Tras una reunión en Bruselas, la Unión Europea anunció sanciones a dirigentes bielorrusos implicados en el presunto fraude electoral y la violencia policial, en un momento en que se multiplican las denuncias de torturas a manifestantes detenidos.

Varios miles de opositores se concentraron delante de la sede del gobierno en Minsk, bloqueando la circulación e hicieron proclamas de "Svetlana presidenta", ante una presencia policial poco importante.

La opositora Svetlana Tijanóvskaya, que se refugió en Lituania a principios de la semana, se manifestó por primera vez desde el martes para llamar a través de un video a manifestaciones "pacíficas" en todo el país.

"Pido a todos los alcaldes organizar el 15 y 16 de agosto manifestaciones pacíficas en cada ciudad", dijo esta mujer de 37 años novata en política y cuya candidatura provocó una ola de fervor en esta exrepública soviética.

Tjanóvskaya consideró la situación "crítica" y exhortó "al poder a cesar esto y a pasar al diálogo". "Los bielorrusos nunca más querrán vivir bajo (este) poder", insistió.

También anunció más tarde con un comunicado la creación de un comité para organizar un traspaso de poder y pedir a la comunidad internacional que "facilite el diálogo" con las autoridades.

Lukashenko, en el poder desde hace 26 años, pidió "cierta contención" a las fuerzas de seguridad.

Durante una reunión de su gobierno, el presidente acusó a Polonia, Holanda y Ucrania de estar detrás de las manifestaciones, así como el opositor ruso Alexei Navalny y el oligarca exiliado Mijaíl Jodorkovski.

Cientos de obreros de fábricas de tractores y automóviles de Minsk abandonaron sus puestos de trabajo ayer, para denunciar la brutal represión de las manifestaciones contra la cuestionada reelección de Lukashenko.

Los trabajadores se reunieron en los patios de las fábricas MTZ (tractores) y MAZ (vehículos), lugares emblemáticos del modelo económico impulsado por Lukashenko, y empezaron a manifestarse hacia el centro de la capital.

Enfrentadas desde el jueves a miles de personas vestidas de blanco y con flores en sus manos que forman cadenas humanas, las autoridades bielorrusas dieron señales de retroceso.

Las protestas contra la victoria de Lukashenko, oficialmente con el 80% de los votos y juzgada fraudulenta por los manifestantes, fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad, con un saldo de dos muertos, decenas de heridos y al menos 6.700 detenidos.

Un centenar de policías han sido heridos, de los cuales 28 están hospitalizados, mientras que unos 150 manifestantes heridos durante las protestas se encontraban en centros de salud, según el Ministerio de Sanidad bielorruso.

Desde el jueves, las autoridades anunciaron que habían liberado a más de 2.000 manifestantes.

Privados de agua, alimentos y sueño durante su encarcelamiento, torturados con electricidad y quemados con cigarrillos, los manifestantes estuvieron encerrados por decenas en celdas destinadas a cuatro o seis personas, según el testimonio de varios de ellos.

"Me golpearon muy fuerte en la cabeza..., mi espalda está llena de moretones por golpes de porras", declaró Maxim Dovjenko, de 25 años, quien aseguró que ni siquiera había participado de las manifestaciones pero que se encontraba en el lugar de los hechos en el momento de la represión policial.

Sanciones europeas

Esta semana, Estados Unidos y la Unión Europea denunciaron que las elecciones fueron fraudulentas y condenaron la represión, por lo que la UE anunció una serie de sanciones contra dirigentes bielorrusos.

El gobierno polaco también pidió la convocatoria de unas nuevas elecciones.

El ministro bielorruso de Relaciones Exteriores, Vladimir Makei, aseguró que su país estaba dispuesto a "un diálogo constructivo y objetivo con sus socios extranjeros sobre todas las cuestiones vinculadas con el desarrollo de los acontecimientos en Bielorrusia".

Rusia, por su parte, denunció el jueves "intentos desde el extranjero para "dividir la sociedad y desestabilizar" en su vecino.

Moscú también anunció el retorno a territorio ruso de 32 "combatientes" rusos detenidos a finales de julio en Bielorrusia, acusados de ser mercenarios que pretendían desestabilizar el país antes de los comicios presidenciales.