Aplazada para el martes decisión de libertad para Uribe

Foto Diana Rubiano- El Nuevo Siglo

Este miércoles, ante una jueza de Paloquemao, se llevó a cabo la primera parte de la audiencia de solicitud de libertad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien se encuentra bajo medida de aseguramiento domiciliaria por orden de la Corte Suprema en el caso que se investiga su presunta participación en los presuntos delitos de soborno a testigo y fraude procesal.

Entre los puntos que examina la funcionaria judicial está el impacto que genera el cambio de normas procesales por las que se lleva el expediente, ya que la medida de aseguramiento que dictó el alto tribunal en contra de Uribe puesto que el caso era llevado por la Ley 600, antiguo sistema penal. 

En ese sentido, según conoció EL NUEVO SIGLO, el apoderado de Uribe, el penalista Jaime Granados, tiene absoluta certeza de que el juez validará las razones expuestas por la defensa en torno a que el exsenador, a la luz de las realidades procesales propias de la Ley 906 de 2004, que regula el sistema penal acusatorio, tiene derecho a seguir defendiéndose en libertad del proceso penal que se le sigue.

Es de mencionar que, tras la renuncia de Uribe al Senado, la Corte determinó que perdió competencia para llevar su proceso y el expediente pasó a la Fiscalía, que designó a un fiscal especial para este caso y que indicó que el mismo se llevará bajo las normas del nuevo sistema penal acusatorio.

 

Así se vivió la jornada: 

1:10 p.m Quedó aplazada para el próximo martes decisión de libertad para el expresidente Álvaro Uribe. En esta nueva audiencia, la juez deberá decidir sobre su competencia en el caso y si lo mantiene en Ley 600 o se reinicia el proceso bajo la Ley 996.

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12:45 p.m. El abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, se opuso a que el caso pase a la Ley 600 de 2000. Granados indicó que el proceso del sistema penal acusatorio es mucho más garantista. 

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12:30 p.m La procuradora del caso, María Lourdes Hernández, respaldó los argumentos de la Fiscalía y pidió que el expediente se tramite en la Ley 906 de 2004. 

Hernández considero que el sistema penal acusatorio “está basado en el debido proceso”, mientras que la Ley 600 es “inquisitiva”. 

“Es claro que el tránsito de una legislación a otra en razón del fuero de la persona está claramente avalado por la jurisprudencia”, aseguró la Procuradora.

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12:10 p.m El fiscal del caso, Gabriel Jaimes, se opuso a que el caso pase al sistema penal acusatorio, pues argumentó que en la justicia ordinaria "el factor temporal de la ocurrencia de los hechos es el que determina el procedimiento aplicable”, por lo cual recordó que el expresidente es investigado por hechos ocurridos en 2018. 

En ese sentido, Jaimes indicó que Uribe debe ser investigado por la Ley 906 de 2004, que es la norma vigente, ya que esta es muy clara en las excepciones a su aplicabilidad y ninguna entraría en este caso.

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12:00 p.m El exfiscal general, Eduardo Montealegre, respaldó la solicitud de la defensa de Cepeda de que el proceso se quede en Ley 600.

“Comparto la tesis de Villalba de que esto no es tránsito, sino la coexistencia de dos modelos que están vigentes en Colombia”, aseguró el penalista y dijo que el proceso no debe llevarse ante un juez ordinario, sino que la competencia de llevar el juzgamiento sigue en cabeza de la Corte Suprema de Justicia.

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10:00 a.m. El abogado del senador Iván Cepeda, Reynaldo Villalba, sustentó su petición de que el proceso contra el senador Uribe continúe en Ley 600 porque en ese sistema se lleva toda la investigación previa y el cambio de competencias del expediente puede causar que las pruebas que alcanzó a adelantar la Corte en la investigación se pierdan.

“Para el caso que nos ocupa, no se trata de un tránsito legislativo, sino de la coexistencia de dos sistemas”, y agregó que se debe mantener “la armonía del proceso”.

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9:00 a.m. Comenzó la diligencia de manera virtual con la presentación de las partes así y los motivos que convocan a la audiencia, que son además de la solicitud de la defensa de Álvaro Uribe para que el exsenador pueda seguir el proceso en libertad, la petición del exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo de ser reconocidos como víctimas en este proceso.