En el marco de los vientos de recesión que soplan sobre la economía colombiana, se tiene que seguir trabajando para asegurar los ingresos y suministrar el mínimo vital de las familias que tuvieron un fuerte golpe en sus ingresos en el 2020 al inicio de la pandemia y ahora siguen golpeadas porque en el país se aceleraron los procesos de empobrecimiento, en el 2021 y en lo corrido de este 2022.

Así lo destacó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en su mensaje a la ‘Mesa de Diálogo sobre el Derecho al Mínimo Vital y los Programas de Transferencias Monetarias en el Contexto de la Pandemia por Covid 19’, que se realizó en conmemoración del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, Carlos Camargo hizo referencia a las declaraciones del Presidente de la República, Gustavo Petro, quien alertó sobre una recesión en el país para el 2023.

El Defensor del Pueblo dijo que “a pesar del significativo impacto que tuvieron las medidas de política pública adoptadas para reducir los efectos sociales del choque económico que generó la pandemia, entre los que se destacan programas de transferencias monetarias como Ingreso Solidario, la ampliación de la cobertura en la devolución del IVA y giros adicionales en Jóvenes y Familias en Acción, es necesario profundizar en nuevas medidas, pues estas abordaron parcialmente el derecho al mínimo vital”.

En efecto, los datos en materia de pobreza monetaria del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidenciaron que en 2020 y 2021 los programas de transferencias monetarias contribuyeron a la reducción en un 3,6%, cada año, en la proporción de personas en situación de pobreza monetaria.

Pero independiente de la eficacia de estos programas, en una investigación que desde el 2020 inició la Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, se estableció que la persistencia del empobrecimiento y la alta informalidad del empleo han llevado: A la competencia por el acceso a los programas entre personas vulnerables y personas en situación de pobreza moderada y extrema; y a la insuficiencia de los recursos desembolsados para superar la línea de pobreza monetaria.

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La crisis social que catalizó el covid-19 evidenció una situación de riesgo latente de empobrecimiento (vulnerabilidad) en grandes ciudades, sobre todo en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Neiva, Cartagena, Bogotá, Villavicencio e Ibagué.

En ese sentido, un sector afectado ha sido el de los trabajadores populares (vendedores ambulantes y mototaxistas, por ejemplo), que se caracterizan por no tener seguridad social; que tienen ingresos entre las líneas de pobreza monetaria y extrema; que por lo general venden sus productos en calles, parques, exteriores de edificios gubernamentales y deportivos, entre otros, y por ende, suelen padecer restricciones para sus labores.

Otro de los aspectos encontrados en la investigación es que la economía popular carece de financiación formal y por eso deben recurrir a mecanismos informales (préstamos de amigos o con el llamado ‘gota a gota’), que les generan una obligación de pago de una magnitud tal de recursos, sobre todo en el ‘gota a gota’ a cargo de grupos armados ilegales, que no pueden tener ingresos por encima de la línea de la pobreza o les permita formalizarse.

“Estoy seguro de que el encuentro que realizamos es un aporte de la Defensoría del Pueblo para avanzar en diálogos sociales amplios acerca de la continuidad o adopción de nuevos programas o enfoques de política pública social en los que se retomen las lecciones de los dos últimos años”, agregó Carlos Camargo.

“Es necesario profundizar en la caracterización de los diversos umbrales de ingresos y condiciones de vida que permiten la realización del mínimo vital, teniendo en cuenta las características de poblaciones y territorios”, concluyó el Defensor del Pueblo.