Con un consenso sobre la necesidad de reformar el desactualizado Código Nacional de Policía pero aún con reservas sobre varios aspectos del articulado, la Comisión Primera del Senado se dispone por fin hoy a dar debate a esta iniciativa que la administración Santos ha radicado en tres oportunidades como  fundamental para la convivencia, el mejoramiento de la seguridad urbana e incluso el postconflicto.

Esta iniciativa fue radicada en septiembre del año pasado por el ministro de la Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, con la firma de parlamentarios de la Unidad Nacional e incluso del Partido Conservador, sin embargo su trámite se ha dilatado, en parte porque la reforma de equilibrio de poderes y la reforma al Fuero Penal Militar se han llevado la mayor parte del tiempo de esta célula legislativa, pero también por las dudas que hay en el Congreso por algunas de las disposiciones que contempla.

En esto último, desde la radicación de la iniciativa, los ponentes han venido trabajando con el equipo redactor del Gobierno nacional en la revisión del texto y en la evaluación de las observaciones presentadas en las dos audiencias públicas (6 y 19 de noviembre de 2014) de este proyecto que se han llevado a cabo en el Congreso.

Uno de los temores principales que se han expresado en el Legislativo es que se transcriban tipos penales en el contenido normativo de la modificación de la legislación policiva “sin tener en cuenta lo dicho por la Corte y la descriminalización de ciertas conductas”, señala una de las dos  ponencias que se presentaron para primer debate.

En el primero de los tres proyectos de reforma al Código de Policía que radicó en el Congreso la administración Santos también se manifestaron reparos de los congresistas a ciertos aspectos, como la serie de multas que establece, pues es sabido que en el país la mayoría se queda sin pagar. En este sentido se plantearon alternativas comoatar el pago de las multas a ciertos trámites, que en un momento dado puedan obligar a la persona a pagar la multa.

Sobre el debate del día de hoy en la Comisión Primera el senador Manuel Enríquez Rosero le dijo a EL NUEVO SIGLO  que  “veo mucha preocupación en los miembros de la Comisión para aprobar el proyecto, lo que tengo entendido que se va a pedir que primero el Gobierno, que es el autor de la iniciativa, venga y explique la razón de algunas normas que causan preocupación.

Si bien pensamos que hay que expedir ese Código, que es necesario, pero también hay unas normas que en principio uno vería van en contra de los intereses de los ciudadanos”.

El Parlamentario nariñense espera que en la reunión en la mañana de hoy a las 8 a.m. de la bancada de La U se defina la postura que exhibirá la colectividad en el primer debate de este proyecto.

Por su lado, el senador Jaime Alejandro Amín (Partido Centro Democrático) le dijo a este Diario que “preocupaciones hay, pero para eso está la discusión en la Comisión, y creo que hay como un ambiente de dar la discusión porque donde sí hay consenso es en que las normas que regulan la materia son obsoletas, no son acordes a la época de hoy”.

Concepto

En enero pasado el Consejo de Política Criminal, encabezado por el Ministro de Justicia, no dejó bien parado el proyecto de reforma al Código Nacional de Policía y Convivencia, pues en informe de 19 páginas indica que hay varias disposiciones que violan principios constitucionales, como generar sanciones administrativas a conductas ya previstas en el Código Penal, crear nuevos deberes a los ciudadanos y definir sanciones, aunque pedagógicas, a menores de edad.

El organismo encargado para dictar la política en materia criminal del país cita como ejemplo multar a quien no denuncie actos que afecten o pongan en peligro la vida o integridad de una persona.

Además señala que las descripciones de los comportamientos contrarios a la convivencia son “vagos e imprecisos”, dejando a la interpretación a la Policía a la hora de imponer la sanción, lo que podría generar “actuaciones arbitrarias” contra los derechos de los ciudadanos.

“Esta norma entró en vigencia en 1970, por lo que el Gobierno está empeñado en actualizarla, de mejorar el  relacionamiento entre las autoridades y dar a la Policía nuevas herramientas para enfrentar temas como el hurto de celulares, la intolerancia y los conflictos por convivencia entre las mismas personas”.