La semana pasada Colombia recordó que el 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo del Teatro Colón.
La efeméride se dio en medio de un repunte de la violencia que bien se puede poner como prueba de que es cierto lo dicho por el general (r) Jorge Enrique Mora, excomandante de las Fuerzas Militares, días antes: “Estoy convencido desde que participé en esos acuerdos que lo que nosotros hicimos en La Habana fue ponerle fin al conflicto armado con las Farc. No fue ningún proceso de paz”.
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En el cuarto aniversario del pacto, apoyado por la ONU y que transformó al grupo guerrillero, o al menos a su dirigencia, en el partido Farc, no hubo actos o discursos especiales de conmemoración. Gobierno y desmovilizados chocaron en sus apreciaciones sobre la implementación de los compromisos que se negociaron por cuatro años en Cuba, y que fueron rechazados en un plebiscito antes de ser revisados y suscritos en noviembre de 2016.
Bienes
El Gobierno ha expresado su expectativa por la entrega de bienes para reparar a las víctimas. Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, dijo que confía en que el partido Farc cumpla la palabra empeñada y entregue a más tardar el 31 de diciembre los bienes prometidos en el inventario presentado en agosto de 2017 para reparar a las víctimas.
Según la información reportada por la Sociedad de Activos Especiales, con corte al 15 de noviembre, se han monetizado $4.069 millones de lo hasta ahora entregado, incluidos rendimientos financieros; esto equivale aproximadamente a un 0,7% del total de bienes inventariados y a entregar.
"Falta mucho camino por recorrer para que las Farc indemnicen y satisfagan aquellos intereses y aquellas demandas lícitas que tienen las víctimas", dijo el martes el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
Según el Gobierno, la guerrilla ha incumplido su compromiso de entregar los bienes destinados a indemnizar a los afectados y todavía no ha ofrecido una verdad judicial sobre los múltiples crímenes que se ha atribuido.
Asesinatos
Del otro lado, está la alta cifra de homicidios contra los desmovilizados. "Han asesinado 242 firmantes de la paz en el transcurso de estos cuatro años, de manera que el balance es por decirlo de alguna manera, agridulce", señaló en redes sociales el senador Carlos Lozada, del partido Farc.
La ola de ataques -que solo este año deja unos 59 excombatientes muertos- es quizá la mayor amenaza que planea sobre la paz incompleta en Colombia, pero no la única.
Aunque unos 13.000 guerrilleros -el grueso de las Farc- se acogieron a lo firmado, varias facciones disidentes-reincidentes se mantienen en armas. Sin un mando unificado, esos grupos se han venido fortaleciendo en puntos específicos del territorio gracias a los interminables recursos del narcotráfico y la minería ilegal.
"Se pasó de una guerra de 'orden nacional' a múltiples conflictos en lo local", indicó la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Por su parte, el observatorio Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha documentado este año 76 matanzas con 306 muertos.
Así, Colombia entró en un nuevo ciclo de violencia con varios grupos enfrentados por el control territorial, los narcocultivos y las rutas de la mafia, que tiene como principales víctimas a exguerrilleros y activistas de derechos humanos o líderes sociales.
Como también lo reseñó este Diario, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía ha logrado un avance de 48,21% en esclarecimiento de afectaciones contra los desmovilizados de las Farc.
Así se lo manifestó la semana pasada la vicefiscal encargada Martha Janeth Mancera a los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) durante una audiencia pública convocada para informar sobre las gestiones para esclarecer los asesinatos y amenazas contra comparecientes de las Farc.
Según Mancera, con corte al 11 de noviembre, de los 280 casos reportados, 135 han sido esclarecidos con avances significativos así: 34 casos superaron la fase de imputación y están en investigación; en 45 hay órdenes de captura y avanzan en indagación; 20 están en juicio, en 33 hay sentencias condenatorias y tres precluyeron.
En el esclarecimiento de afectaciones por delito, se registra el 48% de avance en los homicidios, esclareciéndose 108 de los 225 casos, mientras que en tentativa de homicidio el progreso investigativo es de 43,9% y en desaparición forzada de 64,29%.
Sobre las afectaciones, el 43,7% de los homicidios de reincorporados, defensores y población que ha esclarecido la Fiscalía se lo atribuye a los Grupos Armados Organizados residuales (GAO-r) -como se denominan en los informes oficiales a las disidencias-reincidencias-, en tanto que el 11,11% es autoría del Eln, el 9,63% al Clan del Golfo (GAO también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc) y el 5,96% a otras estructuras.
Disidencias-reincidencias
Según un informe de inteligencia presentado al Senado en junio por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, los disidentes-reincidentes serían 4.600, de los cuales 2.600 serían hombres y mujeres en armas, mientras el resto miembros de redes de apoyo y milicias, tanto rurales como urbanas.
Según esa información de inteligencia, en el país hay identificados 32 de estos grupos que hacen presencia en 20 departamentos, en más de 120 municipios y en casi 2.500 veredas.
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Es claro que las disidencias (grupos que se apartaron de las Farc antes de la firma del acuerdo de paz en 2016) y reincidencias (jefes y combatientes desmovilizados que volvieron a las armas) tienen un común denominador en su plan de expansión territorial y operacional: el dominio de las zonas de narcocultivos, minería ilegal, contrabando, tráfico de armas, tala ilegal de madera, extorsión, préstamos ‘gota a gota’ y otros delitos asociados.
Precisamente semanas atrás, el presidente Iván Duque aseguró que los GAO-r estaban siendo combatidos con todo el potencial militar y policial.
Entre los disidentes-reincidentes, el Eln y las bandas del narcotráfico, como el Clan del Golfo, suman al menos 7.600 combatientes que actúan en 240 de los 1.100 municipios colombianos, según Paz y Reconciliación (Pares).
Sombrío panorama
El sombrío panorama que se presenta hoy ante el país no es sorpresivo para varios analistas que previeron las negativas consecuencias de la forma como se adelantó el proceso.
Para Antonio Navarro, copresidente de la Alianza Verde, “el problema más grave asociado con el acuerdo de paz de 2016, ha sido la incapacidad del Estado de ocupar los territorios de donde salieron las Farc. Esos vacíos los han llenado otros grupos armados. Eso explica parte del aumento de las masacres”.
En un conversatorio que organizó el 18 de noviembre la Universidad Militar Nueva Granada, fue que el general Mora hizo el comentario citado al principio. Allí mismo, el alto oficial retirado admitió que “no puedo eludir la responsabilidad de haber sido parte del equipo. En muchos de los desacuerdos y en muchas de las contradicciones lo manifesté verbalmente y dejé constancia por escrito de las inconveniencias que se habían incluido en el proceso de La Habana”.
Alejo Vargas, académico y politólogo de la Universidad Nacional, encuentra justificada la apatía frente al fin concertado de las Farc. "Hay un sector importante de la sociedad colombiana que no estaba de acuerdo con esa negociación como se planteó, que probablemente lo que quería era cárcel para los dirigentes de las Farc, etc. Y ese sector no solo ganó el plebiscito, sino que también ganó la presidencia", comentó a la AFP.