobby. Durante todo este tiempo se han presentado 16 iniciativas de ley, que invariablemente se han hundido en su trámite. Ahora insisten en radicar una con este propósito, tras ser archivada en la pasada legislatura.
El artículo 144 de la Carta Política establece que “las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones Permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento. El ejercicio del cabildeo será reglamentado mediante ley.”
El cabildeo se refiere a la posibilidad que tiene una persona o un grupo para incidir en las decisiones del sector público para que estén a su favor o conveniencia, básicamente que beneficien la actividad económica que desarrolla.
Es una actividad legal y como tal es permitida en la mayoría de países, sin embargo es importante que se realice a la luz pública, sobre la mesa, y con unas reglas claras para evitar que se preste a irregularidades, como es que los lobistas entreguen dádivas a los servidores públicos que tomen decisiones que de alguna manera los puedan afectar. En ello hacen hincapié quienes dan la batalla contra la corrupción.
En el caso del Congreso, la práctica del lobby es recurrente por parte de fuertes sectores económicos frente a proyectos que puedan incidir en el desarrollo de su actividad productiva o que afecten sus ganancias. Como fue el caso en la recientemente aprobada ley contra la llamada comida chatarra, que obliga a los productores a poner en los empaques información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente, sobre los comestibles y las bebidas que se ofrecen, especialmente para niños y adolescentes, con el objetivo de prevenir la aparición de enfermedades no transmisibles relacionadas con los hábitos alimentarios inadecuados.
Igualmente, hace unos años las empresas del sector hicieron un fuerte lobby en el Legislativo contra el proyecto de ley antitabaco, que impulsó la entonces senadora Dilian Francisca Toro, el cual fue finalmente aprobado por el Congreso, y que, entre otras, obliga a que en las cajetillas pongan mensajes de advertencia sobre los efectos del cigarrillo en la salud, así como la obligatoriedad de tener espacios libres de humo.
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El proyecto
La iniciativa en cuestión fue radicada la semana pasada por los parlamentarios del Partido de la U, los senadores Andrés García Zuccardi y Miguel Amín, así como los representantes a la Cámara Jorge Eliécer Tamayo y Óscar Tulio Lizcano.
El proyecto regula el ejercicio del cabildeo para asegurar el acceso a la información de forma pública y la transparencia en las actuaciones del Estado y crea el Registro Obligatorio de Actividades de Cabildeo (ROC).
El ROC, según establece la iniciativa de ley, es una herramienta de acceso digital y pública en la que se deben inscribir oficialmente el cabildero independiente y las firmas de cabildeo a fin de poder desarrollar legalmente su gestión. La información debe poder ser consultada en línea, a través de un único sitio web y de forma gratuita, administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Indica también que en el registro se deberá consignar semestralmente un informe sobre las actividades de cabildeo que se hayan realizado. Se asignará un identificador único a cada cabildero.
La página web del ROC deberá contar con el espacio para que cualquier persona pueda comunicar los incumplimientos a la ley, ya sea en forma manifiesta, confidencial o anónima.
Igualmente el texto contempla los derechos que tiene el cabildero así como las autoridades frente a esta actividad.
Los cabilderos registrados tendrán derecho a participar en decisiones públicas relacionadas con sus intereses manifestados mediante la inscripción en el ROC. Este derecho debería aplicarse en particular a asuntos legislativos y de elaboración de políticas públicas.
Para las autoridades el proyecto contempla varios derechos, entre estos decidir si aceptan o no ser contactadas por los cabilderos.
Asimismo, en la propuesta de ley se fijan prohibiciones frente al desarrollo de esta actividad, como adelantarse por el cabildero ante entidades de las que era funcionario o contratista en el año inmediatamente anterior; también defender o representar simultáneamente intereses opuestos o contradictorios, aunque se haga ante autoridades o instancias distintas.
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También se prohíbe la participación directa de los miembros del Congreso en actividades de cabildeo.
No podrán ejercer la profesión de cabildeo aquellos que se encuentren condenados judicialmente por comisión de delitos dolosos de acción pública, a pena privativa de libertad o a inhabilitación profesional, hasta el cumplimiento de la pena.
De igual forma el cabildero que incurra en las prohibiciones establecidas en dicho proyecto estarán sujetos a investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y quedarán inhabilitados por el término de dos años para ejercer actividades de lobby. Adicionalmente, incurrirá en multa de 10 a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En cuanto a las personas que ejerzan cargos públicos y que permitan o avalen las conductas establecidas en las prohibiciones deberán ser sujetos de investigación por la Procuraduría General de la Nación.
Por qué no se ha regulado
El director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández Montes, indicó a EL NUEVO SIGLO que el cabildeo no se ha reglamentado en Colombia en tanto tiempo pues “el fondo de esto tiene que ver con que quien tiene que aprobar esta regulación es quien, al mismo tiempo, se beneficia de esta actividad de lobby, me refiero específicamente a las actividades del lobby en el Congreso”.
Agregó que hay muchos grupos de interés “que están a favor no tanto de regular sino más bien mantener desregulada la actividad, de tal manera que se pueda seguir haciendo como se está haciendo ahora, y eso entonces hace que avanzar en sacar un marco normativo sobre este tema sea más difícil”.