Reducir el Congreso, una propuesta que no cala en Colombia

Foto Diana Rubiano / El Nuevo Siglo

Los próximos domingo y el lunes los italianos están convocados a las urnas para aprobar o rechazar un referendo constitucional que reduce de 630 a 400 las curules en la Cámara de Diputados y de 315 a 200 los escaños en el Senado, tal como lo viabilizó el propio poder legislativo tiempo atrás.

El principal argumento para la poda parlamentaria es la reducción de costos, calculada 40 millones de euros anuales, pero sobre todo una renovación legislativa que muchas veces se trunca por los casi mil diputados y senadores en esa nación europea.

Con la misma tesis, Colombia, como otras naciones, ha intentado desde hace varios años hacer lo mismo, hasta ahora sin éxito.

Como se sabe, el Parlamento colombiano está conformado por 280 legisladores (277 activos), de los que 108 son senadores (hoy solo 107 en ejercicio) y 172 representantes (170 vigentes).

Como se dijo, la disminución del tamaño del Congreso es una propuesta de vieja data en el país, pero siempre se ha hundido, obviamente por falta de voluntad de las mayorías partidistas y los gobiernos de turno.

De hecho, hace casi un mes el expresidente Álvaro Uribe propuso que los “colombianos acudamos a un referendo para reformar la justicia, para reducir el Congreso, para que se establezca el Ingreso Solidario dirigido a mayores de 65 años”.

Es más, la reducción del Congreso fue una de las preguntas del referendo que en 2003 impulsó Uribe (en su primer gobierno) desde la Casa de Nariño, que pasó el filtro de la Corte Constitucional, pero no el de las urnas. Hace 17 años, se buscaba que los colombianos decidieran si querían un Parlamento con 213 integrantes (en ese entonces eran 268).

Proyectos

Antes de esta reciente propuesta de referendo, la bancada uribista en el Congreso ya había insistido en el tema, radicando un proyecto el 27 de julio de 2016 y otro el 2 de agosto de 2017. En ambas ocasiones se hundió por vencimiento de términos. Es decir, sin siquiera debatirse en la Comisión Primera del Senado, a pesar de tener ponencia positiva preparada por Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Este año ya lo volvieron a intentar. El 15 de abril pasado, en medio del arranque de la pandemia y un Congreso medio funcionando de manera virtual, fue radicado por los representantes Óscar Villamizar, Yenica Acosta, John Jairo Bermúdez, Juan Manuel Daza, Juan Fernando Espinal, Amanda Rocío González, Gustavo Londoño, Esteban Quintero, Edward Rodríguez, Edwin Valdés y Gabriel Vallejo, junto a los senadores María Fernanda Cabal, Ciro Ramírez y Paloma Valencia, todos del Centro Democrático, el proyecto de acto legislativo número 333 de 2020 Cámara, “por medio del cual se modifica los artículos 171 y 176 de la Constitución Política y otras disposiciones”. ¿El objetivo? Reducir el número de escaños en ambas cámaras.

Sin embargo, nuevamente se hundió por vencimiento de términos, aunque esta vez en la Comisión Primera de la Cámara la iniciativa tenía ponencia negativa preparada por los representantes Luis Alberto Albán (partido Farc), Juanita Goebertus (Alianza Verde) y Germán Navas (Polo Democrático). Es decir, la oposición.

Por aquellos días, el expresidente Uribe señaló que “llevamos muchos años en la propuesta de reducir el Congreso. Con la virtualidad puede funcionar mejor y con más control de opinión. Además, debería recortarse la burocracia innecesaria que se expandió en los últimos años. Esto necesita mucha determinación y fuerza, porque la mayoría de los consultores validan las ampliaciones burocráticas y no los recortes”.

¿Qué proponía?

Al explicar esa fallida reforma constitucional, el representante santandereano Villamizar precisó que la iniciativa contemplaba pasar de 280 curules a 157 (123 menos, es decir un recorte del 43,92%). De esta forma el Senado pasaría de tener 108 congresistas a 50 (58 menos, un 53,7%) y la Cámara de 172 escaños a 106 (66 menos, un 38,37%). La eliminación de 121 escaños implicaría un ahorro de más de $300. 000 millones, según los cálculos del proyecto.

El articulado precisaba que el Senado estará integrado por 47 miembros elegidos en circunscripción nacional, más uno elegido en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas y dos del partido Farc; y que para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarían una circunscripción territorial, en las que habría dos representantes por cada una y uno más por cada millón de habitantes, más un escaño para la comunidad raizal de San Andrés, otro para las comunidades afrodescendientes, uno adicional para las comunidades y otro más por la circunscripción internacional, contando también con tres del partido Farc.

El texto no solo reducía el número de legisladores, sino que frenaba el crecimiento que puede llegar a tener el Congreso por el incremento poblacional derivado del censo llevado a cabo en años recientes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este para 2019 proyectó una población de 49.395.678 personas y para 2020 una de 50.372.4241, lo que podría llegar a incrementar el número de curules en la Cámara al no existir un tope máximo de integrantes.

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En la exposición de motivos, los legisladores uribistas señalaron que los 280 congresistas tenían en ese momento un salario mensual de $34.151.687, lo que implicaba un gasto mensual de $9.528 millones incluyendo ambas cámaras; a lo que habría que sumar los 50 salarios mínimos legales mensuales para cada Unidad de Trabajo Legislativo, es decir un rubro de $11.762 millones mensuales; eso sin contar los recursos para alquiler de vehículos y el personal que se requiere para ello, así como los pasajes aéreos, los insumos de papelería, equipos de computación y demás elementos que se requieren para el funcionamiento del Congreso.

“Siendo así, y con base en todo lo anterior, el reducir el número de curules en el Congreso de la República, se verá reflejado en un ahorro importante para el erario, cuyos recursos serán destinados acorde con las necesidades que considere el Gobierno nacional, en beneficio de la población”, alegaron los parlamentarios uribistas.

Peros

Sin embargo, como se dijo, la ponencia negativa señaló que “recurrir al costo del funcionamiento de una institución para justificar su reducción es un sofisma que igual serviría para sustentar el desmonte de cualquier entidad pública, pero en el caso de la institución parlamentaria ello esconde el propósito no declarado en la exposición de motivos de limitar la democracia, en la medida en que, como lo ha demostrado la teoría política, la reducción del tamaño de los Congresos limita la participación de los partidos de oposición y cierra las puertas de acceso a las minorías y a las nuevas expresiones del ejercicio de la política”.

Para Albán, Goebertus y Navas, “un Congreso de menor tamaño es más fácilmente subordinable por el Ejecutivo de turno y, por lo tanto, una menor garantía para el funcionamiento del sistema de controles y contrapesos sobre los cuales se ha edificado la construcción del Estado de Derecho, cimentado en el principio de separación de poderes, que se resquebrajaría irremediablemente con una fórmula de representación equiparable a la de las naciones de más de cien millones de habitantes y a los modelos de los Estados federales”.
 

Congresos Latinoamérica


¿Cuándo acabar circunscripción nacional del Senado?

Como lo ha planteado varias veces el editorial de EL NUEVO SIGLO, “una de las grandes causas de la degradación de la política en Colombia es (…) la eliminación de las circunscripciones territoriales para elegir a los senadores”, modificación efectuada en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

“Ese cambio, que estaba destinado a incentivar el surgimiento de liderazgos nacionales que no se dedicarán en su labor parlamentaria a defender los intereses particulares de una región sino a causas mucho más generales, no dio los resultados esperados”, porque “la circunscripción nacional para Senado afectó la representatividad de muchos departamentos en la Cámara Alta”, pero sobre todo  “encareció exponencialmente el costo de las campañas proselitistas”.

Propuestas para reducir salarios y aumentar periodo de sesiones

Junto con el tamaño del Congreso, hay otros dos temas recurrentes en los proyectos relacionados con el funcionamiento legislativo: los salarios y los periodos de sesiones.

Una de las propuestas que más ha intentado tramitarse, sin éxito hasta el momento, se relaciona con la reducción del salario.

Desde que se expidió la Constitución de 1991, los salarios de los congresistas se fijan con base en el IPC que anualmente certifica el DANE y que sirve para definir el aumento del salario mínimo en el país, pues así lo estableció el artículo 187 de la Carta Política. Para ese efecto, se expidió la Ley 4 de 1992, que regula la fórmula del incremento.

Desde entonces, a la fecha se han presentado cerca de una decena de proyectos de ley que buscan reducir el salario de los padres de la patria, sin que ninguno haya sido aprobado hasta el momento.

Se intentó en 2018 con el proyecto 162 Senado, respaldado por varias colectividades, y que buscaba establecer “un tope para el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado”. La idea era fijarlo en un máximo de 25 salarios mínimos. No prosperó.

Comenzando agosto pasado, tras la polémica desatada por la certificación de la Contraloría para el aumento del salario de los congresistas en pleno coletazo socioeconómico de la pandemia, la bancada del Centro Democrático le pidió al presidente Iván Duque aplazar indefinidamente la firma del respectivo decreto, recordando que desde 2016 la colectividad ha insistido en iniciativas legislativas que buscan congelar el salario de los congresistas.

Otra fórmula ha sido tratar de gravar los salarios de los parlamentarios. Para no ir más lejos, el expresidente Uribe radicó el 20 de julio pasado un proyecto para gravar permanentemente las dietas parlamentarias con un 10% destinado a programas como Ingreso Solidario.

Días después, los senadores Gustavo Bolívar (Lista de la Decencia), Alexander López (Polo Democrático) y Angélica Lozano (Alianza Verde) radicaron un proyecto para limitar los gastos de representación de los congresistas que no sesionen presencialmente, medida que sería retroactiva, es decir los legisladores devolverían lo ya cobrados durante la emergencia sanitaria.

En noviembre del año pasado, el entonces presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, propuso una reducción de 15% en el ingreso de sus compañeros.

En esa ocasión, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, rememoró que en la consulta anticorrupción de 2018 el punto que más votos tuvo (aunque no alcanzó para ser aprobado) fue el primero, que pretendía la disminución del salario de los congresistas.

La propuesta era pasar de 40 salarios mínimos mensuales a 25. Ese es más o menos el promedio de lo que ganan los congresistas en América Latina. Fue el punto más votado e, incluso, hicimos una mesa de concertación con el presidente Iván Duque para acordar el paquete legislativo que integrará esta propuesta, pero no pasó nada”, expresó.
En abril, el Partido Conservador le propuso al Gobierno una contribución transitoria de entre 8% y 15% del salario congresional “para garantizar la seguridad alimentaria” en las regiones más vulnerables del país durante la pandemia.

El otro flanco de reforma ha sido el de tiempo de sesiones. Precisamente, el 28 de agosto el representante por Bogotá, Gabriel Santos, junto a un numeroso grupo de integrantes de su bancada del Centro Democrático, radicó el proyecto de acto legislativo 385 de 2020 Cámara, “por medio del cual se modifica el artículo 138 de la Constitución nacional y se dictan otras disposiciones”, proponiendo que el segundo periodo de cada legislatura no empiece el 16 de marzo, sino el 16 de enero, excepto en los años de elecciones parlamentarias.

“Actualmente a los congresistas se nos paga por 12 meses de trabajo en el año. Sin embargo, el Congreso legisla solamente ocho de 12 meses y esto es absolutamente injustificable y vergonzoso, hay una nueva ciudadanía que le exige al Congreso de la República, una de las corporaciones con peor imagen en el Estado, que le dé la cara a sus necesidades, que trabaje de manera incansable para que ellos tengan una mejor vida y esto hoy en día no está ocurriendo”, explicó Santos.