Expertos locales e internacionales expusieron algunas recomendaciones para avanzar en la innovación en salud en Colombia y los retos por superar en temas como el marco normativo, introducción de nuevas tecnologías, regulación de precios, uso de data, fuerza laboral e infraestructura.

En un conversatorio organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), con apoyo de Novo Nordisk, se señalaron varios aspectos que se han acelerado con la pandemia poniendo en evidencia algunos problemas y retos.

De acuerdo con Ruth Lopert, Senior Health Policy analyst de la OECD, la innovación en tecnología tiene un impacto positivo en los sistemas de salud, pero existen desafíos por afrontar, entre ellos, garantizar que haya un marco robusto para la regulación de tecnología, tener autoridades legales apropiadas y la experiencia técnica para liberarse de los conflictos de interés, y comprometerse de manera transparente e independiente a tomar decisiones en temas como el despliegue de recursos humanos y financieros.

Otros retos son la infraestructura y el desarrollo de la fuerza de trabajo, pero también el uso de la data. “Introducir una nueva tecnología presenta oportunidades y una obligación de recolectar datos, de manera que se puedan utilizar y complementar con los datos que se tienen en los protocolos y ensayos clínicos que se han realizado previamente”, aseguró Lopert.

Información

La analista de la OECD agregó que la pandemia ha reflejado otro desafío relacionado con la aceptabilidad de las vacunas y la inmunización en varios países, incluido Colombia, puesto que hay informes que evidencian cierta desconfianza en la vacunación, en gran medida, por la mala información que circula en las redes sociales.  

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se reconoció que son diversos los retos y tareas pendientes en el país, principalmente, en cuanto a la entrada de tecnologías sanitarias innovadoras y la regulación de precios de medicamentos.  

Trabajo articulado

Para Germán Escobar, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, la innovación en salud debe ser un proceso constante que lleve a pensar cómo usar esas nuevas tecnologías, medicamentos y dispositivos en un modelo de atención que le permita al país ser altamente eficientes. También, cómo lograr que esa innovación sea sostenible en el tiempo y evaluar mejor el alcance de los objetivos que esas nuevas tecnologías en salud están aportando.  

“Frente a esto, lo más importante es poder llegar a consensos sobre cuáles son las tecnologías sanitarias, el modelo de salud y el esquema de financiamiento que queremos; de lo contrario, vamos a estar en permanente confrontación entre los diferentes grupos de valor que hacen parte del sector salud y no lograremos alcanzar el objetivo que todos queremos y es una mejor atención, más oportuna, integral y con mejores resultados”, advirtió Escobar.

Por su parte Mario Gómez, managing partner de Prospectiva Consulting, coincidió en que, la llegada de la innovación en salud comprende un reto importante para todos los actores, por lo que solamente con un trabajo conjunto entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil, el país podría estarse preparando hacia ese escenario, de ahí que, continuar fortaleciendo las instituciones es una tarea constante.   

“Si bien esta es una institucionalidad que se creó, funciona y demanda un trabajo enorme, sí es muy importante seguir fortaleciéndola porque es la que le permite al Estado implementar su metodología y al sector privado tener esa predictibilidad sobre los tiempos y que se acomode a lo que se espera sobre esto”, enfatizó Gómez.

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La cadena

En este sentido, Héctor Castro, global lead of Health Financing, Technologies, Data and Impact de Management Sciences for Health (MSH), señaló que Colombia debe seguir trabajando en promover una voluntad política que permita el acercamiento entre los productores de tecnología, los pagadores, los reguladores, etc. para que a través de esos acercamientos se promueva la confianza entre los actores.

En cuanto a la regulación de precios en el país, Castro destacó que esta “ha generado un impacto positivo en materia de ahorros al sistema de salud, institucionalidad en el Ministerio, rendición de cuentas, un diálogo más abierto entre los actores y se ha convertido en un referente para otros países de la región; pero, se debe mejorar el foco en cuanto a países a referenciar, el cual no debería ser tan alto porque entre más países haya, más pesado administrativamente se hace el proceso”. 

Medicamentos

El director de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud, Leonardo Arregocés, aseguró que esta cartera sigue trabajando en dos grandes objetivos que espera tener bastante adelantados este año. “Lo primero es la implementación completa de la ruta del Artículo 72 de cómo los medicamentos nuevos tendrán de entrada una fijación del precio por parte de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, lo que va a tener un efecto importante sobre los presupuestos máximos porque de entrada ya vamos a tener referencias de precios y probablemente de frecuencias de uso”.

Por otro lado, se espera tener un gran avance en los acuerdos de acceso administrado. “Esto es algo que venimos trabajando con apoyo del Banco Mundial para poder hacer acuerdos entre el Gobierno y los productores para mejorar el acceso a medicamentos innovadores y que tienen impactos muy positivos en la salud de la población, sin que esto se vuelva un problema para el financiamiento del sistema”, puntualizó Arregocés.

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Un derecho fundamental

Cada vez que en Colombia un ciudadano interpone una tutela para reclamar en un estrado judicial el acceso a un servicio de salud, se evidencia que, aunque en este país la salud es un derecho fundamental autónomo reconocido, muchos ciudadanos no gozan de manera efectiva de ese derecho. De acuerdo a un análisis realizado por Ulahy Beltrán López, es tan cierta esa realidad en Colombia, que el derecho a la salud, después del derecho de petición, en la última década es el más tutelado por acción u omisión de los diferentes actores responsables de garantizarlo a los ciudadanos de este país.

Justamente hace pocas semanas se informó al país por parte de la Defensoría del Pueblo los resultados del más reciente “ranking anual de tutelas contra las EPS” correspondiente al año 2020, identificando y analizando el número de tutelas que se interponen en contra de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que son las que tienen la responsabilidad de garantizarle a sus afiliados la protección de la salud mientras están sanos y la atención y prestación de los servicios cuando se enferman.

De acuerdo con el comunicado de la Defensoría del Pueblo, la Honorable Corte Constitucional en el año 2020 recibió 81.899 acciones de tutela cuyo propósito era la protección del derecho a la salud, informándose además que solo en los 5 primeros meses del año 2021 ya se habían reportado por la misma razón 22.973 tutelas.

Según la agencia estatal que en Colombia vela por la defensa de los derechos de sus habitantes, muchas de las EPS están vulnerando los derechos de sus propios afiliados, incumpliendo su función de garantizarles el aseguramiento, la protección y la atención en salud, por lo que están lejos de ser “garantes de los derechos” de estas personas. Es entonces entendible que los usuarios de estas EPS infractoras de la normatividad, deban recurrir a la tutela para poder defender su derecho a acceder a los servicios de salud requeridos.

El precitado “ranking anual de tutelas contra las EPS” correspondiente al año 2020, estableció que las 5 EPS con mayor número de acciones de tutela interpuestas en su contra por cada 10 mil afiliados fueron en su orden: Medimás con 59 casos, Coomeva  con 40 casos,  Comfaoriente con 28 casos, Savia Salud/Alianza Medellín con 26 casos y Convida con 24 casos.