En el presente cuatrienio se han quedado en veremos varias reformas de grueso calibre, algunas de las cuales no pasaron de ser anuncios por parte de la administración Duque, mientras otras que sí llegaron al Congreso se hundieron. Son iniciativas que por su peso e implicaciones se puede decir que tendrán que ser asumidas por el próximo gobierno.

Recién llegada la actual administración presentó una ambiciosa agenda legislativa que incluyó esquivas reformas como la de justicia y la política que, sin embargo, corrieron la misma suerte de proyectos anteriores de origen gubernamental y parlamentario, pues terminaron hundiéndose. 

A partir de ahí el Gobierno ha ido acumulando iniciativas trascendentales que ha manifestado su intención de presentar al Congreso, pero que por razones básicamente de ambiente político o de coyuntura, no lo ha hecho.

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Reforma a la justicia

La primera gran reforma que presentó recién llegada la administración Duque fue la de justicia, sin embargo fue archivada por el Congreso a finales del 2018. 

El Gobierno dijo, tras el hundimiento de la iniciativa, que la volvería a presentar previa concertación con la Rama Judicial. En el 2019 se dieron algunas reuniones entre el Ejecutivo y los altos Tribunales buscando consensuar un texto de reforma a la justicia, sin que lograran concretarlo a pesar del liderazgo que mostró en ese sentido la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello.

Luego en 2020 la pandemia conspiró para que continuaran las conversaciones entre el Gobierno y las altas Cortes para consensuar esta reforma.

Entonces el presidente Duque decidió ante la dificultad de sacar adelante una reforma integral de la justicia, hacerla por tramos. Es decir, enfocada en aspectos puntuales que mejoren el servicio, que es lo que más le interesa al ciudadano.

En este sentido se aprobó la Ley Estatutaria de Justicia que moderniza la administración en aspectos como la digitalización de los procesos y contempla inversiones por más de $3 billones.

No obstante queda pendiente una reforma integral que toque aspectos como el gobierno de la rama, mayores requisitos  para acceder a las altas Cortes y las funciones electorales que hoy tienen estos altos Tribunales y que distraen su verdadera tarea, según se ha dicho.

Reforma a la salud

Durante su campaña Iván Duque manifestó la necesidad urgente de realizar una reforma a la salud, entre otras para que las EPS sean remuneradas por calidad y no solo por cantidad, de manera que no solo dependan del número de afiliados, sino que se considere la satisfacción verificada por parte de los usuarios.

Sin embargo el proyecto gubernamental hasta el momento no ha llegado al Congreso de la República, mientras que siguen las fallas especialmente en la prestación del servicio. La pandemia mostró que el país requiere fortalecer el sistema de salud, como se vio en departamentos como el Guaviare, en donde ni siquiera contaban con una unidad de cuidados intensivos.

En la pasada legislatura tuvo trámite en el Congreso un proyecto del partido Cambio Radical por medio del cual se dictaban nuevas disposiciones para garantizar el derecho fundamental a la salud, al cual el Gobierno se sumó dándole mensaje de urgencia.

Pero este proyecto se quedó sin oxígeno en mayo pasado porque en las marchas de protesta se exigió su archivo, pues supuestamente favorecía a las EPS y no resolvía los problemas de fondo del sistema. Finalmente solo la bancada de Cambio Radical se opuso al archivo del proyecto de reforma a la salud.

Como consecuencia la reforma a la salud es un tema pendiente que tendrá que ser resuelto por el gobierno entrante.

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Reforma política

Al día siguiente de su posesión el 7 de agosto del 2018, Duque presentó en el Congreso un proyecto de Acto Legislativo de reforma política y electoral, el cual contemplaba entre otros la terminación de la figura del voto preferente, la democratización interna de los partidos, la autonomía administrativa y presupuestal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la paridad de género en la conformación de las listas para las corporaciones públicas, es decir 50% hombres y 50% mujeres.

Sin embargo el Congreso hundió este proyecto que buscaba que las reformas se aplicaran a partir de las elecciones regionales del 2019. A pesar de que el Gobierno nacional dijo que insistiría en radicar esta iniciativa, ello no ha sucedido hasta el momento.

En cambio el Ejecutivo optó por reformar el viejo Código Electoral, encontrando el respaldo del Congreso que lo aprobó en la pasada legislatura. Se está a la espera de que la Corte termine su estudio a ver si se puede aplicar en las elecciones legislativas y presidenciales del 2022.

No obstante después de una década la reforma política sigue pendiente.

Reforma laboral

La última vez que se habló por el Gobierno de hacer una reforma laboral fue a principios del año pasado, antes de que llegara la pandemia al país, cuando dijo que la idea clave de esta iniciativa era formalizar a las personas que trabajan por horas o días.

En tanto que la pandemia obligó, por la vía de decretos de emergencia o a través de leyes como la que reguló el trabajo en casa y la que redujo la jornada laboral de 48 a 42 horas a la semana, a una minirreforma laboral. Sin embargo sigue pendiente, como lo han reclamado sectores políticos y de la producción, una reforma a fondo.

Reforma pensional

Durante más de dos décadas se ha venido hablando de la necesidad de una reforma pensional para remediar fallas del sistema como la baja cobertura, pues apenas el 24% de la población mayor de 65 años se pensiona y solo el 35% de la población activa cotiza a pensión.

De igual forma es necesario desactivar con esta reforma lo que se ha llamado la bomba pensional por el impacto fiscal que tiene para las finanzas públicas, pues el costo anual de las pensiones supera los $40 billones para el Estado.

A mediados del 2020 la entonces ministra de Trabajo, Alicia Arango, afirmó que se presentaría en el Congreso una reforma pensional, la cual sería discutida previamente en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Al respecto, el presidente Iván Duque dijo en esa ocasión que no se trataba de una reforma pensional sino una iniciativa que buscaba la protección a la vejez para garantizar que más personas en Colombia puedan tener acceso a una pensión.

No obstante la iniciativa nuca llegó al Congreso.