Un cimbronazo recibió el Gobierno con relación al compromiso que adquirió con la implementación del Acuerdo de Paz, por las observaciones que hicieron el exjefe negociador, el senador Humberto de la Calle, y el exalto comisionado Sergio Jaramillo, quienes en una declaración pública sobre el estado en que se encuentra, manifestaron que las buenas intenciones no se traducen aún en avances en la materia. 

Señalaron su preocupación De la Calle y Jaramillo, quienes fueron parte del equipo que nombró el entonces presidente Juan Manuel Santos para las negociaciones con las Farc en La Habana (Cuba), que derivaron en la firma del Acuerdo de Paz en noviembre del 2016, porque “al finalizar el año, no ha sido nombrado en la Presidencia de la República un responsable de liderar la ejecución del Acuerdo y la articulación de las diferentes entidades encargadas de su implementación”. 

Añaden que recientemente fue “encargado formalmente de esas funciones el Alto Comisionado para la Paz (Danilo Rueda), quien divide su tiempo entre las negociaciones con el Eln –cuyo reinicio celebramos vivamente–, los intercambios permanentes con organizaciones de crimen organizado en el campo y la ciudad, y sus otras responsabilidades en la Presidencia de la República. Es humanamente imposible que el Comisionado, además de esas tareas, se encargue eficazmente de la implementación del Acuerdo de Paz”. 

Señalan en la declaración que a la fecha tampoco ha sido nombrado un director en propiedad de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ni se ha creado, como estaba previsto, el Sistema Nacional de Reincorporación.

Agregaron que el mes pasado se cumplieron seis años de la firma del Acuerdo Final con las Farc. “La dedicación de las comunidades en los territorios y la vigilancia de la comunidad internacional lograron mantener vivo en este tiempo el proceso de paz, en medio de tantas dificultades. Al fin y al cabo, el presidente Duque había construido su plataforma electoral sobre la base de su oposición al Acuerdo”. 

Por eso, señalan Jaramillo y De La Calle, “cuando el presidente Petro anunció en su posesión como primer punto de su decálogo de gobierno que 'vamos a cumplir el Acuerdo de Paz', celebramos el renovado compromiso con el proceso de paz. Un semestre más tarde, observamos con preocupación que las buenas intenciones no se traducen aún en avances en la gestión e implementación del Acuerdo”.  

Más aún, indicaron, “las bases del Plan Nacional de Desarrollo parecen reflejar un menor compromiso con la implementación del Acuerdo. Mientras que en el plan de gobierno Duque existían 48 indicadores asociados a la implementación, en las bases publicadas por el Gobierno hay seis veces menos indicadores (8)”. 

Agregan que tampoco “parece haber” indicadores para la mayoría de los planes nacionales de la reforma rural integral, lo que hace imposible medir su avance, ni para los cultivos de uso ilícito y el desarrollo alternativo, ni para la reincorporación de excombatientes, ni para cumplirle a las víctimas del conflicto. “Lo que los gobiernos no miden, no lo hacen”.

No obstante, destacan “el incremento significativo de recursos para el Ministerio de Agricultura y las agencias del sector rural, indispensables para la implementación del punto 1 del Acuerdo-reforma rural integral”. 

Al tiempo que alentaron al Gobierno a financiar y poner en marcha los 16 planes nacionales en materia de desarrollo rural, que “son la esencia de la RRI (Reforma Rural Integral) y que seis años después de su firma escasamente se han terminado de formular”. 

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Cultivos ilícitos

Recaban el excomisionado de Paz y el exjefe negociador que la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos supone un reto mayúsculo para el nuevo Gobierno. 

En ese sentido, recuerdan que los cultivos de coca llegaron a 204 mil hectáreas en el último año del gobierno Duque. “Por lo mismo, es urgente que el gobierno Petro produzca una hoja de ruta para implementar de manera vigorosa el programa, con el enfoque territorial que propone el Acuerdo. Es bien conocida la relación directa que existe entre la presencia de cultivos de coca y de organizaciones criminales en los territorios por una parte, y el asesinato de líderes sociales por la otra”. 

Violencia en los territorios 

“La violencia recurrente en los territorios amenaza la implementación del Acuerdo, que pretendía precisamente evitar el reciclaje de la violencia”, señalan De la Calle y Jaramillo en la declaración.

Agregan que son inquietantes las noticias “cada vez más frecuentes de masacres en las regiones (30 en este semestre, según Indepaz) y el incremento significativo de asesinatos de líderes sociales en el nuevo Gobierno (50 % más, según la Fundación Ideas para la Paz)”.

La JEP

En la citada declaración también hicieron un llamado al Gobierno a proteger la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “que en los últimos meses ha mostrado resultados sin precedentes en un proceso de paz, como son los reconocimientos voluntarios de responsabilidad ante un tribunal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de exguerrilleros y agentes del Estado. Ahora es importante que se cumplan las sanciones correspondientes como lo prevé el Acuerdo –asegurando los recursos para su ejecución– y que se continúe el proceso de esclarecimiento de verdad para las víctimas”.

Enfatizaron que “no hay ninguna necesidad de reformar la JEP, ni mucho menos de incluir en ella organizaciones de crimen organizado que nada tienen que ver con sus propósitos”.

Por último, hicieron un llamado a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia a “no descuidar” el mandato del Consejo de Seguridad;  y a la comunidad internacional a insistir “con el mismo vigor en la implementación del Acuerdo de Paz”.

Qué ha dicho el Gobierno 

Al cierre de esta edición el Ejecutivo no se había pronunciado sobre la declaración de Humberto de La Calle y Sergio Jaramillo.

La implementación del Acuerdo de Paz es una de las banderas con las que se eligió Gustavo Petro. Hace algunas semanas, el mandatario dijo que el Gobierno tiene la voluntad política de cumplir los acuerdos de paz.

“Nosotros vamos como Gobierno –es nuestra voluntad política–, creo que por eso nos nombraron, nos eligieron, a intentar cumplirlo, pero implica un cambio completo de la estructura del gasto público en Colombia, que en mi opinión vale la pena, pero que ya verán ustedes cuántas fuerzas van a intentar impedir que se haga”, recalcó.

En ese sentido, en octubre pasado, Petro planteó al reinstalar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), que para lograr la paz en Colombia es necesario reformar el Marco Fiscal y priorizar la compra de tierras.

“¿Vale la pena romper el Marco Fiscal para hacer la paz? ¿Vale la pena la posibilidad de un endeudamiento mayor del Gobierno para cumplir los acuerdos de paz con las Farc? ¿Vale la pena comprar 3 millones de hectáreas de tierra y entregárselas al campesinado dentro de la frontera agraria para aumentar la producción de alimentos en Colombia?”, dijo el jefe de Estado.

En ese contexto, el mandatario les pidió a la Csivi, los analistas económicos y los políticos del país evaluar esas alternativas que le permitan al Estado cumplir con los acuerdos de paz con las Farc, particularmente con el primer punto, que se refiere a la reforma agraria, fundamental para lograr la “Paz Total”.