La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de iniciar una investigación sobre Venezuela abre la puerta para que las víctimas del gobierno de Nicolás Maduro tengan acceso a la justicia. Así lo anunció el Fiscal Karim Khan durante una visita al país vecino.

La Fiscalía abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, que es Estado miembro de la CPI, en febrero de 2018. En septiembre de ese año, seis Estados miembros de la CPI pidieron que la Fiscalía investigara posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Fue la primera vez que un grupo de países solicitó conjuntamente a la Fiscalía que investigara presuntos delitos cometidos en el territorio de otro Estado miembro de la CPI. Esta remisión por los Estados permite que el fiscal inicie una investigación sin aprobación previa de jueces de la CPI.

“Esta es la primera investigación de la CPI en las Américas y ocurre en respuesta a la brutal arremetida represiva del régimen de Maduro contra el pueblo venezolano”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El fiscal de la CPI tiene el mandato de investigar a los máximos responsables de los delitos internacionales más graves. Su decisión de hoy sobre Venezuela es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron”.

En febrero de 2020, el gobierno de Maduro remitió información a la Fiscalía de la CPI sobre delitos supuestamente causados por las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos a Venezuela. Esto llevó a la Fiscalía a iniciar un segundo examen preliminar por separado, que sigue en trámite.

“Si no existen investigaciones rigurosas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad de quienes están implicados al más alto nivel en atrocidades, lo cual requiere una reforma profunda del sistema de justicia disfuncional y politizado en el país, la CPI jugará un papel esencial como tribunal de última instancia”, señaló Vivanco. “Para poder responder a las expectativas de que se haga justicia en Venezuela y en otras situaciones a nivel global, los Estados miembros de la CPI deben redoblar su apoyo político y económico a este tribunal”, agregó.

Lo que se viene para Venezuela según los excancilleres

EL NUEVO SIGLO consultó a tres excancilleres de Colombia sobre lo que se le puede venir a Venezuela después de esta medida tomada por la CPI.

“La CPI entra a trabajar en los países cuando observa que el sistema de justicia de ese país no está operando, esta Corte trabaja de manera subsidiaria, entonces en el caso de Venezuela es una manifestación clara de que el sistema judicial no está funcionando, y que es muy posible que muchos crímenes estén quedando en la impunidad”, sostuvo Fernando Araújo, quien fuera canciller de Álvaro Uribe.

“Esto de momento no señala quiénes son los responsables, porque precisamente de eso se trata la investigación, hallar a los culpables y poder proponer las sanciones. De manera que esta investigación muestra la debilidad institucional de Venezuela y la posible responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro en esas deficiencias institucionales en la justicia de ese país”, señaló.

También aclaró que Venezuela no se puede negar a esa investigación porque “quedarían marcados como parias internacionales y de todas maneras la CPI buscaría la manera de intervenir o de aplicar sanciones contra el gobierno en caso de que se oponga. Ahí hay un camino por recorrer que todavía es muy incierto porque no se conoce mucho acerca de las sanciones que puede tomar la CPI y cómo se aplica”.

Por su parte, Rodrigo Pardo, quien fue canciller durante el Gobierno de Ernesto Samper, indicó que “normalmente estas investigaciones toman tiempo, no producen resultados rápidos, digamos que desde el punto de vista de la esencia para la cual se han creado estas organizaciones internacionales, lo que ha venido ocurriendo es que Venezuela se mire hacia adentro, reflexione e implemente cambios para lograr un mejor cumplimiento de los derechos humanos”.

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Hay que esperar cómo reacciona el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Venezuela tiene que tomar una decisión sobre si asume una serie de cambios y no entrar en un modo conflictivo que puede ser muy complejo, muy difícil.

En cuanto a las posibles consecuencias que esto le puede acarrear al país, Pardo dijo que eso depende de los resultados de las investigaciones. “Lo que sí se puede prever, o al menos preguntar, es qué tantos cambios internos estaría dispuesto a hacer en lo que tiene que ver con derechos humanos”.

Pardo recordó que a Colombia la CPI le cerró un examen preliminar en el que estudiaba si investigaba o no al país por crímenes de guerra y lesa humanidad y que durante las etapas de ese proceso los efectos fueron mínimos.

Por último, comentó que esta es una situación que interesa a la comunidad internacional: “las decisiones finales que se tomen hacia Venezuela pueden perjudicar su imagen en el mundo y afectar las actitudes de algunos países, que en su política exterior, hacen mucho énfasis en el tema de derechos humanos”.

Finalmente, Julio Londoño Paredes, quien ejerció como canciller durante el mandato de Virgilio Barco, cree que esta decisión no va a tener ninguna connotación dentro del país vecino. Con seguridad que a Maduro no le ha gustado esta decisión, pero no creo que esté muy preocupado, porque sus asesores deben saber muy bien que un pronunciamiento de esas características no tiene ningún efecto, fuera de un efecto de carácter moral”.

Añadió que “La CPI tendría que llevar esto a una serie de etapas posteriores para que en un momento determinado entrara a juzgar a funcionarios venezolanos de cualquier magnitud, de cualquier jerarquía, por violación de los derechos humanos”. 

Londoño recordó que este tipo de medidas las ha tomado la CPI con distintos países del África y, en efecto, es la primera vez que un país del continente se ve sometido a este tipo de investigación.