La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el incremento en Barranquilla y su área metropolitana de hechos de violencia generalizada por cuenta del accionar de grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ‘Clan del Golfo’ y organizaciones criminales como ‘Los Costeños’, ‘Los Rastrojos’, ‘Los Papalópez’, entre otros.

A través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), el organismo identificó la persistencia de los factores de amenaza y vulnerabilidad señalados, en particular las extorsiones, amenazas de muerte, homicidios, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades con la comercialización de drogas ilícitas, sicariato, entre otras conductas que siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad de los pobladores.

“Se ha registrado un aumento sistemático del riesgo advertido; por lo tanto, hemos elaborado 12 oficios de consumación, por lo cual solicitamos de manera urgente la actuación de las autoridades, especialmente a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), en cabeza del Ministerio del Interior, acerca de hechos que se siguen presentando en Barranquilla y su área metropolitana”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La Defensoría constató que las organizaciones criminales utilizan prácticas atroces como el desmembramiento de cuerpos para generar terror, retaliación por el no pago de los préstamos bajo la modalidad de ‘gota a gota’ y homicidios con violencia extrema, entre otras.

Muertos

En lo que va corrido de 2022 se han reportado cinco masacres en Soledad y Barranquilla, como la ocurrida el pasado 12 de septiembre en el barrio Las Flores, cuando hombres armados ingresaron disparando en un establecimiento de la ciudad, presuntamente en el marco de retaliaciones entre bandas criminales. Estos hechos son investigados por las autoridades.

“En varias zonas de la ciudad se han evidenciado artefactos explosivos, aumento de los homicidios, en especial de transportadores, circulación de panfletos, entre otros. Por esa razón, es importante que las autoridades sigan desarrollando acciones conducentes a prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo la vida e integridad de los habitantes de Barranquilla y su área metropolitana”, dijo Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo reitera que, dada su posición geoestratégica, Barranquilla y su área metropolitana representa un lugar de aprovisionamiento logístico y militar, de coordinación política y estratégica, e incluso de establecimiento de acuerdos con organizaciones criminales de carácter internacional, como es el caso de los carteles mexicanos, especialmente el Cartel de Sinaloa.

"Para llegar a una solución de fondo se requiere del esfuerzo permanente y articulado por parte de toda la institucionalidad del Estado, de la mano de la sociedad civil”, puntualizó el Defensor.

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Desde la Alcaldía

De otro lado, el mandatario de la capital del Atlántico, Jaime Pumarejo, también se había pronunciado tras la grave situación de inseguridad en la ciudad y le envió un contundente mensaje a los órganos judiciales para que intervengan cuanto antes.

El alcalde argumentó que todo el recrudecimiento de la violencia en Barranquilla está completamente ligado a la guerra por territorio entre bandas, las cuales “buscan expandir sus rutas de microtráfico e imponer un mando sobre puntos estratégicos”. No obstante, el mandatario también explicó que no todas las personas que han sido víctimas de estos hechos están vinculadas con bandas.

“Tenemos que decir que los hechos que estamos viviendo hacen parte de una disputa territorial entre bandas criminales. Se ha presentado un incremento en los homicidios por la disputa territorial que tienen algunas bandas y con la llegada de dos o tres nuevas, considero que el gran reto que tendrá el nuevo gobierno en materia de seguridad es el nuevo accionar de las bandas que se dedican al microtráfico, que instrumentalizan a jóvenes", agregó el burgomaestre.

Así mismo, instó a las entidades judiciales para que las personas que sean capturadas por cometer delitos de menor impacto o aún estén en investigación, sean enviadas a casa para pagar su condena. "No obstante, aquellos que fueran de alta peligrosidad estuvieran en los centros penitenciarios", manifestó.

Con el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, el alcalde espera que se pueda contrarrestar la problemática de violencia que se registra, ya que, en su opinión, si no se actúa a tiempo se puede agudizar la inseguridad, lo que generaría inestabilidad económica, especialmente en el turismo.  

Pumarejo aseguró que desde la entidad se está trabajando en programas sociales con los jóvenes para ayudarlos en su formación académica, para que aprovechen el tiempo libre.