La Contraloría General de la República dejó en firme el fallo con responsabilidad fiscal, por un total de $2.9 billones, que profirió en abril pasado la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción contra 5 ex funcionarios de Reficar (dos presidentes y 3 vicepresidentes), 7 miembros de su Junta Directiva (incluyendo el presidente de Ecopetrol para la época de los hechos) y cuatro contratistas, en razón a los mayores valores invertidos en la modernización de la refinería. 

Según explica el ente de control, el fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República, que negó los recursos de apelación presentados contra el auto del 26 de abril de 2021.

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"Como consecuencia, la sala determinó procedente la declaración de responsabilidad fiscal, en los casos indicados en el fallo de primera instancia, por el daño producido a los intereses patrimoniales del Estado derivado de las decisiones sobre el manejo de los recursos públicos que conllevaron a la pérdida de valor de las mayores inversiones en el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Cartagena, al aprobarse las adiciones de recursos CAPEX en exceso sobre los niveles acordes con la remuneración del capital aportado al proyecto a su costo de oportunidad en los controles de cambio 2 y 3”, informó la Contraloría en un comunicado.

De acuerdo con la investigación de la Contraloría ·el daño fiscal esta vinculado a asuntos como gastos que no tenían que ver con la megaobra, sobrecostos en la contratación de personal y baja productividad en la mano de obra directamente involucrada en el proyecto, entre otros asuntos".

Es de mencionar que la Refinería inicialmente estaba planeada por un valor de US$3.777 millones de dólares; sin embargo, terminó costando 8.326 millones, descontando financiamiento e intereses.

La Contraloría pudo determinar que de los US$4.500 millones adicionales, por lo menos US$3.500 millones se habrían destinado a financiar mano de obra adicional ocasionada por la baja productividad que fue persistente a lo largo de toda la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas, oportunas y efectivas.