Javier Pava es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y conversó con EL NUEVO SIGLO sobre cómo está preparado el país para enfrentar la próxima ola invernal que se avecina, y sobre las medidas que se tomarán en La Mojana y el Canal del Dique

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se prepara la Unidad para enfrentar la segunda ola invernal en el país?

JAVIER PAVA: Hay que tener en cuenta que 10 departamentos se declararon en calamidad pública en la primera temporada de lluvias. Para la segunda podríamos llegar a tener más de 400 municipios con calamidad pública y más de la mitad de los departamentos del país estarían en la misma situación. Este escenario puede parecerse mucho al del 2010 o 2011, donde se tuvieron unas afectaciones enormes en todo el país y con muchos efectos de manera simultánea. Eso nos pone en preaviso para que desde el Gobierno nacional empecemos a hablar de unos planes de acción sectoriales con cada uno de los ministerios para preparar un apoyo para la que sería una segunda temporada. Por otro lado, venimos con un trabajo coordinado con los gobernadores a nivel nacional para que trabajen con los municipios en el tema de articulación de requerimientos y apoyos directos desde los Consejos Departamentales de Gestión de Riesgo y las CAR.

Mapas de riesgo

ENS: ¿Cuál es la preocupación y el llamado que ustedes hacen con respecto a los mapas de riesgo?   

JP: Dentro de las instrucciones y orientaciones que se les han dado a los alcaldes locales, está que a través de sus concejos municipales elaboren mapas de riesgo, a través de diferentes metodologías técnicas. El fin de esos mapas es poder identificar las familias que están expuestas a riesgo, para que a partir de esto se definan acciones de evacuación preventiva, con el fin de protegerlas antes de la tragedia.

El balance que hemos encontrado en más de 1.000 municipios del país es que tan solo un 5% cuenta con el mapa de riesgo que exige la ley. No se ha cumplido con su elaboración, cuya intencionalidad es que sirva para la reglamentación del uso del suelo y permita hacer restricción de ocupación de las zonas de riesgo en cada territorio. Debido a esto numerosas familias están en riesgo y con seguridad crecerá el número de damnificados. Entonces hay un llamado de atención frente a eso.

ENS: ¿Qué función cumplen estos mapas de riesgo?

JP: Si no se tienen los mapas no se puede hacer la georreferenciación o la identificación de estos grupos familiares y, por lo tanto, los programas de asentamiento solo se hacen para responder a proyectos de vivienda de personas que ya vivieron una tragedia y no al asentamiento preventivo que permita reducir el número de víctimas que se dan normalmente por los desastres. Hoy, frente a la temporada de lluvias que se avecina, es muy importante que en cada municipio tengamos claridad absoluta de dónde se puede presentar una tragedia por crecientes súbitas, por inundaciones o por deslizamientos.

Hay otras acciones que se pueden ejecutar. Muchos de los deslizamientos se deben a que no hay un adecuado manejo de los sistemas de drenaje como canales, el agua no tiene definido su curso y se traslada por zonas que terminan desestabilizando grandes laderas. Ese tipo de cosas son las que tenemos que identificar y en ese sentido consideramos que hay unos aliados muy importantes, además de las autoridades ambientales ,que son las comunidades que conocen su territorio, han vivido anteriores temporadas de invierno y saben cómo se puede evitar una tragedia. Por eso nuestro llamado es que sean ellos los protagonistas en lo que hemos llamado los comités de crisis climática.

Los desafíos

ENS: ¿Cuántas familias están en área de riesgo para la próxima temporada invernal?

JP: Ese es uno de los grandes desafíos que nos llevan a pedir los mapas de riesgo a los alcaldes. Hoy no hay una cifra real de cuántas familias están en riesgo, solo 23 municipios cuentan con esta información y no hay un consolidado nacional. Por eso los datos que se tienen son en función de la tragedia, cuando se hace el registro único de los damnificados, y no sobre cuántas familias están en riesgo. Eso es muy grave porque solo actuamos después de la tragedia y estamos condenados a vivir lo que se ha denominado el ciclo fatal de los desastres: prepararnos a atender el desastre y volver a prepararnos para el siguiente.

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ENS: Usted ya estuvo en La Mojana, ¿qué impresión y qué soluciones va a implantar en esta zona que se encuentra inundada?

JP: En La Mojana hay un área inundada bastante extensa, que afecta a 11 municipios, que el pasado 27 de agosto completó un año bajo el agua. En ese tiempo se han venido ejecutando unas obras para cerrar un boquete a través de un dique por donde se desbordó el río Cauca. Durante un año han tenido un contrato con una empresa de ingeniería que ha estado trabajando allí. Fui a revisar el terreno, y el boquete para cerrarlo necesita 2,2 kilómetros de dique; en un año lo único que han logrado avanzar son 400 metros, faltaría un kilómetro y 800 metros para cerrar el boquete.

Lo que proponen el contratista y el interventor es una adición presupuestal y de tiempo de ocho meses más para terminar la obra. Ante esa solicitud yo no estoy de acuerdo porque tenemos un riesgo alto de perder los recursos e incluso una incertidumbre muy grande de que la obra se pueda terminar en ocho meses. Además, el informe del Ideam demuestra que, en esos ocho meses, vamos a tener unas lluvias muy fuertes en todo el país que van a llevar a que los niveles del Cauca sigan creciendo y el arrastre de lodos seguirá en aumento grande hacia la zona, y entonces va a ser imposible que se pueda cerrar ese boquete, como lo plantea el contratista. Recordemos que ya perdimos $30 mil millones, que se los llevó el río. Por eso ahora nos concentraremos en la atención a las familias afectadas. El próximo miércoles estaré allá con todas las instituciones del Gobierno Nacional para atender a estas personas que han estado un año bajo el agua.  

ENS: ¿Del mismo modo qué propone para el conflicto en el Canal del Dique?

JP: En el Canal del Dique nosotros tenemos un plan de acción que nos presentó la Gobernación del Atlántico para ejecutar unas obras de mitigación, algunas de ellas que ya se han ejecutado, pero el problema sigue estando allí, continúa el riesgo de inundación permanente. El Fondo de Adaptación ha invertido en este canal más de $1,1 billones; se podría pensar que con esa inversión tan importante ya no tendríamos que estar en alerta por desbordamiento, y resulta que vamos a ver y sí lo estamos. Por eso tenemos que evaluar si esas obras que pide la Gobernación son la verdadera salida. Visitaremos municipio por municipio para revisar dónde tendríamos que hacer evacuaciones preventivas y otro tipo de acciones. Vamos a construir un plan de acción para todo el departamento.