Avanza la audiencia de solicitud de caducidad del contrato que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) le adjudicó a la Unión Temporal Centros Poblados por $70 mil millones.

Los contratistas pidieron calidad de víctima en la investigación que lleva la Procuraduría General de la Nación. 

En un documento conocido por varios medios de comunicación el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque Torres, presenta varios hechos ante el Ministerio Público que podrían "conducir a presuntas responsabilidades disciplinarias" en la ejecución del convenio. 

Además, en declaraciones a Blu Radio, Duque advirtió que si el Ministerio de las TIC les confirma la caducidad, acudirán a demandar al Gobierno. 

"Está previsto en el contrato que, frente a la inexistencia de la garantía. se requiera al contratista y, si no entrega la garantía en 30 días, el contrato se termina. Eso no quiere decir que si se cometió un delito no haya sanciones. Esa sería una de las salidas", aseguró en esa emisora. 

• Noticia relacionada: Mintic, a explicar en Congreso contrato de $70 mil millones

Cabe mencionar que al inicio de la diligencia, el abogado Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal, pidió aplazar la audiencia para el 3 y 4 de septiembre argumentando que él había presentado una incapacidad médica para la primera citación. 

Sin embargo, Adriana Vivas Robles, asesora del Ministerio y delegada para el trámite de la caducidad, presentó un pliego de argumentos para rechazar la solicitud de aplazamiento argumentando que "estamos frente a un proceso sancionatorio en el cual están involucrados recursos públicos".

Es de recordar que el contrato, por un total de $1.1 billones, de los cuales se habían adelantado $70 mil millones, fue firmado por el Ministerio con el fin de instalar 7 mil puntos digitales en las zonas rurales más apartadas del país. 

Mediante denuncias periodísticas se reveló que las empresas que hacían parte de la Unión Temporal Centros Poblados no contaban con la experiencia ni la capacidad técnica y financiera para poderlo ejecutar.

El Ministerio inició, entonces, un proceso sancionatorio de incumplimiento y en la primera audiencia se dio a conocer que la UT Centros Poblados había presentado una garantía bancaria falsa del Banco Itaú.

Las investigaciones revelaron que las garantías presentadas en diciembre del año pasado que respaldaban los ítems de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo y el Pago de Salarios y Prestaciones Sociales respectivamente, también son falsas. Estas pólizas tienen un valor total de $145.866 millones.