La Sociedad de Activos Especiales (SAE) es la entidad encargada de administrar y comercializar los activos de la Nación, pero además desde el 2014 maneja los bienes incautados al narcotráfico. Ahora el nuevo gobierno ha dicho que esta dependencia le pertenece al pueblo y va a cambiar.
Durante la entrega al municipio de Villavicencio de un terreno de la SAE, de 12 mil metros cuadrados, el cual será loteado en 80 predios de 6x12 metros, el presidente Gustavo Petro manifestó: “Esta es nuestra no tan simbólica acción en función de que la SAE le pertenece al pueblo, dado que recogió los bienes de la mafia, pues qué mejor que esos bienes terminen en manos de la población”.
En la entrega de este predio, el mandatario enfatizó: “La SAE va a cambiar”, y explicó que esta dependencia del Estado es “el lugar institucional donde llegan los bienes de la mafia, o probablemente de la mafia, a través de los procesos de extinción del dominio. Hay bienes que cumplen ya la extinción, son extinguidos, dejan de ser de la mafia y pasan a ser del Estado, y hay bienes que están en procesos jurídicos terribles, con abogados de un lado, del otro, duran años en decidir si ese bien pasa al Estado o no”.
Función social
Al indicar que la entrega del predio en Villavicencio es el ejemplo concreto de lo que se va a hacer, el Presidente dijo: “Son billones de pesos los que están allí guardados en todo tipo de bienes: apartamentos de lujo, casas de lujo, tierras, dinero, joyas, esmeraldas, oro, arte. Todo eso puede tener una función social”.
“Todo, porque si es un apartamento, pues ahí se pueden instalar oficinas de una fundación de cualquier materia que quiera atender a la población”, aseguró, y comentó que, “En general, han existido enormes procesos de corrupción dentro de la SAE, la misma mafia ha querido devolverse sus bienes y ha utilizado el Estado para ello y, entonces, a través de los arriendos, quedan en manos de ellos mismos, como si no hubiera pasado nada; la clase política ha echado mano allí para quedarse con tal cual bien, con sus amigos”, agregó el mandatario.
Para el presidente Petro, el Estado, históricamente, no ha tenido una política para definir el destino de los bienes de la mafia que son obtenidos a través de la SAE.
Por ello destacó que su Gobierno enfocará una política para esta economía, bajo el concepto de que son recursos del Estado que deben tener iniciativa privada.
“Todos los bienes de tipo agrario deben ponerse a producir y deben ser entregados al campesinado, así sea en forma de arriendo, si es que jurídicamente no podemos hacerlo de otra manera; arriendos baratos que permitan que una familia campesina en esas tierras pueda obtener rentabilidad de los cultivos”, dijo el Presidente.
Según el Jefe de Estado, si se trata de lotes en las áreas urbanas, como vivienda o hábitat popular, “allí puede aparecer una especie de economía social”.
“El Estado puede entregar eso, o a título de comodatos o de arriendos, de figuras jurídicas, a asociaciones de productores campesinos, de productores de alimentos, de jóvenes que quieran poner cooperativas para innovar, para hacer audiovisuales, para hacer empresas al estilo de la juventud de hoy, para asociaciones de mujeres, sobre los cuales puedan tener espacios donde fortalecerse”, agregó.
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Debate en el Senado
Incluso durante un debate en el Senado también se contempló otra posibilidad con respecto a lo que podría hacer la SAE con los bienes decomisados a las mafias del narcotráfico y otros actores delincuenciales. Durante la intervención del congresista de La U, Antonio José Correa, se comenzó a puntualizar los hallazgos de la Contraloría (ver recuadro) en torno a una presunta ‘cartelización’ en la adjudicación de propiedades incautadas, el hecho de que una sola persona tenga bajo su custodia miles de bienes así como irregularidades en las bases de datos sobre el número y montos de valor de las mismas.
En medio de su intervención, lo interrumpió el presidente del Senado, Roy Barreras, quien le indicó que lo que estaba denunciando era supremamente grave y no se podía quedar en tan solo una proposición, sino que debía citar un debate de alto espectro.
Luego, Barreras indicó que se había reunido con la Fiscalía y que allí le indicaron que solo en los últimos dos años se habían incautado bienes muebles e inmuebles por más de $22 billones. El presidente del Senado señaló que la tasa de devolución de bienes incautados estaba en promedio del 25%, lo que significa que la Nación podría estar disponiendo de alrededor de $15 billones (de los $22 billones) y para el resto podría hacer un fondo cuenta en caso tal de que tocara devolver el valor de los bienes incautados y compensar a sus propietarios.
Esto para el presidente del Senado se puede convertir en una nueva fuente de financiación de la reforma tributaria distinta a las contempladas por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
Nuevo director
Estas nuevas propuestas serán las que recaerán en el economista bogotano Daniel Rojas Medellín, el nuevo director de la SAE nombrado por el Jefe de Estado la semana pasada.
Rojas fue el coordinador programático del Pacto Histórico durante la campaña y posteriormente se desempeñó como coordinador del equipo de empalme entre el gobierno Petro y el saliente gobierno del expresidente Iván Duque.
Cuestionamientos de la Contraloría
La Contraloría General de la República cuestionó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por los manejos de los recursos del inventario de bienes y activos entregados por las Farc, motivo por el cual determinó un hallazgo administrativo en una auditoría financiera.
Para el organismo de control, se evidencia una gestión ineficaz por parte de la SAE, teniendo en cuenta que, del billón de pesos relacionados en las actas de entrega por parte de la Farc, únicamente se constituyó un Patrimonio Autónomo en la vigencia 2021 por $43.000 millones que corresponde a: efectivo y caletas ($2.114.350.000), dólares ($1.442.622.675), oro ($39.025.813.861), semovientes ($158.778.650), muebles y enseres ($500.000) y medios de transporte ($24.500.000).
El ente de control indicó que la SAE no reflejó, en el balance general en las Cuentas de Orden, la totalidad del valor del inventario entregado por la Farc-EP. Por consiguiente, no ha registrado en sus Estados Financieros la totalidad de los bienes que ha entregado a otras entidades del Estado (Agencia Nacional de Tierras, Parques Nacionales y otros), lo que genera una inconsistencia por $957 mil millones debido a que a pesar de haber efectuado gestión, esta no ha sido efectiva, respecto de los inventarios recibidos mediante acta y que a la fecha no se han materializado la totalidad de los recursos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 903 de mayo 29 de 2017 y el Decreto 1407 de agosto 24 de 2017”.