La Procuraduría General de la Nación, a través de su Procuraduría Delegada en Asuntos de Salud, liderada por Diana Margarita Ojeda, solicitó al Ministerio de Salud un conjunto de información detallada sobre el proceso técnico y los datos utilizados para estimar los gastos en salud relacionados con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la vigencia 2025.
La solicitud, contenida en el oficio IUS E-2024-768508, tiene como objetivo asegurar que el cálculo de la UPC se realice de manera suficiente y técnica, garantizando el flujo adecuado de recursos para el sistema de salud. La Procuraduría destaca que el cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1751 de 2015, que regulan el sistema de seguridad social en salud en Colombia, establece la necesidad de asignar recursos suficientes y sostenibles para la atención de salud de la población.
Uno de los puntos clave en la intervención de la Procuraduría es la subestimación de la UPC en años anteriores. De acuerdo con estudios previos de la Procuraduría y otros expertos como ANIF, el cálculo de la UPC para los años 2023 y 2024 fue insuficiente, lo que afectó la sostenibilidad financiera del sistema.
La Procuraduría señala que, según el último estudio realizado por ANIF, publicado en octubre de 2023, "nuestras estimaciones sugieren que desde 2021 el cálculo de la UPC está subestimado, en promedio, en cerca de 2,8pp anuales". En este contexto, la Procuraduría exhorta a que, para 2025, se utilicen datos representativos de las EPS y que se ajusten por inflación y frecuencia, además de incorporar los cambios demográficos y epidemiológicos.
El oficio también solicita una serie de documentos y detalles sobre el proceso de cálculo de la UPC, tales como los análisis realizados por el grupo técnico de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, las actas de las reuniones de esta comisión, y los mecanismos implementados para validar la información reportada por las EPS. En el requerimiento, se solicita:
- "Documentos o conceptos que incluyan los análisis y recomendaciones del grupo técnico dirigidos a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, relacionados con el cálculo de la UPC para el año 2025".
- "Nombres de los funcionarios que actualmente conforman y participan de manera directa en las sesiones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud para el cálculo de la UPC del año 2025".
Asimismo, se requieren detalles sobre los posibles ajustes a la metodología de cálculo de la UPC para 2025, así como cualquier modificación prevista en las condiciones de salud para el cálculo de la misma. La Procuraduría solicita:
- "Informar si se ha previsto modificaciones a la metodología del cálculo de la UPC aplicable a la vigencia 2025".
- "Informar si se contemplan nuevos ajustes por condiciones de salud para el cálculo de la UPC 2025".
La Procuraduría enfatiza la importancia de que el Ministerio de Salud garantice un proceso participativo y transparente, que permita superar la crisis financiera y humanitaria que afecta la atención en salud de los colombianos y, a su vez, garantizar el derecho fundamental a la salud en el país.
Este requerimiento se realiza con el fin de fortalecer el sistema de salud y asegurar que los recursos sean suficientes para la correcta atención de los usuarios del sistema de seguridad social. La Procuraduría recalca que: "las medidas adoptadas por el Ministerio han venido generando una crisis financiera y humanitaria que afectan la garantía de los derechos fundamentales a la salud de los colombianos". Se espera que el Ministerio de Salud entregue la información solicitada en un plazo de cinco días.
La Procuraduría insta al Ministerio de Salud a que tome las medidas necesarias para cumplir con la normativa vigente y resolver la crisis financiera que afecta al sistema de salud, lo que es considerado esencial para garantizar el bienestar y la salud de la población colombiana.