Dos semanas después de que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez le pidiera a la Corte Suprema de Justicia enviar a la Fiscalía todos los procesos que cursan en la Sala Especial de Instrucción en contra de su cliente, la alta Corporación este lunes, finalmente, tomó una decisión de fondo.
En sala extraordinaria virtual que se realizó el lunes, por unanimidad los cinco magistrados de la Sala de Instrucción -la integran seis juristas, pero la magistrada Cristina Lombana fue apartada del proceso contra Uribe- de la Corporación le dio la razón al abogado Jaime Granados Peña, apoderado de Uribe, y decidió remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación.
En un documento del pasado 18 de agosto, Granados consideró que la Corte no es competente para continuar con el proceso que se sigue contra Uribe como presunto determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, relacionados con una supuesta manipulación de testigos por parte del exmandatario.
Incluso, la Procuraduría General le dio la razón, pues en un concepto enviado a la Corte advierte que “con la renuncia a su curul en el Senado de la República, la Corte perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes” contra Uribe.
Granados le dijo a EL NUEVO SIGLO que le pidió a la Corte remitir a la Fiscalía todos los procesos que cursan en la Sala de Instrucción contra el exsenador.
Fuentes de la Corte le confirmaron a este Diario que contra Uribe cursan en ese tribunal 14 procesos en etapa preliminar, incluidas cuatro investigaciones por delitos de lesa humanidad en las que es mencionado.
Pero de momento, la decisión de la Sala de Instrucción, que será notificada este martres a las partes, se refiere únicamente al proceso que inició contra Uribe por supuesta manipulación de testigos, hechos por los que también la Corte ordenó investigar al abogado Diego Cadena, exapoderado de Uribe, y a su socio de bufete Juan José Salazar.
Por este proceso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó el pasado 3 de agosto, también por unanimidad de sus cinco integrantes, medida de aseguramiento de detención domiciliaria.
Es por ello que Uribe ha dicho en varias entrevistas que se siente “secuestrado” por la Corte Suprema de Justicia y que le fue impuesta una medida de aseguramiento “ilegal” y basada solo “en inferencias, con ninguna prueba”.
Por otra parte, este lunes, el fiscal general Francisco Barbosa se reunió por cerca de dos horas con los magistrados de la Sala de Instrucción para acordar cómo será el traslado del expediente que tiene más de 6.000 folios, 23 mil pruebas entre documentales, testimoniales, videos y chats.
Mientras, el abogado Granados confirmó al cierre de esta edición que “no he sido notificado” de la decisión, por ello se abstuvo de hacer comentario alguno.
"La Corte Suprema de Justicia solo se pronunció sobre el proceso de manipulación de testigos que cursa contra Álvaro Uribe Vélez. La competencia sobre los demás procesos sigue en estudio"
Qué viene en el proceso
Este mismo lunes el senador Iván Cepeda, admitido como parte civil en el proceso, anunció que presentará recusación en contra del fiscal Francisco Barbosa y la vicefiscala Martha Yaneth Mancera, a quienes les pidió “declararse impedidos”.
“Como es debido, nosotros respetamos la decisión que adoptó la Sala Especial de Instrucción de la honorable Corte Suprema de Justicia, pero desde ya podemos ir avanzando que junto a mis abogados hemos tomado la decisión, quienes deben declararse impedidos para conocer de este proceso”.
Sin embargo, como ha informado EL NUEVO SIGLO desde que Granados advirtió que con la renuncia de Uribe al Senado la Corte perdió su competencia para investigarlo, los expertos consideran que no es necesario nombrar un fiscal ad hoc.
El exministro de Justicia, Yesid Reyes, le dijo a este Diario que no es necesario nombrar un fiscal ad hoc pues el caso entraría a reparto y el Fiscal General no tiene nada que ver ahí “salvo que él hiciera público algún impedimento”. De declararse impedido o si es recusado, el tema será resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema.
Tampoco cree que sea necesario nombrar un fiscal ad hoc el exfiscal Guillermo Mendoza. En su opinión “aquí no se puede hablar de amistad íntima, de enemistad manifiesta, o cosas por el estilo entre el Fiscal General y Uribe. Entonces no hay razón de impedimento”.
Otros expertos como el abogado penalista Francisco Bernate y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, también descartan que se requiera nombrar un fiscal ad hoc.
“Las causales de recusación e impedimento están perfectamente definidas en la Constitución y la ley. Cuando este proceso llegue a la Fiscalía será apenas uno más y entrará a reparto por sorteo. Nada tiene que ver el Fiscal General”, dice Bernate.
Arrubla, entre tanto, sostiene que el fiscal a quien le corresponda conocer del proceso Uribe “es autónomo y no tiene que rendirle cuentas al Fiscal General”.
A su turno, Alfonso Gómez Méndez, también exfiscal, coincidió en descartar la idea de un fiscal ad hoc partiendo de la base de que “no se puede presumir la mala fe del Fiscal General. Si él encuentra elementos que lo obliguen a declararse impedido, tendrá que hacerlo, y si una de las partes lo recusa, la Corte Suprema tendrá que pronunciarse.”.
Cambio de procedimiento
Los juristas consultados por EL NUEVO SIGLO también consideran que con la pérdida de competencia de la Corte, habrá un cambio de procedimiento en la Fiscalía.
Quiere decir, según el exfiscal Mendoza Diago, que el fiscal asignado al proceso de Uribe “en su autonomía podrá darle valor procesal a lo actuado por la Corte, o no, mientras un Juez de Garantías, a petición de la defensa, revisará la medida de aseguramiento contra el exsenador, y puede ratificarla o tumbarla”