El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, presentará la semana entrante al Congreso el proyecto de ley de Promoción de Acceso a la Justicia Local y Rural. La iniciativa tiene origen en la consulta ciudadana “Voz por la Justicia” promovida por una alianza de organizaciones sociales, la academia, la Rama Judicial y el Ministerio Público. Los líderes sociales, las universidades, el sector privado, la comunidad jurídica y los servidores públicos, en mesas y talleres regionales en todo el país, manifestaron sus percepciones sobre la administración de justicia y formularon variadas propuestas de transformación del sector que alimentaron el proyecto de ley.

La ciudadanía demanda una justicia simple, directa y oportuna, en condiciones de igualdad para todos. Una justicia fundada en la dignidad humana y en la ética pública que la garantiza. La gente quiere conocer sus derechos, las acciones que los protegen, cómo funcionan las instituciones de gobierno y de justicia, a fin de poder participar en la formulación de la política pública de garantía de derechos y resolución de conflictos, desde sus saberes y realidades locales.

El proyecto de ley busca responder a estas expectativas proponiendo la construcción de la justicia a partir de las necesidades jurídicas insatisfechas en cada región. La institucionalidad debe adaptarse a la diversidad cultural, geográfica, social y económica del país, construyendo sobre las potencialidades y aprendizajes presentes en cada departamento y municipio. Bajo este enfoque territorial, el proyecto promueve el fortalecimiento y la coordinación de las diversas justicias presentes en el territorio: la judicial, la dispensada por autoridades administrativas, la justicia propia indígena y afrocolombiana y la justicia comunitaria.

El proceso

Experiencias exitosas de modelos de justicia local y escenarios de discusión y construcción territorial se han recogido en el proyecto: Los comités locales de justicia fomentados por el Ministerio de Justicia en las regiones en conflicto, con el apoyo de la cooperación internacional, el Comité Departamental de Justicia de Nariño, las Comisiones Interjurisdiccionales  entre los Pueblos Indígenas y los Consejos Seccionales de la Judicatura, las iniciativas de justicia propia afrocolombiana en Cauca, Chocó, Nariño, Urabá, Córdoba y Putumayo, la experiencia de las Casas de Justicia y centros de convivencia, la conciliación en equidad en Santander y Arauca, y las inspecciones rurales del Sur de Córdoba y de Putumayo, entre otras.

A través del diálogo social que promueve la cultura del encuentro entre Estado y Sociedad, el proyecto establece escenarios de definición de la política pública de la justicia a nivel nacional, departamental y municipal. Así se abre el espacio a la participación ciudadana con una justicia abierta a la sociedad que mediante el consenso permita generar los estándares de desempeño necesarios para dar la respuesta institucional efectiva a los conflictos sociales, tanto en su prevención como en su resolución.

Con el apoyo de la ciencia y la tecnología, y el trabajo interdisciplinario apoyado por las universidades la gestión de conocimiento en la justicia alimentará las decisiones de estas comisiones y comités nacionales y territoriales propuestos, y se facilitará el desarrollo de proyectos de modernización en infraestructura física y tecnológica, especialmente para la ruralidad.

Bases

Para implementar la justicia local y rural el proyecto establece tres políticas: la construcción de ciudadanía y el fomento a la cultura de la legalidad, con ciudadanos que conozcan y sepan ejercer sus derechos y sean veedores de la administración de justicia; la desconcentración de la rama judicial, que permita la operación eficiente de la justicia desde cada distrito judicial; y el fortalecimiento de las entidades territoriales como mayores receptoras de los conflictos locales, a través de la profesionalización de la tecnocracia local, el fomento a proyectos de justicia en los planes de desarrollo departamentales, municipales, en los Contratos Plan y la constitución de núcleos rurales que den permanencia a la justicia en los centros poblados y la ruralidad dispersa.

La reforma a la justicia de origen ciudadano promueve una visión distinta a las propuestas recurrentes fundadas en la repartición del poder entre las altas cortes: la construcción de la justicia desde lo local y rural con participación ciudadana, que restablezca la confianza y la legitimidad de esta institución social. No requiere de una reforma constitucional ni de una ley estatutaria de la justicia ya que no modifica la estructura de la administración de justicia.

Es una reforma sencilla e integral que persigue hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y la garantía de los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales y ambientales, bajo el marco constitucional. Promueve la justicia dialógica entre todos los actores sociales e institucionales como medio para generar la política pública que de respuesta a los conflictos sociales de manera diferencial en el ámbito territorial. Fortalece a las instituciones de justicia, con el apoyo de la ciencia y la tecnología. En síntesis, la reforma salda la deuda democrática de la justicia con la gente.

El proyecto de ley de origen ciudadano sin duda se fortalecerá en el debate democrático del trámite legislativo con los aportes de las diversas bancadas y del gobierno nacional. Esperamos que este primer proyecto de acceso a la justicia que acompañan organizaciones sociales, comunitarias y académicas de todo el país responda a las expectativas de quienes a diario buscan el reconocimiento y garantía de sus derechos y de aquellos servidores públicos y abogados que con ética y profesionalismo son ejemplo para la sociedad.

*Cesar Augusto Solanilla es Procurador Judicial

Texto alianza Conexión Ética, entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General de la Nación