La magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, anunció su impedimento para participar en el debate sobre la reforma pensional que cursa en el alto tribunal. En un comunicado oficial, Fajardo explicó que su decisión obedece a un posible conflicto de intereses, ya que actualmente adelanta una demanda para el traslado de régimen pensional y podría beneficiarse de las disposiciones de la ley en cuestión.
Fajardo sustentó su impedimento en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 98 del Acuerdo 02 de 2015, normas que regulan la transparencia y la publicidad en las actuaciones de la Corte Constitucional. "En aras de garantizar la publicidad y transparencia de todas las actuaciones de la Corte, presento a consideración de la Sala Plena los hechos en que fundamento mi eventual impedimento para participar en la toma de cualquier decisión relacionada con el asunto de la referencia", señaló la magistrada en su comunicación.
Reforma pensional y demanda de inconstitucionalidad
La reforma pensional, aprobada por el Congreso y convertida en la Ley 2381 de 2024, es una de las apuestas clave del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, enfrenta una demanda de inconstitucionalidad presentada por la senadora Paloma Valencia, quien argumenta que la norma presenta vicios de trámite legislativo y solicita su inexequibilidad total.
La Corte Constitucional deberá decidir sobre su validez con solo ocho magistrados, tras la declaración de impedimento de Fajardo. La ponencia en estudio, presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, propone declarar inconstitucional la reforma. Ahora, la decisión recaerá en los ocho magistrados restantes, quienes deberán alcanzar una mayoría de cinco votos. En caso de empate, se convocará a un conjuez designado por sorteo.
Beneficio personal y cuestionamientos
Según información revelada por La Silla Vacía, la magistrada Fajardo ya hizo uso de uno de los beneficios de la reforma, al lograr un traslado expreso al régimen de Colpensiones. Este traslado le permitiría acceder a una mesada de hasta 25 salarios mínimos, lo que representa cerca de 35 millones de pesos mensuales en la actualidad.
El caso de Fajardo también resalta los efectos que tendría la reforma sobre la viabilidad de demandas por traslados de régimen pensional. De hecho, su propia demanda para cambiar de régimen fue presentada en mayo de 2024 ante un juez en Ibagué, y gracias a la reforma, el trámite se agilizó, permitiéndole obtener la aprobación de su traslado a Colpensiones en solo cinco meses.
Al respecto, la magistrada señaló en su comunicación: "Dado que en la actualidad me encuentro adelantando una demanda para el traslado de régimen pensional, considero que mi participación en este debate podría ser interpretada como una afectación al principio de imparcialidad".
Impacto en el debate constitucional
Con el debate constitucional en curso, queda en el aire la pregunta sobre el futuro de aquellos que, como la magistrada Fajardo, ya se han beneficiado de la reforma. La decisión que tome la Corte Constitucional en las próximas semanas será clave para determinar el destino de la reforma pensional y su impacto en el sistema de jubilaciones del país.
En su comunicación oficial, Fajardo insistió en la importancia de la transparencia en este proceso: "Considero que la independencia judicial debe ser resguardada en todo momento, por lo que me aparto del debate para evitar cualquier suspicacia en la toma de decisiones".
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