La JEP citó al excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo a una audiencia adicional de aporte de verdad, los días 20 y 21 de febrero, como última oportunidad para que entregue información que permita esclarecer patrones macrocriminales de estructuras paramilitares, así como de alianzas sociales, políticas y económicas con dichos grupos que operaban en Atlántico y Magdalena, dada su amplia trayectoria en esta región.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP brinda esta oportunidad al excongresista Ashton para que aporte verdad plena, suficiente y exhaustiva, que supere lo conocido en la justicia ordinaria y que contribuya a la restauración de los tejidos sociales rotos por la violencia en la Costa Caribe.
En estos dos días de diligencia, la magistratura evaluará que los aportes brindados por Ashton Giraldo sean idóneos, serios, aptos, así como amplios y novedosos sobre los posibles responsables involucrados en la planeación, ejecución y ocultamiento de la macrocriminalidad desplegada por el frente 'José Pablo Díaz' del Bloque 'Norte' de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desde 1997, en el Atlántico.
Es decir, entre otros varios puntos definidos por la sala, el compareciente debe dar cuenta de los nombres de personas (terceros civiles, funcionarios públicos, o líderes políticos o gremiales) de las que tenga conocimiento que hayan participado en la conformación, incursión, instalación, financiación y operación del frente 'José Pablo Díaz'. Asimismo, se espera que nombre aquellas instituciones del Estado cuyos agentes o representantes hayan hecho acuerdos con dicho grupo armado ilegal.
El compareciente también deberá detallar su conocimiento sobre prácticas políticas o electorales delictivas o corruptas que llevaron a que se prolongara el conflicto en el Atlántico; y, sobre las elecciones al Congreso de la República como instrumento de cooptación de corporaciones e instituciones públicas, en relación con el proyecto paramilitar de 'refundar la patria'.
Álvaro Ashton fue aceptado en la JEP en julio de 2019, por los delitos de concierto para delinquir agravado, y cohecho por dar u ofrecer y amenazas. En septiembre de ese mismo año le fue concedido el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada.
En octubre de 2021, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas revocó su sometimiento y el beneficio de libertad. La decisión fue apelada y, en marzo de 2022, la sala le abrió un incidente de incumplimiento al considerar que existían inconsistencias en sus aportes de verdad, lo cual abrió la ruta para convocarlo a esta audiencia adicional como su última oportunidad para justificar su continuidad en la JEP y su compromiso con la restauración del daño causado a las víctimas.
A esta diligencia también fueron convocados los representantes de la Universidad del Atlántico, en calidad de víctima colectiva; las mesas de Participación de Víctimas de Atlántico y Magdalena; así como la Mesa de Víctimas de Soledad (Atlántico) y el Ministerio Público.