La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en segundo de ocho debates, el proyecto constitucional con el que se busca reformar la justicia colombiana, especialmente en lo concerniente a los requisitos para elegir a los altos funcionarios de la Rama Judicial y de los órganos de control.

La iniciativa establece una nueva forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, eliminando el trámite de la lista de elegibles en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, como está hoy en día. 

Según lo aprobado por la Plenaria de la Cámara, serán la propia Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado los que elijan a sus magistrados a través de convocatorias públicas. 

“Lo que se busca es fortalecer la autonomía de las cortes y la participación de profesionales competentes y experimentados, cuya evaluación por parte de las cortes a las que aspiran a pertenecer, permita seleccionar al mejor candidato posible, mediante la observancia de los requisitos legales, aptitudes profesionales y atributos éticos necesarios para el desempeño del cargo al que aspiran”, explicó el representante del Partido Conservador, Buenaventura León, coordinador ponente del proyecto. 

En contraposición, el representante de Alianza Verde Mauricio Toro manifestó que “en el proyecto se quiere eliminar la convocatoria vigente, no estoy de acuerdo que se haga un concurso público, estoy pidiendo que se dejen las cosas como están”. 

En el proyecto de acto legislativo 230 de 2021, la Cámara también modifica artículos de la Constitución para cambiar los parámetros en la elección de los cargos de Fiscal General, Procurador General, Defensor del Pueblo y Contralor. 

La iniciativa propone que a quienes opten por estos cargos ya no se les pida el cumplimiento de parámetros similares a los que se utilizan para la elección de magistrados de las altas cortes, pues ejercen funciones distintas.

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En cambio, la reforma aprobada en su segundo de ocho debates establece que quienes opten por los cargos de Fiscal General, Procurador General, Defensor del Pueblo y Contralor General deberán acreditar “título universitario de abogado con experiencia profesional mínima de 15 años, y experiencia profesional simultánea o complementaria no menor a 15 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas, o como docente universitario por el mismo tiempo. En el caso puntual del Fiscal General, se le exigirá además de lo anterior, el título de posgrado en derecho penal.

Entre los puntos importantes que traería esta ley, de llegar a superar los seis debates restantes que le quedan en el Congreso, está que la selección de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado se hará mediante el mecanismo de cooptación. Esto quiere decir que deberán ser elegidos por nominación interna.

En ese sentido, el Consejo Nacional de la Judicatura no elaborará más listas que tengan que ver con la selección de magistrados para el Consejo de Estado ni para la Corte Suprema de Justicia.

Otra de las disposiciones de la ley tiene que ver con que se eleva a la categoría de Corte Nacional Judicial lo que hasta ahora se conoce como la Comisión Nacional Judicial.

En cuanto al punto que se había aprobado en primer debate y que le daba a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la capacidad para investigar al Fiscal, al Contralor, al Procurador, al Defensor del Pueblo, al Auditor General y al Registrador Nacional, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, Lorduy aclaró que no se incluyó para este segundo debate.

El representante de Cambio Radical, le explicó a EL NUEVO SIGLO que “sobre la base de opiniones en considerar que la Comisión de Acusaciones de la Cámara no es bien vista en esta tarea, además no hay ningún elemento que permita inferir que esa actividad desarrollada por la Corte Suprema de Justicia no se haya desarrollado de manera bien adecuada, seguiremos con esa fórmula”.

Algunas voces, como la de Asonal Judicial, consideraban que pasar la investigación de los órganos de control de la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Acusación implicaba una posible impunidad, debido a que calificó ese órgano de la Cámara como “inoperante”.

Este proyecto pasará al Senado para continuar su trámite legislativo.