En próximos días se instalará la mesa de diálogo con los elenos. Ya está para sanción la ley de paz, la guerrilla designó a sus negociadores y el Ejecutivo tiene listos los suyos. La sede principal será Cuba y se avanza en precisar la agenda. Aquí un análisis de los temas a no repetir del proceso con las Farc.

1. ACELERAR CESE EL FUEGO: La administración Petro y el Eln decidieron retomar el ciclo de negociaciones en el mismo punto en que se encontraba en agosto de 2018, cuando fue congelado en el arranque del mandato Duque y luego roto definitivamente a comienzos de 2019 tras el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes de la Policía, en Bogotá. Al concluir ese sexto ciclo de conversaciones había dos temas sobre la mesa: acordar las bases de un nuevo “Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional”, y el diseño del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz.  Como se sabe, uno de los mayores problemas en la negociación Farc-Santos fue, precisamente, la demora en pactar un cese el fuego definitivo. De hecho, solo en 2014, tras cuatro años de diálogos, las Farc declararon un “cese unilateral definitivo de acciones bélicas contra la Fuerza Pública, la infraestructura y la población civil”. Antes de ello, hubo seis ceses parciales y temporales unilaterales por parte de la guerrilla. En todos los casos siempre hubo denuncias de incumplimientos de lado y lado, que le restaron credibilidad y piso político a un proceso que venía desgastado.

Con el Eln, en el proceso que se retomará, hubo un solo antecedente de “Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional”. Fue entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018. Las partes y los países garantes indicaron que se cumplió en su mayoría.

Es evidente, pues que el gobierno Petro y el Eln deben acelerar la posibilidad de un acuerdo sobre cese el fuego. Desde luego, uno de los puntos centrales será que en medio de ello otras organizaciones no ocupen los territorios. Tardar uno o dos años en este punto sería altamente inconveniente. Negociar en medio de la guerra, asesinatos, masacres, secuestros y terrorismo desgasta gravemente el proceso y le resta margen de acción a la salida política negociada.  

2. ASEGURAR TOTAL DESMOVILIZACIÓN: otro de los yerros en el proceso con las Farc fue que las partes nunca advirtieron claramente que apenas una porción del pie de fuerza subversivo estaba comprometida con la negociación. Solo después de 2016, cuando se firmó el acuerdo y comenzó el cronograma de desarme, se evidenció que un grupo importante de cabecillas y frentes (muchos de ellos expertos en combate) se habían apartado del proceso y quedado en el monte (disidencias). Luego, tras la pérdida del plebiscito, la accidentada habilitación del acuerdo en el Congreso, la desmovilización y el arranque de la implementación del pacto, otros cabecillas y guerrilleros de base, en cabeza del propio exjefe negociador alias ‘Iván Márquez’, se apartaron del acuerdo y volvieron a la clandestinidad (reincidencias).

Así, aunque fueron considerables las tropas desmovilizadas de las Farc (entre los siete mil hombres-arma y un monto adicional de personal logístico y de apoyo), hoy por hoy las facciones que nunca entraron al proceso o las que volvieron al monte conservan alrededor de 4.000 combatientes que, junto al Eln, son el mayor problema de seguridad y orden público. Aplicando, entonces, esa lección aprendida, el gobierno Petro debe asegurarse que todo el pie de fuerza del Eln esté comprometido con el proceso de paz. ‘Antonio García’, ahora máximo jefe del ‘Comando Central’ (Coce), dijo semanas atrás que había total compromiso de todos los bloques y frentes. Sin embargo, igual decían ‘Márquez’ y compañía sobre las Farc en 2016 y las evidencias del incumplimiento están a la vista.

 Además, no hay que olvidar que el Eln es una estructura no tan vertical como lo eran las Farc, sino más confederada y horizontal, en donde la toma de decisiones es más complicada y los comandantes de los ‘frentes de guerra’ tienen más peso específico, como es el caso de alias ‘Pablito’.

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3. ESTADO DEBE CONSOLIDAR TERRITORIO: otra de las grandes fallas en el proceso Santos-Farc fue la demora de la Fuerza Pública y la institucionalidad para hacer presencia permanente, efectiva y funcional en las zonas en donde rigieron ceses el fuego, ya fueran los temporales o el definitivo. Esa falencia permitió que el Eln, las disidencias y reincidencias, así como carteles mexicanos y bandas criminales (‘Clan del Golfo’ o ‘Los Caparros’) entraran a pelear a sangre y fuego por el dominio de los corredores del narcotráfico, minería ilegal, contrabando, tráfico de armas, tala de madera y otras economías ilícitas. Esa demora en la consolidación territorial también llevó a un resurgimiento de masacres, desplazamiento forzado, aumento de narcocultivos, así como al asesinato sistemático de líderes sociales y desmovilizados. Hoy el Eln, grupos activos de Farc, carteles y bandas siguen enfrentándose en regiones como Arauca, Catatumbo, Nariño y otras zonas. Esto con el agravante de que los dos primeros tienen como retaguardia estratégica a Venezuela, con abierta complicidad del régimen de Nicolás Maduro, lo que, sin duda, es un factor que dificulta sustancialmente la aplicación de un cese el fuego, su verificación, así como el accionar de la Fuerza Pública para evitar que otros grupos ilegales traten de ‘conquistar’ las zonas de operación de un Eln en tregua o vía de desmovilización.

4. MODELO DE NEGOCIACIÓN: una de las mayores críticas al proceso Farc-Santos fue, precisamente, el modelo de negociación que se aplicó y la forma en que las partes no lo cumplieron o le hicieron esguinces. Por ejemplo, el Gobierno siempre dijo que el acuerdo sería refrendado en las urnas y el dictamen popular acatado, lo que no se cumplió tras el triunfo del No en octubre de 2016. También se comprometieron las Farc a desmovilizarse totalmente, ayudar a desmontar las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y ofrecer, en el marco de la JEP, verdad, justicia, reparación y garantía de no reparación plenas en la materia, lo que tampoco se ha concretado, pese a que ya participan plenamente en política y ocupan curules en el Congreso, incluso sin haber sido sentenciados los máximos responsables.

Y, la falla más grande: la negociación se le presentó al país como la “terminación definitiva del conflicto”, pero nunca lo fue, ya que desde el principio el Eln y otros grupos armados quedaron por fuera. 

Con el Eln la negociación será distinta. De un lado, insiste en el modelo de basar el proceso y un eventual pacto en una especie de “Convención Nacional” con la sociedad civil, retomando para ello los insumos de los diálogos temáticos regionales que se adelantaron en el gobierno Santos, todo ello con destino a una reforma de amplio espectro al Estado. También ha dicho, frente a la política de paz de Petro, que su proceso es independiente a los diálogos de Gobierno con disidencias, reincidencias y bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la minería criminal y otras actividades ilícitas. Y, en un tema de mucho fondo, reitera que mantener las armas es una garantía del cumplimiento del acuerdo… El gobierno Petro debe, entonces, desde el comienzo, definir cuál será el modelo de negociación, qué clase de tratamiento político y judicial se aplicará al Eln y qué pasará con el asunto clave del desarme. No definir, de entrada, ese modelo sería muy grave para el país y la meta de una pacificación total. Lo único que el gobierno ha adelantado es que cada punto negociado en la mesa se aplicará de inmediato, pero sin un cronograma y una temática previamente establecida queda por saberse el marco general y el tiempo en que ello se llevará a cabo.