¿Cómo se vivió la pandemia ocasionada por el covid en las cárceles colombianas? Es la pregunta que trata de responder el libro “Adaptabilidad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Colombia durante la pandemia del covid-19”, en donde se refleja la experiencia de 14 de estos centros.

Durante el lanzamiento de este libro se explicó que es el producto de una investigación realizada por el grupo encargado de analizar contextos penitenciarios del Instituto de Acción Social Rafael Arenas Ángel (Seres), de la Universidad del Rosario, que a través de los años ha abordado temáticas de gran relevancia nacional con el fin de ofrecer recomendaciones y aportes concretos que aporten a las problemáticas sociales.

El texto tiene un enfoque fenomenológico hermenéutico, donde se cuentan las experiencias y vivencias de todos los actores del sistema penitenciario en Colombia durante la pandemia del covid-19, involucra a personas privadas de la libertad, directores de establecimientos, cuerpo de custodia y vigilancia y personal administrativo. Con ellos se aborda la importancia de conocer lo que sucede al interior de los centros penitenciarios en una situación de pandemia, teniendo en cuenta el contexto de encierro habitual de estos establecimientos.

Participación

Es así como 14 establecimientos penitenciarios y carcelarios que resultaban representativos entre todas las regionales estipuladas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se sumaron a la investigación, que contó con una participación de 386 personas, de las cuales el 37 % eran personas privadas de la libertad, el 32 % personal de custodia y vigilancia, el 28 % personal administrativo y 3 % directivos de los establecimientos participantes.

Mónica Mendoza Molina, una de las autoras del libro, señaló que “la principal conclusión tiene que ver con la adaptación que tuvo que vivir el sistema penitenciario como tal en referencia a los nuevos relacionamientos que se presentaron entre actores. Se permite visibilizar que, en una situación de esta magnitud, se priorizan las medidas terapéuticas y de prevención, lo que conlleva necesariamente a consecuencias sobre la vulneración de los derechos humanos”.

Hernán Ciprián Nieves, coordinador del grupo de derechos humanos de la Dirección General del Inpec, resaltó el interés de la academia por conocer las vivencias de todos los actores involucrados en el contexto de la prisión. Destacó el trabajo de la Universidad del Rosario a través del Instituto Seres, por interesarse en investigar el proceso de adaptación del sistema penitenciario y carcelario a una situación tan compleja como fue la pandemia del covid-19. “Creo que siempre va a ser importante contar con esos insumos en investigación académica porque son referentes para que las mismas autoridades públicas puedan tomar decisiones en materia de políticas públicas para superar las problemáticas que traen estos retos como una pandemia”, manifestó.

Por su parte, Valentina Villamarín Mor, coautora del libro, indicó que el lanzamiento también se llevará a cabo al interior de las cárceles de Bogotá. “No queremos que se visibilice solo desde la universidad, desde los espacios académicos, queremos legitimidad tanto a nivel académico como a nivel penitenciario y que los resultados de la investigación sean conocidos por la población privada de la libertad. Por eso, durante el 2023 realizaremos el lanzamiento de esta publicación en los diferentes centros penitenciarios de Bogotá”, comentó.

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Resumen del libro

En el mundo, los sistemas de justicia usualmente utilizan la privación de la libertad por encima de otras decisiones punitivas. Esto hace que los establecimientos penitenciarios y carcelarios tengan elevadas cifras de población privada de libertad, cuyas tasas suelen aumentar año a año, en muchos países, manteniendo la sobrepoblación.

En América Latina, las tasas de encarcelamiento son casi el doble de la media mundial, con una sobrepoblación muy alta, y por lo general dichos establecimientos tienen deficiencia de recursos y difíciles condiciones de vida, lo cual lleva a que existan enormes dificultades para el acceso a derechos como educación, trabajo, agua potable, artículos de aseo personal y atención en salud, lo que convierte a las cárceles en lugares con una alta prevalencia de enfermedades infecciosas.

Dado que la población carcelaria vive de manera permanente con afectaciones a la salud, resultó oportuno hacer un análisis a las medidas que los diferentes actores del sistema adoptaron durante la pandemia del covid-19, describiendo la gestión realizada por la institucionalidad, identificando las prácticas sociales implementadas y caracterizando la forma en que se configuraron las redes de apoyo.

La emergencia sanitaria demandó esfuerzos en todos los países y en sus instituciones, que tomaron las medidas necesarias en medio de la situación atípica para mitigar los contagios y la expansión del virus, lo que, en ocasiones, se priorizó sobre la garantía de los derechos fundamentales de la población.

Los autores

Los autores fueron Mónica Mendoza Molina, coordinadora de posgrados en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia; Paola Bustos Benítez, investigadora asociada del Instituto Seres de la Universidad del Rosario; Giovanny Paredes Álvarez, investigador asociado al Instituto Seres de la Universidad del Rosario; Valentina Villamarín Mor, coordinadora de Investigación Social del Instituto Seres de la Universidad del Rosario.

Los casos

El primer caso positivo para covid registrado desde una prisión en Colombia sucedió en abril en la cárcel de Villavicencio. El condenado quedó en libertad poco tiempo después de haber sido diagnosticado con la enfermedad y en cuestión de días murió.

De acuerdo con el Inpec durante el primer año un total de 110 reclusos de los 132 centros de reclusión del sistema carcelario colombiano perdieron la vida a causa del covid. De estos, 104 fueron hombres y solo seis fueron mujeres.

El mismo reporte advierte que unas 21 mil personas se contagiaron con la enfermedad, entre las aproximadamente 96.100 privadas de la libertad vigiladas por el Inpec actualmente, los funcionarios y los guardianes de la misma institución.

Según detalló la institución, de dicha cifra, 19.068 corresponden a condenados en las cárceles del país; 1.124 pertenecen al cuerpo de custodia y vigilancia; 248 son auxiliares de la anterior corporación y 105 hacen parte de la unidad administrativa.

Las condiciones de hacinamiento desde la pandemia se han reducido en un 19,9 %, por cuenta del decreto 546, que permitió el cambio a reclusión domiciliaria a quienes cumplen ciertos requisitos.