El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudiará una demanda en contra del Inpec, la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia por los casos de contagios de covid-19 que se han registrado en las cárceles del país, desde el 10 de abril de 2020.

Las pretensiones de la demandan asciende a los 3.17 billones de pesos,  por los supuestos daños y perjuicios causados a 1.620 presos, guardianes y demás trabajadores de las cárceles contagiados.

Asimismo, en dicha demanda se reclama por la reparación a por lo menos 14.580 de sus familiares directos, como son esposas, compañeros permanentes, hijos, hermanos, abuelos, entre otros miembros cercanos que también adquirieron el virus.

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Adicionalmente, la demanda busca que se reconozca el perjuicio sobre toda persona que siga siendo víctima de contagio de coronavirus en las diferentes centros carcelarios hasta cuando culmine la pandemia.

No obstante, los magistrados del Tribunal indicaron que el estudio de esta demanda se delimitará a los guardianes que se han visto contagiados.

De acuerdo con el demandante estas entidades son responsables por no haber tomado precauciones a tiempo como la declaratoria de la emergencia carcelaria, la realización de traslados de presos en medio de la pandemia y la falta de pruebas para detectar el virus.