Antes de la llegada al poder de Gustavo Petro, su discurso económico desde la izquierda como senador y luego como candidato tenía que ver con el ataque al gran capital y con la mira puesta en adoptar un modelo estatista basado en subsidios y en ayudas solidarias.

Sin embargo, una vez llegó a la Casa de Nariño, hábilmente se dio cuenta de que, aunque aparentemente esa desigualdad y pobreza que recalcó como uno de los objetivos inmediatos para atender, no se podrían bajar sino con reformas de fondo y con las que ya traía en marcha la economía.

Con sorpresa se dio cuenta de que subsidios de los gobiernos anteriores, tanto de Santos como de Duque, debían seguir funcionando porque estaban dando resultados luego del impacto económico de la pandemia. Ahí estaban el Ingreso Solidario, las Familias en Acción, los subsidios a las nóminas que ayudaron a paliar el desempleo y otros.

El Petro mandatario comprendió que parte de ese impulso de la economía debía continuar porque el crecimiento se estaba recuperando y además el desempleo ya estaba cayendo, como ya en octubre llegó a un dígito. Es decir, no todo estaba mal.

El mandatario sabía que se subía a una máquina económica que estaba en pleno movimiento, pero también debía lidiar, como todos los presidentes entrantes, con un presupuesto y un plan desarrollo establecidos por el gobierno saliente.

Y tal vez uno de los aciertos de Petro fue, una vez se posesionó, radicar un proyecto de reforma tributaria que pretendía el mayor recaudo en la historia del país y un Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023.

En dos meses y medio, con la aplanadora del Pacto Histórico y sus aliados de otras bancadas, logró aprobar un PNG y adicionar una partida de $14,2 billones y una reforma tributaria que mínimo debe recaudar $20 billones cada año.

Los ingresos

Con ambos ingresos el gobierno Petro buscará avanzar en la formalización de tierras, el subsidio a la energía y gas, la implementación de los programas de paz, el fortalecimiento de las capacidades instaladas de los servicios de salud e inmunización y el fortalecimiento de la educación superior a través del Icetex.

Asimismo, otros avances importantes de este gobierno han sido los pactos que con los empresarios ha podido realizar. El primer pacto fue “por la Justicia Tarifaria”, que es un acuerdo inicial con 82 empresarios de la cadena de la energía en Colombia para que a partir de noviembre se redujera el precio de este servicio público en una proporción entre un 4% y 8%; además, se comprometieron a trabajar en la estabilización de las tarifas en 2023 y a construir otra fórmula de las mismas.

Y el otro pacto fue con los dueños de la tierra en Colombia. El Gobierno logró firmar con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) una promesa de compra-venta de 3 millones de hectáreas de tierra para “la materialización de la paz territorial”. Y con ello este gobierno está dando los primeros pasos para el logro de una reforma agraria que entregue tierras a la población rural.

Los problemas

Ahora, en el medio de este panorama, al Gobierno le ha tocado lidiar con problemas económicos que se derivan, principalmente, del exterior, como el efecto de la guerra en Ucrania, que ha provocado un incremento de los precios en la mayoría de bienes y servicios –inflación–, unas tasas de desempleo altas, una desaceleración generalizada de la producción y un deterioro del bienestar de los hogares con más pobreza.

No en vano, aunque la tasa de desempleo logró bajar a un dígito (9,7%), la tasa de informalidad está cerca del 60%, la inflación al finalizar noviembre llegó a 12,53% y se espera que el crecimiento finalice este año en 8%. Además, y paralelo a la inflación, el Banco de la República ha incrementado las tasas de interés a niveles que nunca se tenían, como el del 11% actual.

Tal vez una de las grandes fallas del Gobierno es no comunicar bien las decisiones económicas y crear incertidumbre, como sucedió con el futuro petrolero que produjo la caída de las acciones de Ecopetrol y disparar el dólar hasta una cifra superior a los $5.100.

Arnoldo Casas, director de Inversiones de Asset Management en Credicorp Capital, indica que “el Gobierno tiene metas claras, pero el mensaje no ha sido manejado prudentemente y en ese sentido no se ha generado una expectativa buena del futuro y eso ha contribuido a que el mercado del dólar haya tenido una fuerte reacción. Pero hay un hecho político que es la reforma tributaria, una victoria evidente que muestra que hay camino para ejecutar cosas en pro de tener un mejor país”.

Pero advierte que los logros se controvierten cuando se mandan expectativas negativas sobre el futuro de ciertas industrias en el sentido de que se va a cambiar.

• Le puede interesar: Brasil: otra vez la llave Lula-Haddad buscará fortalecer la economía

Incertidumbre

Por eso es partidario de que para evitar generar miedo e incertidumbre en los mercados y los negocios hay que ser cautos y precavidos a la hora de transmitir lo que se quiere. “Es un acierto político la reforma tributaria. Pero en el sector minero-energético se pueden reducir los negocios y la inversión extranjera que podría venir al país”, señala el analista de Credicorp Capital

Pero, asimismo, los fenómenos de inflación y un dólar en aumento han alterado el clima de los negocios.

Las más reciente Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo evidenció cómo la confianza, tanto industrial como comercial, está en declive. Estos resultados “responden a la creciente incertidumbre que se cierne sobre la economía mundial y sobre la colombiana”, dijo en su momento, al analizar los datos Hernán Avendaño, director de estudios económicos de Fedesarrollo.

En ese orden de ideas, advirtió que “en el frente interno, desde hace varios meses se ha percibido el aplazamiento de proyectos de inversión que tendrán repercusiones en el crecimiento del próximo año”.

De otro lado, la última encuesta de la Andi sobre inversión afirmó que hay incertidumbre. Allí se evidencia que el desarrollo de proyectos de inversión productiva también se ha reducido, dice el gremio de los empresarios. En junio el 73,5% de las empresas manifestaron tener proyectos en ese momento, en julio la cifra bajó a 65,8% y en septiembre llegó a 49,7%. Por otro lado, el número de empresas que no están haciendo proyectos de inversión aumentó, así como las que manifestaron que tienen los proyectos aplazados.

Minas y energía

Una de las carteras que más confusión ha creado entre los inversionistas es la de Minas y Energía, liderada por Irene Vélez. Y uno de los principales puntos que agitó el ambiente sectorial fue la afirmación de que no se firmarían nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos.

La ministra ha señalado que el compromiso es hacer una transición energética y un tránsito hacia una economía menos extractivista. Gremios como la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) y Naturgás advirtieron que esto tendría varios efectos nocivos tanto en las cuentas fiscales como en la autosuficiencia en el abastecimiento.

Con respecto al petróleo, otra medida que ha promovido Vélez es la Ley Antifracking, que busca prohibir el desarrollo de estos proyectos. Pese a que el proyecto hace trámite en el Congreso, Ecopetrol ya señaló que no continuará con los pilotos y disolverá el contrato que tiene al respecto.

Pese a esto, durante el tercer trimestre (julio a septiembre de 2022), Ecopetrol reportó ingresos por $43,43 billones, mientras que las utilidades llegaron a $9,51 billones, los mayores en toda la historia.