De extrema gravedad la decisión del Ministerio de Salud en torno a recusar a la procuradora general y la procuradora delegada en asuntos de Trabajo y Seguridad Social para que no conozcan del proceso y metodología para calcular el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025.

Como se sabe, la UPC es la cantidad de dinero que el Estado reconoce, a través del fondo-cuenta Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado. Con esos recursos, se debe garantizar la atención médica integral a los usuarios, pagar a clínicas y hospitales, sufragar medicamentos y demás costos del orden sanitario y administrativo.

El problema radica en que el valor de la UPC está rezagado, según EPS, gremios, estudios técnicos, personal de salud, red hospitalaria, asociaciones de pacientes, industria farmacéutica y otros actores del sistema. Incluso, algunos de los diagnósticos recientes señalan que la entidad aseguradora gasta $108 por cada $100 que recibe por concepto de esta unidad de pago por usuario.

A ello se suma que la Adres también está retrasada en el giro de los llamados “presupuestos máximos”, que son los costos adicionales no cubiertos por el plan básico de servicios en que incurren las EPS en la atención a sus afiliados.

De esta forma, el cálculo deficitario de la UPC, así como la demora en los “presupuestos máximos” llevaron a que durante este gobierno la crisis de sostenibilidad financiera del sistema se haya agravado sustancialmente. Prueba de ello es la cantidad de EPS intervenidas por la Superintendencia sectorial (con dos de las más grandes pidiendo salir del sistema), en tanto que muchas clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, están en números rojos, cerrando servicios y retrasados en pagos a proveedores y personal. Todo esto por una cartera morosa cercana a los 19 billones de pesos.

Como se ve, fijar el valor de la UPC es un asunto trascendental para que el sistema de salud pueda superar la crisis. Para este 2024, por ejemplo, el ministerio de Salud autorizó un incremento de 12,01%, correspondientes a 9,73% de ajuste inflacionario más 2,28% por actualización, inclusiones y otros conceptos. El valor promedio, entonces, fue de $1.444.086 por usuario. Sin embargo, para las EPS, gremios y estudios especializados ese reajuste no fue realista, ya que desconoció elementos como el aumento de la demanda de servicio médico, tratamientos más complejos, encarecimiento de medicamentos y tecnologías, cambios demográficos y otros. De hecho, se advirtió que el aumento debió ser, por lo menos, 3% mayor, sin contar con los déficits acumulados desde comienzos de la década.

El pasado 18 de diciembre, en vista del agravamiento de la crisis del sistema, la Procuraduría requirió al ministerio del ramo la información detallada sobre el proceso de fijación del valor de la UPC para 2025. Petición oportuna, sobre todo porque mientras el Gobierno avanzó que el aumento estaría apenas unos puntos por encima de la inflación causada (5,1% posiblemente), gremios, EPS y centros de estudios plantean un reajuste superior al 16% para equilibrar las cuentas.

Sin embargo, frente a esa solicitud, apenas normal dentro de las funciones del Ministerio Público, la cartera de Salud, en una respuesta insólita, omisiva y desinstitucionalizadora, decidió recusar tanto a la procuradora general como a la procuradora delegada, alegando que no son imparciales ni objetivas por haber emitido “conceptos, consejos, opiniones y perjuicios sobre la presunta crisis financiera y humanitaria de salud, así como del sistema en general…”. Pidió, entonces, nombrar a otras funcionarias pese a que la resolución debe expedirse antes de terminar 2024.

¿“Presunta” crisis? ¿Acaso el Gobierno cree que las EPS no están al borde de la parálisis por un déficit billonario? ¿Considera normal la cantidad de estas intervenidas o que piden salir del sistema? ¿No ve la situación calamitosa de clínicas y hospitales? ¿Desconoce el innegable deterioro de la calidad y pertinencia en la atención médica? ¿Cree que no existe la grave escasez de medicamentos esenciales? ¿Observa normal la billonaria cartera morosa de las EPS a la red prestacional? ¿O considera un invento el cierre de servicios, demoras en pagos de salarios y despido de personal de salud que se denuncia a diario en todo el país?...

Con esa preocupante actitud negacionista es claro que es inviable no solo la actualización de la UPC, sino buscar una solución eficiente al asunto de los “presupuestos máximos” o activar un plan de choque en medicamentos o lanzar un salvavidas financiero al sistema. Tampoco se podrán consensuar ajustes al segundo −e igualmente controvertido− proyecto de reforma a la salud en el Congreso. Nada es posible si el Ejecutivo desconoce la realidad que día a día sufren millones de colombianos. Hay un sistema en crisis, que ya está costando incluso vidas. Asumir la postura política e ideológica de no admitir lo que está pasando es de extrema gravedad.