En una época en la que cada vez son menos las personas que sueñan con un matrimonio para toda la vida, la pertenencia a una divisa política no tendría por qué ser eterna.

Ya es cosa del pasado que el trapo rojo (o azul) pasaba de generación en generación, muchas veces sin que mediara una decisión racional. No en vano, esa filiación emocional solía contradecirse con el ejercicio cotidiano de la política. Por eso en un tiempo en que las elecciones las ganaban los liberales, pero esos votantes se movían en sus hogares y en sus trabajos en sentido contrario, Álvaro Gómez sostuvo con toda razón que en Colombia había más conservatismo que Partido Conservador.

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La historia cuenta que los partidos, tanto los tradicionales como los de nuevo cuño, no han sido nunca organizaciones ideológicamente sólidas, sino más bien una amalgama de corrientes afines, en el mejor de los casos, o microempresas electorales unidas por la coyuntura, en los peores. Para acabar con esta última circunstancia, la reforma política de 2003 (Acto Legislativo 01 de 2003) introdujo una serie de modificaciones a las normas partidistas.

Uno de sus resultados fue que muchos pequeños grupos encontraron que solo podían seguir ejerciendo la actividad política unidos a otros semejantes, lo que produjo partidos “federados”, como es el caso del Polo Democrático, que ha sido noticia por estos días porque una de sus tendencias, que en 2005 se unió a otras para conformar la colectividad, busca ahora escindirse.

Los vientos de divorcio también soplan los lados del Partido Social de Unidad Nacional (La U), otra colectividad “federada”. Solo un pequeño detalle impide un procedimiento claro para concretar esas separaciones: el mecanismo no ha sido regulado.

Escisión

Luego de su revisión por parte de la Corte Constitucional, la ley estatutaria 1475 del 14 julio 2011, es decir la norma que reguló la reforma política de 2009 (Acto Legislativo 01 de 2009), estipuló en su artículo 4 que “los estatutos de los partidos y movimientos políticos” deberían contener, entre otros asuntos mínimos, las “reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación”, a lo cual las colectividades deberán, según un parágrafo, adecuar sus estatutos “en la siguiente reunión del órgano que tenga la competencia para reformarlos”.

Más adelante, en el artículo 14, la ley habla específicamente de “disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos”, todo lo cual “se regirá por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos”.
A la luz de lo anterior, los estatutos del Polo ni los de La U contemplan la figura de la escisión. Los primeros, en su artículo 93, precisan que “la decisión sobre disolución, fusión, escisión y liquidación (…) será de competencia del Congreso Nacional” de la colectividad; en el segundo caso, están reguladas las figuras de disolución y fusión, pero no de la escisión.

Paradójica o consecuentemente, el que sí incluyó en sus estatutos la figura de la escisión es un partido que dista de ser “federado”, porque su punto de coincidencia es su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe. Efectivamente en 2014 el Centro Democrático fue la primera (y sigue siendo la única) colectividad en incluir en sus estatutos los mecanismos de disolución, fusión, escisión y liquidación.

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En el uribismo, podrán solicitar la escisión del partido las dos terceras partes de los miembros de la Convención Nacional. La solicitud deberá ir acompañada del acta de la reunión en la que se adopta la decisión. La agrupación escindida perderá el derecho a utilizar total o parcialmente la denominación y símbolos del partido, así como las sedes correspondientes, y no adquirirán derecho a financiación estatal ni acceso a medios de comunicación social a nombre del partido.

Sin reglas

La preocupación por la no concreción de estos mecanismos en los demás partidos o su reglamentación general por parte del Congreso no es nueva.

En 2016 Alejandra Barrios, directora ejecutiva de la Misión de Observación Electoral (MOE), consideró en diálogo con EL NUEVO SIGLO que “es fundamental reglamentar la fusión y escisión de partidos. Cuando el tema lo ponemos a nivel institucional y no personal, se terminan fortaleciendo. Un partido que se pueda escindir o una organización política que tome la decisión de fusionarse con otra tiene que terminar dando discusiones de dónde están las identidades y cuáles son los proyectos políticos que comparten o que definitivamente los dividen”.

En los últimos ocho años se han presentado varios proyectos de ley para regular la figura de la escisión, sin lograr su aprobación. La clave de por qué no se ha reglamentado el asunto desde 2011 pareciera ser que a los dirigentes políticos les gusta más el trasfuguismo.

En su comentario de cuatro años atrás, Barrios expresó que el de la escisión “es un camino muchísimo más sano que estar pensando de manera individual cómo generamos reglas para que individualmente puedan moverse de un lado a otro quienes llegan por voto con una representación política, que debe traducirse, sino entenderse, como una postura ideológica”.

Por aquel entonces, Barrios consideró que las colectividades se han mostrado cautas de introducir la fusión y la escisión en sus estatutos “porque para los partidos no es fácil establecer reglas para ver cómo se van a escindir o cómo se van a fusionar con otras organizaciones políticas”.
Por lo pronto, los escisionistas del Polo y de La U deberán esperar a que puedan citarse las respectivas asambleas partidistas para tomar decisiones de común acuerdo entre las partes en conflicto.

¿Cuándo?

Al menos La U tiene fecha para su encuentro partidista, el 17 de octubre, cuando el senador Roy Barreras y el grupo parlamentario que representa espera que “se ajusten los estatutos que permitan aplicar la figura de la escisión”, según se lo dijo el congresista en carta al presidente de la colectividad Aurelio Iragorri.

En cambio el asunto todavía sin fecha de encuentro en el Polo. Como lo ha reseñado este Diario, una de las tendencias más tradicionales de la izquierda criolla, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), pidió discutir la escisión en el próximo Congreso polista, que no se reúne desde 2015. La quinta versión de ese cónclave partidista debió hacerse en 2017.

Incluso en junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) le abrió una investigación a la organización política por este asunto. En ese momento el secretario del Polo, Gustavo Triana (líder también del MOIR), explicó que se había previsto convocar el Congreso en agosto, pero que la pandemia lo impidió, por lo que esperan que el CNE los autorice a iniciar el respectivo proceso, que empieza con la convocatoria a la elección de los delegados.

En este contexto, los moiristas (cuya figura más reconocida es el senador Jorge Enrique Robledo) plantearon en su carta al Comité Ejecutivo Nacional que la propuesta “deberá perfeccionarse mediante un acuerdo que debe ser aprobado en Congreso Nacional del partido y que contenga como mínimo la especificación de las condiciones políticas, administrativas y legales en que se realizará”.

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“Con la convicción que cada una de nuestras colectividades o corrientes políticas continuarán trabajando por la concreción de un gran pacto nacional, que con fundamento en un programa y reglas de juego democráticas y sin exclusiones, pueda derrotar a los candidatos del continuismo en la contienda electoral de 2022, esperamos tramitar con fraternidad y respeto la concreción de este derecho”, finalizan los firmantes de la carta.