A 8 días de su posesión, el Presidente electo ha propuesto una Guardia Nacional, pero también ha insinuado una amnistía para criminales. Y, muchas cosas más

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ANDRÉS MANUEL López Obrador (AMLO) quiere reformar México. Así de simple. Y ser comparado con Lázaro Cárdenas o Benito Juárez.

No ha dudado un solo minuto en reiterar que los últimos 36 años de gobierno en México son comparables con el período de Porfirio Díaz (el porfiriato). Las élites y los aparatos de corrupción se afianzaron. Todo, en detrimento del pueblo.

“Como somos honestos tendríamos que empezar por lo de arriba y no solo los de ahora porque esta crisis no comenzó hace un mes, ni el año pasado, ni este sexenio”, ha dicho, agregando que, “entonces tenemos que tomar la decisión. Yo no quiero hacer lo mismo, no quiero simular, no me gusta la espectacularidad en la política”.

La idea, recién llegue al poder, el 1 de diciembre, es que el pueblo decida cuáles serán las prioridades de su gobierno. ¿La corrupción?, que la OCDE calculó que se roba el 10% del PIB; ¿la seguridad?, en una país que este año ha tenido la tasa de homicidios más alta de su historia.

Para consultarle al pueblo ha decido lanzar una serie de consultas populares. Un mecanismo que le dé legitimidad a su gobierno e invite al pueblo a ser parte de la democracia participativa en México, donde poco o nada se tiene en cuenta la voluntad de los sectores menos favorecidos, dice él.

Hace dos semanas convocó a los mexicanos a votar sobre la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, megaproyecto de 13 mil millones de dólares que ha estado envuelto en numerosos escándalos de corrupción. Aparte de que por ley no está facultado para citar a consultas (solo lo puede hacer cuando sea gobierno), en el proceso solo participó el 1% del padrón electoral y tuvo, dice la prensa local, numerosas irregularidades.

Algunos han dicho que AMLO quiere legitimar su forma de gobernar: democracia participativa, consultas, diálogo. Pero lo hace no porque carezca de la misma –ganó en primera vuelta- sino que necesita reiterar que así será su mandato mientras negocia otro tipo de prerrogativas. Por ejemplo, la seguridad.

Al mismo tiempo en que celebraba los resultados de la consulta, que derivaron en la suspensión del aeropuerto (al menos, por ahora), le hizo guiños a los militares y ha lanzado una idea que ha caído muy mal en los sectores más progresistas: la creación de una Guardia Nacional.

Sus mensajes no solo han sido confusos en temas de seguridad. A los neoliberales, a los que ha atacado, argumentando que son los responsables de 34 años de echar para tras al país, les ha dicho que no tendrán cabida en su gobierno. Pero no parece ser así. Ha planteado, en oposición a lo anterior, un consejo de asesores compuesto por los principales empresarios del país, entre ellos los presidentes de Televisa y TV Azteca, calificados en campaña como los encargados de “envenenar” México.

AMLO, aunque no se ha posesionado, parece vacilar en sus explicaciones. El martes, en entrevista con Carmen Aristegui, fue poco claro en dar a conocer su plan de seguridad para enfrentar al crimen organizado. “En un estado democrático, la tarea de la seguridad pública es fundamental para garantizar la vida de toda la población y no solo de minorías privilegiadas”.

La periodista, Aristegui, le dijo que “son soluciones catárticas”, a lo que no tuvo poco más que responder con su libro en mano y con el descrédito de sus opositores como argumento: “Es que no conocen”.

Escribe, en El País de España el escritor Jorge Zepeda, que al final se concluye que “ha pactado una alianza con las élites”.

Punto final

Esta semana, en una visita express, una delegación del gobierno entrante en México estuvo en Colombia para conocer los detalles del proceso de Justicia y Paz, firmado entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia.

El interés de AMLO es, como lo ha dicho desde la campaña, firmar una especia ley de “Punto Final”, conocida como aquel proceso que el presidente argentino Raúl Alfonsín implementó en 1987 para activar la caducidad de la acción frente a los crímenes cometidos en el marco de la dictadura militar en esa nación.

Por lo pronto, no se sabe mucho del plan del Presidente mexicano, pero lo que sí ha quedado claro en sus intervenciones es su voluntad de iniciar lo que él llama la “transición democrática”, reconociendo a priori, como explica la literatura de la Ciencia Política, que el Estado mexicano está en guerra y vuelve a la paz o que estaba gobernado por una dictadura y renace la democracia.

No parece claro ninguno de los estados, más allá de los malos números de México en materia de gobernabilidad y seguridad. Aparentemente, AMLO lo que intenta promover es una ley de amnistía que vincule a numerosos actores que han sido o son parte del crimen organizado y a miembros del Estado. Pero no a todos los últimos, como lo dio a entender esta semana.

Frente aquellos que han sido funcionarios públicos, el Presidente entrante ha dicho que como parte de su etapa de estudio con el pueblo, quiere lanzar una consulta ciudadana en la que se pregunte si los mexicanos quieren que se investiguen los hechos de corrupción en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Hay que pensar con mucha responsabilidad que en honor a la justicia, si se trata de juzgar y abrir expedientes, se tiene que empezar con los de arriba”, ha dicho, aunque, como ha reiterado en varias entrevistas, “tendría que enjuiciar a Salinas, a Fox, Calderón, Peña Nieto, habría demasiado escándalo y no podría hacer lo que quiero para acabar con la corrupción, me quedaría anclado”.

A pocos días de su posesión, sus políticas no son muy claras. Vacila.