Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 22 predios rurales, 13 urbanos, 1 sociedad y 12 establecimientos de comercio.
El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), apoyados por el Ejército Nacional, permitieron ocupar los activos ubicados en los municipios de Villapinzón, Chocontá, Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga (Santander) y en Bogotá. El valor supera los 8.630 millones de pesos.
Labores de policía judicial evidenciaron que los activos afectados pertenecen a 32 personas que, de manera independiente, se dedicaban al procesamiento de pieles para elaborar distintos productos que luego serían comercializados.
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La investigación determinó que los dueños de los predios, quienes ya fueron judicializados, no cumplieron las normas ambientales generando vertimientos de químicos que contaminaron el río Bogotá.
Estos activos serán entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.