Acusadas de boicotear el plan que contra la crisis económica puso en marcha el presidente Nicolás Maduro hace diez días, las autoridades de Venezuela han detenido 131 personas, entre ellos a “varios gerentes de grandes cadenas comerciales”.

Así lo informó el fiscal general, Tarek William Saab, quien dijo que las detenciones se han realizado desde el pasado 21 de agosto,  cuando entraron en vigor las medidas, y que obedecieron a señalamientos de “reventa, especulación, acaparamiento, boicot y desestabilización de la economía".

Del total de detenidos, 92 continúan presos, mientras 29 quedaron en libertad condicional y 10 sin cargos.   

Los gerentes aprehendidos "estaban especulando y acaparando productos de la cesta básica", cuyo precio fijó el gobierno, aseguró Saab, indicando que 68 fiscales fueron desplegados para castigar esas prácticas.

Maduro lanzó una serie de medidas para resolver la grave crisis, reflejada en cuatro años de recesión, escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el FMI proyecta en 1.000.000% para 2018.

Una de las políticas fijó los precios de 25 productos básicos, varios de los cuales, como la carne de res, el pollo y los huevos, desaparecieron de los supermercados. También se regulará el costo de los productos de higiene personal y limpieza.

Aunque el gobierno socialista defiende que las tarifas fueron acordadas con empresarios y toman en cuenta los costos de producción, la gremial Consecomercio asegura que solo fueron consultadas 35 compañías que no representan a todo el sector.

Al desabastecimiento -manifiesto en el pasado tras otras imposiciones de precios- se suma el cierre de cientos de locales.

"Algunos comerciantes y empresarios tomaron la decisión de cerrar, otros están a la expectativa de las reglas de juego que nos van a regir en adelante", dijo a la AFP la presidenta de Consecomercio, María Uzcátegui.

Maduro también ordenó un aumento de 3.400% del salario mínimo, lo que según analistas podría generar la quiebra de empresas en un país donde el sector productivo funciona al 30% de su capacidad por falta de divisas para importar insumos. El incremento comenzará a regir el próximo sábado, y el gobierno se ha dicho dispuesto a asumir el pago de las nóminas de pequeñas y medianas empresas durante 90 días.

Dos apagones en 24 horas

Entre tanto se informó que un apagón afectó un vasto sector del este, centro y oeste de Caracas y sus alrededores, el segundo en menos de 24 horas, que cortó el funcionamiento de servicios como el metro.

La interrupción, que se alargó unos 40 minutos, se extendió a localidades vecinas como La Guaira, donde está ubicado el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde viven seis millones de personas.

El miércoles otro apagón afectó durante una hora zonas del este y el centro de la ciudad, y poblaciones de los estados costeros de Miranda y Vargas (norte).

La falla generó caos en la principal avenida del este, donde cientos de personas tuvieron que caminar por el cierre del metro y la falta de autobuses, cuya flota está paralizada en un 90% por la escasez de repuestos, según el gremio transportista. 

El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, dijo que el apagón del miércoles se debió a un "sabotaje", con el corte de un cable en la subestación de Santa Teresa (Miranda), pese a estar militarizada. 

Finalmente se informó que el  senador estadounidense Marco Rubio evocó la opción militar en Venezuela al decir que "las circunstancias han cambiado" y que actualmente existen argumentos para considerar que el gobierno de Nicolás Maduro amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos y de la región.

"Creo que hay un argumento muy fuerte que se puede hacer en este momento de que Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza a la región e incluso a Estados Unidos", manifestó.