La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $920.646 millones a siete directivos de Bionergy por la pérdida de recursos públicos en esta empresa, Bionergy Zona Franca SAS y Ecopetrol.

Este caso tiene que ver con inversiones realizadas para la terminación del componente industrial de la Planta de Producción de Etanol “El Alcaraván”, en el departamento del Meta, en 2017.

Señala la CGR que “a pesar de que financieramente el proyecto no era viable, se dio continuidad a su construcción, pagando aproximadamente US$434 millones más respecto del caso de negocio presentado en octubre de 2011; situación que unida al deficiente desarrollo del componente agrícola, originó que no se diera la productividad esperada, por cuanto Bionergy y Bionergy Zona Franca SAS se encuentran en liquidación, lo que hace imposible obtener los flujos de recursos que permitan su recuperación”.

En su comunicado, el ente de control dice que “se determinó, que sin haber consolidado el proyecto agrícola con la siembra de la caña necesaria para ser utilizada en la planta de etanol, e incluso, sin que se hubiera obtenido la variedad optima, se adelantó la ejecución del recurso público para la construcción de la planta, invirtiendo dineros adicionales que generaron una pérdida de la inversión por el orden de un billón cuarenta y tres mil millones de pesos, que corresponde al valor de las capitalizaciones realizadas a Bionergy Zona Francas SAS, para la ejecución del proyecto industrial”.

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Investigaciones

Menciona la CGR que “mediante Auto No.1481 del 17 de septiembre de 2021, la Contraloría  Delegada Intersectorial No. 6 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra Jaime Leonardo Flórez Muñoz, que estuvo como gerente general en el periodo 2009-2012; Aleck Remberto Santamaría de la Cruz, gerente general de Bionergy Zona Franca SAS entre 2012 y 2015;  y a los miembros principales de la Junta Directiva, María Elena Velásquez Restrepo, Juan Felipe Múnera Yepes, María Cristina Gloria Inés Cortés Arango, Myung-Ho Lee y Claudia Castellanos Rodríguez.

Los antecedentes de este proceso se relacionan con el hecho de que Bionergy Zona Franca SAS contrató con la empresa española Isolux Ingeniería S.A., la construcción de la planta industrial de Producción de Etanol “El Alcaraván”, en Puerto López (Meta), con un plazo de 22 meses, la cual iniciaría a funcionar en abril o mayo de 2012.

Sin embargo, el 8 de abril de 2014, después de firmar seis otrosíes, Bionergy Zona Franca SAS terminó el contrato y, para continuar con la ejecución del proyecto en su componente industrial, suscribió el 18 de julio de 2014 el contrato ZF No. 0010 -14 con el Consorcio Menegua, con un plazo de 14 meses, el que tampoco se cumplió, al celebrar 15 otrosíes, y con el Consorcio Applus, la interventoría (15 de septiembre de 2014).

Dice la CGR que “se reprocha por parte del ente de control, el haber dado continuidad a un proyecto que mostraba los indicadores financieros con tendencia a la baja, por cuanto en 2017, año en que se certificó el arranque de la planta industrial (14 de julio de 2017), estos se encontraban negativos (Tasa Interna de Retorno TIR -1.2% EA y Valor Presente Neto VPN -609), con la obtención de utilidades solo hasta el año 2027”.

Sin sentido

Concluye la imputación que, con estos indicadores, no tenía sentido haber destinado los recursos que se recibieron vía capitalización de Bioenergy S.A.S., para terminar la construcción de la planta “El Alcaraván” cuando la Tasa Interna de Retorno de la inversión al momento de la terminación unilateral del contrato con Isolux era tan solo del 2,44%.

Señala la CGR que “la situación financiera del proyecto no solo era evidente con el incremento en los costos de la construcción de la planta, sino que período tras período, los estados financieros de la sociedad evidenciaban el deterioro de las inversiones, reflejado en el incremento en las pérdidas que iban consumiendo el patrimonio social, situación que era conocida incluso de manera mensual en las reuniones de la Junta Directiva, sin que se evidenciara pronunciamiento ni correctivo alguno, encaminado a revertir este deterioro”.