En el proceso en que Nicaragua consiguió una zona de explotación económica no hay mucho por hacer.

Si la Corte le da la razón a Colombia en el sentido de que no era competente para conocer la demanda de incumplimiento presentada por Nicaragua, así como el proceso de la plataforma interoceánica, los dos procesos terminarían.

2015 será clave en el tema del litigio marítimo con Nicaragua. Este proceso se inició el 6 de diciembre de 2001, cuando Nicaragua presentó una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, alegando la invalidez del Tratado de 1928, reclamando la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés y sobre esta base pidiendo a la Corte el trazado de una delimitación marítima entre los dos países.

Los procesos están pendientes de dos “incidentes procesales”.

El primero, la presentación por parte de Colombia de excepciones preliminares (luego de conocer la Memoria de Nicaragua) y para argumentar que la Corte no tenía competencia dado que el asunto ya había sido resuelto en el Tratado Esguerra-Bárcenas.

El segundo, la solicitud de autorización para intervenir por parte de Honduras y Costa Rica argumentando que sus derechos podrían verse afectados por la sentencia.

Cuando se presentan incidentes procesales se otorga a las partes la oportunidad de presentar argumentos escritos adicionales y se realizan audiencias públicas, lo que prolonga los litigios en el tiempo, tal como ha ocurrido en el caso Nicaragua vs. Colombia.

Y es aquí que se esperan dos audiencias que se podrían registrar por los meses de julio y agosto.

Carlos Gustavo Arrieta, agente negociador, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que lo que viene por delante  son dos audiencias, pero no se espera ningún desarrollo diferente a esas audiencias.

Manifestó el jurista que la Corte debe presentar fecha frente a las audiencias en caso de las excepciones presentadas por Colombia.

“Son intervenciones habladas que hacen las partes. Estimamos que pueda ser entre julio y agosto, e incluso unos meses después”, precisó Arrieta, recordando que el proceso en cual se perdió una importante zona económica está muerto y no hay nada que hacer, salvó a que se encuentre algo en el cual se pueda presentar un recurso de revisión.

Con todo, Arrieta indicó que los dos procesos nuevos, tanto el de plataforma interoceánica como el de supuesto incumplimiento del Estado colombiano, se espera que las audiencias se den en el segundo semestre del año.

Para el abogado Arrieta, si se acepta la tesis colombiana en sentido de que la Corte no era la competente para conocer la demanda por incumplimiento ni el proceso de plataforma interoceánica, allí se terminarían los procesos. Esa posible aceptación podría darse a principios de 2016.

En este sentido, fue el mismo presidente Juan Manuel Santos quien anunció una acción jurídica ante la Corte Internacional de Justicia para contrarrestar la segunda demanda que inició el gobierno de Nicaragua, para ampliar su plataforma continental extendida.

“Colombia presentó ante Corte Internacional de Justicia un escrito que se conoce como demanda de excepciones preliminares. En este escrito se le solicita a la Corte declararse sin competencia para conocer la demanda interpuesta por Nicaragua contra nuestro país el pasado 16 de septiembre del año pasado”, informó en ese momento el jefe del Estado.

De la misma manera, no se descarta que se pueda desarrollar un tratado limítrofe con Nicaragua, con la finalidad de dirimir las controversias entre los dos países, cabe recordar que el mismo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lo ha señalado.

De otra parte, se espera que se continúe con el Plan San Andrés que es una estrategia del Gobierno nacional que busca blindar al archipiélago frente a los efectos económicos, productivos y sociales del fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Busca con inversiones económicas que los pescadores artesanales no se vean afectados, para lo cual el Gobierno prepara importantes medidas para impulsar proyectos de inversión en materia social y de infraestructura.