La única certeza que se tiene sobre el futuro político de Alemania es que su nuevo gobierno será de coalición. Quién lo encabece y con quién lo formará es la incógnita a despejar el domingo en las urnas, en un panorama que no puede dilucidarse con las encuestas por tres factores claves.

El primero de ellos es que si bien el Partido Socialdemócrata (SPD), encabezado por el actual ministro de finanzas, Olaf Scholz, lidera la intención de voto en todos los sondeos, su ventaja sobre la derechista alianza Unión Demócrata Cristiana (CDU) y CSU bávaro, no es grande y se encuentra dentro del margen de error.

Las diferentes mediciones indican que los socialdemócratas tienen entre 25% y 26% en la intención de voto, mientras que por los conservadores se ubica entre 20% y 22%, pero ganando lentamente terreno desde el fin de semana, ya que lograron un punto porcentual más, mientras que el apoyo al partido rival se mantuvo igual. Entre tanto, los Verdes lograrían entre el 15% y el 17%, sin probabilidad alguna de superar tal límite, tanto por el desempeño en los debates de su candidata, Annalena Baerbock, como por la fortaleza electoral de las dos agrupaciones tradicionales.

A ello debe sumarse que todas las encuestas, con universos estadísticos que no superaron los 3 mil ciudadanos, cifran el margen de error (+ o -), entre 3 y puntos porcentuales, lo que significa que el SPD y la CDU estarían en un empate técnico, máxime porque este último partido goza de la credibilidad y apoyo de los ‘sin partido’ por la gestión de la canciller Ángela Merkel, quien tras 16 años al mando del país se apresta a retirarse definitivamente de la vida pública.

Un segundo e importante factor a considerar es que, tal cual lo destaca un estudio del instituto Allensbach, un 40% de los electores alemanes no habían definido la semana anterior por quién iban a votar. Ese porcentaje es de gran peso para inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados. Y, a ello hay que sumarle que, por efectos de la pandemia, el aumento del voto por correspondencia, lo que presume elevará la participación, máxime porque en las últimas tres legislativas se daba por descontado el triunfo de Merkel, lo que pudo generar algo de apatía electoral.

Pero también, en sentido contrario, en reconocimiento a la gestión de “Mutti” (como cariñosamente llaman a la canciller los alemanes) podría darse un efecto de respaldo al elegido conservador para sucederla, Armin Laschet, quien, pese a no tener la figuración nacional de su rival, que como reseñamos funge como ministro de finanzas del actual gobierno Merkel, le ha plantado cara en la difícil carrera por el poder.

Un último y tercer factor a considerar es el alcance electoral que puede tener el escándalo en que está inmerso el ministerio que dirige Scholz y, por el cual debió comparecer ayer ante el Parlamento, tras lo cual insinuó ser víctima de un complot político.

Ante la comisión de Finanzas del Bundestag, el candidato socialdemócrata fue cuestionado sobre las razones por las cuales funcionarios a su cargo no transmitieron a la justicia información sobre una operación de presunto blanqueo de dinero.

Scholz aseguró que su ministerio había "mejorado continuamente" estos años la lucha contra la criminalidad financiera, y enumeró los esfuerzos llevados a cabo.

Pero ningún ministro "puede resolver (los problemas) con un chasquido de dedos" afirmó ante los parlamentarios.

Los diputados esperaban la declaración del ministro por videoconferencia, por su apretada agenda de campaña, pero Scholz sorprendió a la treintena de miembros de la comisión y se presentó en persona.

El gesto presencial de Scholz no aplacó los ánimos de los diputados. Tanto la oposición como sus socios de gobierno de la CDU/CSU lo acusaron de fracasar en la lucha contra el blanqueo.

El punto de partida de esta investigación, en 2020, fue la "declaración de actividades sospechosas por parte de un banco (...) respecto a pagos con destino a África por un monto superior al millón de euros", unos 1,17 millones de dólares.

La Oficina Central de Investigación de Transacciones Financieras (UIF), dependiente del ministerio de Finanzas, no transmitió este informe a las autoridades judiciales, lo que impidió "cesar estos pagos", según la fiscalía.

Esta transacción "tenía como telón de fondo el tráfico de armas y drogas, así como la financiación del terrorismo", señaló el banco en su informe. 

La fiscalía pidió recientemente registrar los ministerios de Finanzas y Justicia para "verificar si y, de ser necesario, en qué medida la dirección y los responsables de los ministerios (...) estuvieron involucrados en las decisiones de la UIF".

Inmediatamente, la oposición parlamentaria (los Verdes, los liberales y la izquierda radical) convocó a Scholz para que diera explicaciones, lo que en efecto se verificó ayer con la airada reacción del candidato.

Ello dio pie a que el candidato conservador Laschet lo atacara de nuevo indicando que “cuando una fiscalía registra un ministerio, la reacción adecuada es decir vamos a ayudar a la justicia, y no denunciar complots de manera 'populista'".

Vale recordar que el ministerio de Scholz ya fue criticado el año pasado por descuidar su vigilancia en la quiebra de la sociedad Wirecard, el mayor escándalo financiero desde la guerra en este país. Esta empresa de pagos en línea reconoció que 1.900 millones de euros (USD2.200 millones) registrados en sus cuentas no existían.

Por las razones anteriormente expuestas es que hoy, a seis días de la encuesta real (la de las urnas) es imposible determinar un vencedor con base en los sondeos conocidos. Y, de confirmarse los mismos, los conservadores volverán, tras casi dos décadas, a ser la oposición.

• Le puede interesar: Tiroteo en universidad de Rusia deja al menos seis personas fallecidas

Un sistema complejo

Los alemanes irán este domingo a las urnas para decidir la composición de su Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, mediante un complejo sistema de reparto que hace imposible saber cuántos diputados habrá en la próxima legislatura y que obliga a tirar de calculadora en un escenario abierto a todo tipo de pactos postelectorales.

En esta ocasión, unos 60,4 millones de ciudadanos están llamados a votar. Son alrededor de 1,3 millones menos que en los últimos comicios legislativos, fruto de un progresivo envejecimiento poblacional que provoca que más de la mitad del electorado tenga más de 50 años, según datos recogidos por la cadena Deutsche Welle.

Como están regidos por un sistema parlamentario establece que los ciudadanos no son quienes eligen directamente a su futuro jefe de Gobierno, cargo para el que tienen opciones (Laschet, Sholz y Baerbock).

La responsabilidad recaerá en los diputados que tomen posesión en octubre y, para ello, antes será necesario dirimir quiénes entran en el Bundestag. Los alemanes disponen de dos votos para elegir a sus representantes, el primero de los cuales determinará el candidato directo por cada una de las 299 circunscripciones.

Este sistema, según el cual resulta elegido el diputado con más número de apoyos en cada territorio, ha favorecido históricamente a los dos grandes bloques: Unión Demócrata Cristiana (CDU)-Unión Social Cristiana (CSU) y Partido Socialdemócrata (SPD).

La mitad restante del Bundestag sale del segundo voto, que va a parar a una lista de partido y ya no por circunscripciones uninominales, sino por regiones. El sistema Sainte-Laguë, similar al D'Hondt, entra en juego para terminar de conformar la Cámara Baja, en una variante que puede abrir la puerta a partidos más minoritarios.

Al reparto final, sin embargo, aún le resta incorporar los denominados escaños adicionales, en virtud de complejo sistema de compensación y proporciones que el Tribunal Constitucional obligó a reformar en 2012. Si un partido recibe en un land (estado) más escaños por la vía del primer voto de los que obtiene gracias al segundo, se añade un número equivalente de asientos.

En las elecciones de 2013, el Bundestag pasó de 598 a 630 escaños, mientras que en 2017 la cifra aumentó hasta 709.

Una vez repartidos los escaños, los diputados determinarán en una votación secreta quién será el canciller, que en su calidad de jefe o jefa de Gobierno designa sus ministros, aunque para ello ya debe tener claridad con quién está dispuesto a pactar.