Después de la sentencia que emita la Corte Constitucional sobre una tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe buscando que le quiten la condición de imputado, a partir de la indagatoria que rindió ante la Corte Suprema, la investigación en su contra por fraude en actuación penal y soborno a testigos podría tener hoy un cambio radical.

Sus abogados argumentan que la indagatoria no equivale a una imputación. Si el alto Tribunal llegare a considerar que hay violación al debido proceso, ello impactaría el caso que por estos hechos lleva contra Uribe la Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá.

La causa contra el exmandatario fue abierta en julio de 2018 por la Corte Suprema de Justicia después de archivar una denuncia que este formuló contra el senador Iván Cepeda (Partido Polo Democrático), acusándolo de manipular testigos en las cárceles para que lo vincularan con el paramilitarismo.

La Sala de Instrucción señaló que “después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador (Uribe), personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”.

En agosto de 2020, la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento domiciliario con carácter preventivo contra el expresidente, permaneciendo en esa situación durante 67 días. Durante este tiempo, Uribe renunció a su escaño de senador, con lo cual el caso salió de la Corte a la Fiscalía.

En tanto que en octubre del año pasado la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Salcedo, ordenó la libertad del expresidente porque, dijo, no puede haber privación de la libertad sin imputación de cargos. 

Por su lado, en abril pasado y tras varios meses de estudiar el proceso, el fiscal que fue asignado, Gabriel Jaimes, pidió la preclusión del caso al considerar que no hay pruebas de que Uribe cometiera delito alguno.

En tanto que en noviembre pasado, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia de otorgarle la libertad a Uribe; sin embargo, consideró que la indagatoria que rindió ante la Corte Suprema es equiparable a la imputación, contradiciendo lo que al respecto había dicho la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá.

Ante esto los abogados de Uribe presentaron en enero de este año una tutela al Tribunal Superior de Bogotá en contra del Juzgado Cuarto Penal, alegando violación al debido proceso y a la defensa.

La defensa del exmandatario señaló en el recurso radicado que no hay punto de comparación entre la indagatoria y la imputación del delito que se contempla en el nuevo Sistema Penal Acusatorio. “No hay ni siquiera claridad de cuántos delitos se están imputando a Álvaro Uribe Vélez, ni en qué consiste cada uno de ellos”, destacó.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela por considerar que no se cumplieron los requisitos que exige este mecanismo, entre otros que sea excepcional y subsidiario.  

Fallo de la Corte

La Corte Constitucional seleccionó para estudio la tutela que presentaron los abogados del expresidente contra la decisión del Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, la cual figura en primer lugar del orden del día de hoy en la Sala Plena.

La respectiva ponencia fue presentada por el magistrado Alejandro Linares, en la cual se conoció rechazaría los argumentos de la tutela, pues sostendría que la indagatoria en la Corte Suprema equivaldría a la imputación que hace la Fiscalía. Además habría argumentado que la renuncia de Uribe al Congreso no implicaría que se retire la imputación.

Se ha conocido que la Sala está dividida, pues apoyarían la ponencia de Linares los magistrados José Fernando Reyes y Jorge Enrique Ibáñez, en tanto que avalarían los argumentos de la tutela los togados Paola Meneses, Gloria Ortiz, Alberto Rojas y Antonio José Lizarazo. No hay luces sobre cómo votarían las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo.

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Si es negada la ponencia de Linares, ello obligaría en la Corte Constitucional a designar otro magistrado ponente que presente un escrito dando la razón a la tutela, lo que impactaría el proceso que adelanta el Juzgado 28 Penal del Circuito, pues ya no podría considerar que Uribe fue imputado por fraude en actuación penal y soborno a testigos.

En ese escenario hipotético, el ‘balón’ quedaría en la cancha de la Fiscalía pues una de sus funciones es imputar la comisión de un delito con base en las pruebas que tenga. No obstante, ello no ocurriría en este caso porque, como se dijo, en abril pasado el fiscal Gabriel Jaimes presentó ante un juez la solicitud de preclusión de la investigación al exmandatario, tras determinar que no incurrió en delito alguno en este sonado caso de falsos testigos.

Así las cosas, el proceso contra Uribe llegaría a su fin con la preclusión del caso. 

Mientras tanto, el caso proseguirá en el Juzgado 28 Penal del Circuito con la intervención, como ha ocurrido en las últimas semanas, de las víctimas que se acreditaron por la supuesta actuación irregular de Uribe.

Por estos mismos hechos la Fiscalía investigó e imputó a Diego Cadena, quien fue abogado de Uribe, y que según el acervo probatorio habría hecho ofrecimientos y entregado dádivas a dos exparamilitares en la cárcel para cambiar la declaración en que comprometen al expresidente Uribe por supuestos vínculos con grupos de autodefensa.

Sobre esto, el abogado Cadena ha salvado la responsabilidad de Uribe y en varias diligencias ha dicho que fue él quien entregó dinero a dos exparamilitares, pero que no fueron sobornos sino “viáticos” y ayuda humanitaria.

Cadena señaló que en 2017, tuvo conocimiento de una pelea en La Picota entre el exparamilitar Carlos Enrique Vélez y Pablo Hernán Sierra, presunto testigo fabricado por el senador Iván Cepeda para que declarara en contra Uribe Vélez.

Agregó que, como en ese entonces abogado defensor del expresidente, decidió ir a dialogar con Carlos Enrique Vélez, y “cuando yo hablé con Uribe yo le ofrecí que yo recolectaba esos datos”. 

Aseguró que con base en dicha información le pidió al exparamilitar consignar en un “documento con mi membrete y el que contaba lo que había denunciado (la presunta manipulación para declarar contra Uribe), que en julio de 2017 se entregó a la Fiscalía”, y por ello le hizo dos pagos que ascendieron a $2 millones, pero que nunca fueron sobornos sino una “ayuda humanitaria”, enfatizó Cadena.

En tanto que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve dijo que en una reunión en la cárcel La Picota de Bogotá, el 22 de febrero de 2018, el abogado Cadena le ofreció supuestamente ingresar a la JEP y le llevó un documento listo para firmar, si cambiaba su declaración en contra de Uribe.

Mientras que la Corte Suprema investiga al exrepresentante Álvaro Hernán Prada Artunduaga, por el presunto delito de soborno en actuación penal en calidad de cómplice