Formalmente la Fiscalía acusó ayer a Sergio Fajardo ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, por un empréstito por la suma de 98 millones de dólares para la sustitución de deuda que se firmó en 2015 cuando era gobernador de Antioquia, que por las falencias que habría tenido generó un detrimento de más de $98 mil millones al departamento.

"El juicio se realizará el 2022", señaló la Corte en Twitter. Ello indica que la etapa definitiva en este proceso que tiene más de cinco años comenzaría después de mediados del mes de enero próximo, teniendo en cuenta que las altas Cortes entrarán a vacancia judicial desde la tercera semana del presente mes.

Como se sabe, Fajardo aspira a la Presidencia en las elecciones de mayo próximo, como parte de la Coalición Centro Esperanza, en la que espera disputar la candidatura única de este bloque político en marzo en una consulta en la que también participarán el exministro Juan Fernando Cristo, el senador Jorge Enrique Robledo, el exsenador Juan Manuel Galán, el exministro Alejandro Gaviria y el exgobernador Carlos Amaya.

Entonces, cuando comience en la Corte el juicio a Fajardo, posiblemente entre enero y febrero, habrá fechas clave en el calendario electoral para los comicios de jefatura de Estado previstos para el 29 de mayo, pues el 29 de enero inicia la inscripción de candidatos y también arranca la campaña; en tanto que el 28 de febrero se activa la propaganda contratada en prensa y radio y el 11 de marzo cierra la inscripción de candidatos.

Fajardo ha señalado que sus actuaciones al frente de la Gobernación estuvieron enmarcadas en la ley.

Ha explicado que “cuando llegamos a la Gobernación de Antioquia, en enero del 2012, Antioquia tenía una deuda interna y una deuda externa. De hecho, tenía dos créditos en dólares con la banca multilateral, uno con el BID y otro con el Banco Mundial que, valga la pena anotar, no tenían ningún tipo de cobertura. Revisamos la deuda que se tenía y tomamos la decisión de buscar un reacomodo, de perfilar esa deuda, de buscar unos mejores plazos, de forma tal que liberamos unos recursos para inversión”.

Señaló también que “a través del Findeter, que es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Hacienda, que tiene entre sus funciones ayudar a los municipios y departamentos para que tengan unas mejores finanzas, llegamos a un contrato que facilitaba Findeter. Era un crédito Findeter que nos permitía convertir una deuda que teníamos en pesos a una deuda en dólares. Eso fue con la aprobación de Findeter, que para poder hacer esa aprobación tiene que revisar todas las condiciones y hacer todos los estudios, como los hicimos en la Gobernación. Llegamos a la conclusión de que era un contrato benéfico para el departamento”.

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En tanto que horas antes de que la Fiscalía formalizara la imputación en su contra ante la Corte, el exgobernador trinó que “después de 5 años de investigación en la Fiscalía, por fin tendré la oportunidad de defenderme ante la Corte Suprema de Justicia, donde demostraremos que se equivoca la Fiscalía y no cometí ningún delito”.

Señaló también en Twitter que “nos quieren sacar de la carrera porque somos un estorbo para los corruptos y para quienes siempre han gobernado. No han podido y no podrán hacerlo”.

La semana pasada, Fajardo dijo ante la confirmación de un fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones, que lo incluye junto a 25 personas más naturales y jurídicas por los retrasos en la construcción de Hidroituango, que “no les importa el proyecto, ni que exista seguros, ni riesgo a la comunidad de Hidroituango, necesitaban culparme, le temen al cambio de poder hacia un gobierno donde la contratación no sea un botín".

Qué dijo la Fiscalía

Al formalizar la Fiscalía delegada ante la Corte la acusación a Fajardo, dijo que en su calidad de gobernador de Antioquia vulneró los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación, al tramitar y celebrar el contrato de sustitución de deuda N.° SF140013 de diciembre 5 del 2013, entre Corpbanca y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) por 98 millones de dólares, con destino a la sustitución de unas deudas a cargo del contratante.

Añadió el ente acusador que en el contrato se pactó el desembolso, pago de intereses y capital en moneda nacional; “sin embargo, realmente se vino ejecutando, sin justificación alguna, en dólares americanos”.

La Fiscalía determinó que la ejecución del contrato produjo un daño patrimonial, que representó la cuantía de la apropiación en favor del contratista, en la suma de $98.433.870.402, por la modificación que se dio en la tasa de cambio.