La Comisión Europea, bajo fuerte presión por la proximidad del invierno boreal y las divisiones en el bloque, formuló propuestas para enfrentar los aumentos de precios de la energía con una reforma del mercado de gas.
La idea original de la Comisión, brazo ejecutivo de la Unión Europea, de imponer un tope al precio de la energía, provocó profundas divergencias que la llevaron a avanzar propuestas que permitan un consenso.
Estas serán examinadas mañana y el viernes durante una cumbre de jefes de gobierno del bloque de 27 países en Bruselas, antes de su eventual adopción.
La Comisión propuso una reforma del mercado de gas denominado TTF (Title Transfer Facility), que sirve de referencia para las transacciones de los operadores europeos.
De acuerdo con los anuncios, la Comisión creará –como máximo en marzo de 2023– un índice alternativo más representativo de la situación actual.
Hasta que el nuevo índice se defina y adopte, la Comisión impulsa la implementación de un rango de precio "dinámico" para impedir lo que llamó "precios extremados".
Compras conjuntas
La Comisión propuso también medidas para hacer realidad las compras conjuntas de gas en el bloque, de forma que obtengan mejores precios para la reposición de las reservas antes del invierno boreal de 2023.
Esta iniciativa también busca evitar que los estados de la UE alimenten la subida de precios compitiendo entre ellos, como hicieron en el último verano boreal llenando sus reservas al mismo tiempo.
"Sabemos que la demanda de energía de Europa es muy grande, por lo que es lógico que, en lugar de competir entre sí, los estados miembros de la UE y las compañías energéticas aprovechen su poder adquisitivo conjunto", dijo la titular de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
Los estados del bloque habían dado luz verde en marzo a una plataforma de compra común, pero no se concluyó ninguna transacción y los países continuaron negociando por su cuenta.
La Comisión también propuso establecer un "acuerdo estándar" que garantice que cualquier país en situación de emergencia "recibirá gas de otros estados miembros" a cambio de una "compensación justa".
Además, busca autorizar a los estados del bloque a tomar medidas excepcionales para reducir el consumo de los "clientes protegidos", término legal que engloba a hogares, hospitales y pymes.
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Un invierno decisivo
Dependiendo de sus importaciones de hidrocarburos, la economía europea a todas luces sufre por los recortes en las entregas por parte de Rusia.
"Los precios son una locura: estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero todavía estamos discutiendo la terapia a administrar", resumió el pasado miércoles el ministro italiano para la Transición Ecológica, Roberto Cingolani.
La idea de un tope en el precio de las importaciones de gas, mencionada por la Comisión a principios de noviembre y luego exigida por quince estados miembros, parece ahora haber quedado en el olvido.
Reunidos en Praga a principios de octubre, los líderes europeos expresaron su preocupación por las consecuencias económicas y sociales de este cuadro en un escenario marcado por elevada inflación.
Sin una solución habrá "gente en las calles, con una economía debilitada, quiebras y menos apoyo popular a las políticas climáticas y la ayuda a Ucrania. Este invierno será decisivo", expresó hace una semana el ministro checo de Industria, Jozef Sikela.
De otra parte, como alternativas que están adelantando los países, la petrolera británica BP anunció la compra por US$4.100 millones del productor estadounidense de "gas renovable" Archaea Energy, con el objetivo de avanzar hacia su objetivo de neutralidad de carbono en sus negocios en el horizonte de 2050.
Archaea produce biogás, principalmente metano, a partir de residuos de los vertederos o de procesamiento de materia orgánica procedente del ganado o de los alimentos.
Con esta operación, BP, que dispone de gran liquidez a raíz de la disparada en los últimos meses en los precios del petróleo, espera "aumentar significativamente sus actividades de bioenergía", explicó en un comunicado.
Cuenta con esta adquisición, que aún debe ser aprobada por los reguladores y los accionistas de Archaea, para "apoyar (su) progreso hacia (su) objetivo de neutralidad de carbono".