La Comisión Europea presentó su estrategia para el establecimiento de la regla fiscal o disciplina fiscal, para todos los países. Este plan, denominado Pacto de Estabilidad, mantiene el tope del déficit público en un 3% y prevé un mayor abanico de sanciones, aunque con reducción de importes.

No obstante, Bruselas ha señalado que los cambios que propone no significan que se vayan a alcanzar acuerdos bilaterales entre la Comisión Europea y el Estado miembro en cuestión, sino que cada uno de los planes estructurales tendrá que ser respaldado por el Consejo.

La nueva senda de gasto, que atiende a la petición de flexibilidad que hicieron países como España, clasificará a los Estados miembros en tres categorías, en base a la deuda pública que acumulen.

Así, los países con una deuda "sustancial" deberán alcanzar un ajuste fiscal completo en el horizonte de este plan, es decir, cuatro años, que se reducen a tres en el caso de las economías con una deuda "moderada", mientras que aquellos con una deuda "baja" no tendrán la obligación de realizar ajustes.

Sin embargo, la propuesta contempla que para los países que tengan una gran deuda pública el periodo de cuatro años pueda extenderse hasta un máximo de siete, si estos se comprometen a realizar reformas o inversiones. En todo caso, los Estados miembros deben asegurar que la deuda está en una senda de descenso plausible.

Cláusula

Asimismo, se introduce una cláusula específica de escape para los Estados miembros que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios, tales como pandemias o guerras, derivados del actual contexto poscovid-19 y de la crisis tras el ataque de Rusia a Ucrania.

La propuesta mantiene algunas de las obligaciones de la actual disciplina, como es el caso del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), que continúa en un máximo del 3%, mientras que el PDE basado en la deuda se reforzará y se activará cuando un Estado miembro con una deuda superior al 60% del PIB se desvíe de la senda de gasto neto acordada.

Según ha destacado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, "lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembros reduzcan los elevados niveles de la deuda pública de forma realista, gradual y sostenida", lo que está condicionado a "alejarse de los requisitos poco realistas impuestos por la regla de reducción de la deuda del 1/20" que imperaba en el anterior plan.

Asimismo, Gentiloni ha subrayado que la Comisión confía haber alcanzado un "equilibrio creíble" que permitirá a los Estados miembros decidir sus propios planes a medio plazo para que puedan "ganar tiempo y gradualidad" en la reducción de la deuda.

En términos similares se ha expresado el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, quien aseveró que "las orientaciones de hoy van más allá de las reglas fiscales" pues son el resultado de "un diálogo abierto con los Estados miembros para identificar sus necesidades y retos específicos", lo que permitirá "adaptar las nuevas reglas a cada una de las economías de la UE".

Más sanciones

En cuanto a las penalizaciones al incumplimiento, Gentiloni ha incidido en que "se mantiene la posibilidad de sanciones económicas y se hará más creíble reduciendo los importes". La "paradoja", aclaró el comisario de Economía, es que para que las sanciones sean más aplicables, deben ser más ligeras, "pasando de lo nuclear a lo convencional". 

El nuevo sistema fiscal amplía este abanico, por ejemplo, añadiendo castigos que tengan un mayor efecto reputacional, como la posibilidad de que los ministros de los Estados miembros en el procedimiento de déficit excesivo también puedan presentar en el Parlamento Europeo las medidas para cumplir con las recomendaciones del PDE.

Además, debido al especial riesgo de que se produzcan repercusiones negativas dentro de una unión monetaria, sería posible aplicar sanciones financieras a los países de la zona del euro en caso de incumplimiento.

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Revisión del gasto

Otra de las propuestas de la Comisión Europea, en este sentido, es un nuevo instrumento para hacer cumplir los compromisos de reforma e inversión que sustentan una trayectoria de ajuste más gradual, por lo que, si un Estado miembro no cumple sus compromisos de reforma e inversión, la herramienta facultará a la Unión Europea para solicitar una revisión de la senda de gasto primario neto plurianual para imponer también sanciones financieras.

Estas medidas se complementan con un refuerzo de la prevención a través del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) centrado, según ha señalado Gentiloni, en los nuevos riesgos, lo que permitirá una detección y evaluación temprana de la gravedad de los desequilibrios emergentes.

En 2021, según la oficina estadística europea, los ingresos a través de los impuestos y las cotizaciones sociales aumentaron en 520.000 millones de euros en los 27 Estados miembros, hasta alcanzar en conjunto los 6 billones de euros.

La subida, explica Eurostat, se debe a la recuperación económica posterior a la crisis sanitaria y económica, al impulso del empleo y al devengo de los impuestos aplazados en 2020 con motivo de la pandemia. Por partidas, los impuestos sobre la producción y las importaciones supusieron el 13,8% del PIB; los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, entre otros, se situaron en el 13,3% del PIB; y las cotizaciones sociales netas alcanzaron el 14,3% de la riqueza.

En general, la presión fiscal aumentó en la mayoría de los socios, registrándose la mayor de las subidas en Chipre, con un alza de dos puntos porcentuales. Por contra, cinco países, entre los que se encuentra Francia, redujeron la presión. La mayor disminución se registró en Hungría, con un par de puntos porcentuales menos. De media, la UE anotó en 2021 la mayor presión fiscal desde el año 2000.

La visión del FMI sobre el ajuste

De acuerdo con el concepto del Fondo Monetario Internacional (FMI), las reglas fiscales en la UE están basadas en riesgos. Los actuales valores de referencia de déficit de 3% y deuda de 60% siguen vigentes, pero el ritmo y el alcance de los ajustes fiscales dependerían del grado de los riesgos fiscales. Estos riesgos se detectan a partir de un análisis de sostenibilidad de la deuda basado en una metodología común, desarrollada por un nuevo e independiente Consejo Fiscal Europeo (CFE), en consulta con otras de las principales partes interesadas.

Otro elemento es el fortalecimiento de las instituciones fiscales nacionales. Explica el FMI que todos los países de la UE tendrían que adoptar Marcos Fiscales a Mediano Plazo y fijar topes plurianuales de gasto anual que sean coherentes con su ancla de saldo global correspondiente al período. Los consejos fiscales nacionales independientes cumplirían un papel más protagónico a la hora de reforzar los contrapesos y las salvaguardias en cada país, lo que comprendería realizar o avalar proyecciones macroeconómicas, evaluar los riesgos fiscales y garantizar la coherencia de los topes de gasto y los planes fiscales.

Considera el FMI que la capacidad fiscal de la UE bien formulada serviría para cumplir dos funciones clave: mejorar la estabilización macroeconómica, sobre todo cuando la política monetaria está operando en su límite inferior efectivo, y facilitar el suministro de bienes públicos en la UE, como infraestructura para el cambio climático y la seguridad energética. La consecución de estos objetivos ha cobrado más urgencia debido a la transición verde y las preocupaciones comunes en torno a la seguridad.