Tras el fallo de la tutela interpuesta por el abogado Nicolás Calderón Grisales de la Asociación de Ateos de Bogotá donde se detenía la compra de 720 biblias para la Capellanía General, la institución informó que impugnará el fallo. 

La Policía aseguró que  "el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos”,  y que la dirección Administrativa y financiera de la Policía Nacional "reconoce que Colombia es un Estado laico y pluralista, fundado en la libertad religiosa y la igualdad".

Del mismo modo la institución informó que las biblias iban a ser distribuidas en 64 capillas en los 32 departamos del país, también añadió que “Es precisamente frente a las condiciones de convivencia en paz, donde existe a intervención de las entidades religiosas en los escenarios de perdón y reconciliación, garantizando el ejercicio de la participación, la concertación y cooperación ciudadana de todas las personas… sin que pueda desconocer el compromiso social, que han adelantado algunas entidades religiosas y sus organizaciones, a través de diversos mecanismos e instancias, de manera continua, sin que se pueda desconocer el compromiso social, que han adelantado algunas religiones en la consolidación de la paz, el perdón y la reconciliación en Colombia en medio del conflicto armado”, dijo la Policía.

El costo de  estas biblias es alrededor de 36 millones de pesos y el proceso de compra se iba a adelantar bajo a modalidad de mínima cuantía a través de la página de compras del Estado.

Dentro de los motivos expuestos por el tutelante Nicolás Calderón, esta la protección de su derecho a la libertad de culto y el libre desarrollo de la personalidad, argumentando que la biblia es un libro de la religión cristiana "por lo que su compra por parte del estado implica una violación al deber de neutralidad ante todas las religiones, por lo tanto, genera una violación directa al articulo 19 de la Constitución". Y añadió que la Policía Nacional lo esta discriminando en el proceso de contratación "pues es ateo y se están utilizando los recursos públicos para la compra de libros religiosos".

Cabe resaltar que el juzgado 15 laboral de Bogotá falló a favor del tutelante y consideró que el Estado colombiano es un estado laico que debe proteger en igualdad de condiciones todas las religiones que se profesan en el país, sin tomar partido a favor de una de ellas y mucho menos invertir recursos para la promoción de las creencias o símbolos de alguna de ellas.