La gigante tecnológica estadounidense Google actualizó sus lineamientos para manejar los anuncios políticos, en momentos en que las plataformas en línea siguen bajo presión con el objetivo de que eviten ser utilizadas para difundir información engañosa o falsa destinada a influir en los votantes.
Google dijo que sus reglas ya prohíben difundir elementos falsos a cualquier anunciante, incluidos aquellos con mensajes políticos. Pero está haciendo su política más clara y agregó ejemplos de cómo se prohíbe contenido como imágenes o videos manipulados o dirigidos con intereses específicos.
"Está en contra de nuestras políticas que cualquier anunciante haga un aviso falso, ya sea sobre el precio de una banca o uno de que usted puede votar por mensaje de texto, que el día de las elecciones se pospone o que un candidato ha fallecido", detalló el vicepresidente de gestión de productos de anuncios de Google, Scott Spencer, en una publicación en línea.
Los ejemplos de material publicitario prohibido incluyen anuncios o enlaces a información que hacen afirmaciones demostrablemente falsas y que podrían socavar la confianza de los votantes o su participación en las elecciones.
“Por supuesto, reconocemos que el diálogo político robusto es una parte importante de la democracia, y nadie puede juzgar con sensatez cada reclamo político, contrademanda e insinuación”, expresó Spencer.
“Por lo tanto, esperamos que la cantidad de anuncios políticos en los que actuemos sea muy limitada, pero continuaremos haciéndolo ante violaciones claras”, sentenció.
Acusaciones
De otra parte, Amnistía Internacional (AI) hizo una crítica enérgica al modelo de negocios “basado en la vigilancia” de los gigantes de internet Facebook y Google, considerándolo una "amenaza sistemática para los derechos humanos".
En un reporte, la ONG argumentó que al hacer que sus servicios en línea sean gratuitos, esenciales para miles de millones de personas y luego utilizar los datos personales recopilados para publicidad dirigida, estos grupos amenazan la libertad de opinión y expresión.
"Su insidioso control de nuestras vidas digitales socava los cimientos mismos de la privacidad y es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo en materia de derechos humanos", afirmó Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, citado en un comunicado.
"Google y Facebook han erosionado gradualmente nuestra privacidad. Hoy estamos atrapados. O nos sometemos a esta vasta máquina de vigilancia -donde nuestros datos se utilizan fácilmente para manipularnos e influenciarnos- o renunciamos a los beneficios del mundo digital", añadió.
"La extracción y el análisis de datos personales, en proporciones tan grandes, son incompatibles con las diferentes facetas del derecho a la privacidad, incluyendo la libertad de intrusión en nuestras vidas privadas, el derecho a controlar la información sobre nosotros y el derecho a un espacio donde podamos expresar libremente nuestras identidades", indicó AI.
Según la ONG, "la vasta arquitectura publicitaria de Google y Facebook es un arma poderosa en las manos equivocadas", porque "puede ser mal utilizada con fines políticos" y "deja el campo abierto a todo tipo de nuevas estrategias publicitarias que sean explotadoras, como atacar a personas vulnerables que luchan contra la enfermedad, los trastornos mentales o la adicción".
La organización hace un llamado a los gobiernos para que "actúen urgentemente", incluyendo con "la aplicación de leyes estrictas de protección de datos y la regulación efectiva de las actividades de los gigantes de la tecnología".
Datos y publicidad
Facebook se defendió de lo que consideró inexactitudes del reporte. "El modelo de negocio de Facebook no se centra, como sugiere su síntesis, en la recopilación de datos de las personas", dijo el grupo en respuesta a un resumen del informe de AI. "Como usted correctamente nota, no vendemos datos, vendemos anuncios".
El jefe y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, hizo un llamado a los gobiernos para que regulen más la gestión de los datos personales, en lugar de permitir que las empresas privadas tomen decisiones cruciales sobre, por ejemplo, los límites de la libertad de expresión.
En septiembre, el gigante de las redes sociales dijo que había suspendido "las decenas de millones" de aplicaciones potencialmente riesgosas en términos de respeto a la privacidad de sus usuarios.
Esta medida se llevó a cabo tras una investigación que respondió al llamado escándalo de Cambridge Analytica: en 2018, un informante reveló que la empresa británica había llevado a cabo campañas de manipulación masiva, a través de aplicaciones de terceros en Facebook, para influir en los votantes estadounidenses y británicos.
Google, por su parte, no ha respondido a ninguna solicitud al respecto.
Por otro lado, varios medios franceses, entre estos la Agence France-Presse, denunciaron a Google ante la Autoridad de la Competencia, al acusar al gigante de internet de eludir los derechos afines, un nuevo mecanismo europeo destinado a garantizar el pago de contenidos digitales.
La Alianza de la Prensa de Información General y el Sindicato de Editores de la Prensa de Revistas presentaron la denuncia el pasado viernes y el martes hizo lo propio la AFP, indicaron el miércoles las tres organizaciones.
A principios de 2019, una directiva europea creó los derechos afines, una disposición similar a los derechos de autor, en beneficio de la prensa escrita.
El objetivo es que periódicos y agencias de prensa negocien una remuneración con los gigantes digitales -que perciben el grueso de los ingresos publicitarios en internet-, por reutilizar sus contenidos. Francia es el primer país de la UE en aplicar la directiva.
Google, que prácticamente ejerce un monopolio como motor de búsqueda, rechazó cualquier negociación y para adaptarse a la ley, impuso nuevas reglas, aplicables desde mediados de noviembre.
Los sitios de información deben aceptar que el motor utilice gratuitamente extractos de sus artículos en sus resultados. De lo contrario, sus informaciones serán menos visibles, con un simple título y un vínculo, lo que provocará casi inevitablemente la caída del tráfico hacia sus páginas.
"Una elección mortífera" entre "la peste y el cólera", según los términos de Jean-Michel Baylet, presidente de la Alianza y del diario La Dépêche du Midi.
Los medios, que denuncian un abuso de posición dominante, solicitan en sus denuncias medidas cautelares para que la ley se aplique.
El gigante estadounidense rechaza los argumentos de los medios de prensa.
"Google ayuda a los internautas a hallar contenidos de actualidad entre numerosas fuentes y los resultados siempre se basan en la pertinencia, no en acuerdos comerciales", subrayó un portavoz del grupo a finales de octubre en una declaración a la AFP.
Las organizaciones de prensa recibieron el apoyo de casi 1.500 profesionales de medios, escritores, editores, directores, músicos y abogados europeos, firmantes de una tribuna en la que instan a la UE a "reforzar los textos para que Google ya no pueda esquivarlos".
El presidente Emmanuel Macron también respaldó a la prensa a principios de octubre afirmando que una empresa no "puede eludir" la ley en Francia.
En 2005, la AFP denunció a Google en Estados Unidos y Francia por violación de las reglas de protección del copyright, antes de alcanzar un acuerdo.