Política y guerra

Álvaro Gómez,  desde El Siglo y en el Congreso de la República, en los años sesenta, denuncia,  el proyecto subversivo de  asentarse en la periferia del país, principalmente en la extensa zona que comprende, entre otras cosas,  Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, en donde los seguidores de la  Revolución Cubana, pretendían segregar  a Colombia y erigir la República del Sur. La periferia, atrasada  comprende  el 70% del territorio nacional, con salida al mar Pacífico y el Atlántico, por donde se podría construir un canal interoceánico y   amenazar al resto del país. Esas regiones acumulan las mayores posibilidades geoestratégicas y mineras de Colombia y América, con extensos territorios, cuantiosas reservas de petróleo, oro y minerales estratégicos.

El conflicto armado en esas zonas muestra más vigencia que nunca, en cuanto con el auge de la minería, los cultivos ilícitos, el contrabando y gracias a la corrupción, la subversión  financia y renueva su potencial bélico. El control real de esa región  por parte del Estado colombiano es precario, en cuanto el desarrollo económico y la infraestructura tienen un retraso de siglos.

La población civil, los indígenas y los militares,  son víctimas del conflicto,  de una guerra que no se libra de manera exclusiva en el campo militar, su esencia  pende de lo político, lo social y económico. El Plan Nacional de Desarrollo concebido para ayudar a zonas  donde impera el atraso y la violencia, sitiadas por fuerzas despiadadas que luchan por apoderarse de  su riqueza, debería haber contribuido en estos últimos 20 años a fomentar el desarrollo e infraestructura del país, sin conseguirlo.  Desde la vigencia de la Constitución de 1991 se suceden  las acciones de tutela que buscan, ocasionalmente,  defender a las minorías o  son  pretexto para intentar  neutralizar vía judicial a las Fuerzas Armadas que luchan denodadamente  por consagrar el orden.

Un fallo de la Corte Constitucional de 2004 determinó que: ”que por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encontraba la población desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades encargadas de su atención, se habían violado los derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación”, etc, etc. Mediante sucesivos fallos que  horadan el papel de las Fuerzas Armadas,  buscan forzar  el retiro de bases militares, como la del Guaviare, lo  que degenera en  golpe de Estado contra el Ejecutivo. Si el Estado abandona las bases se produciría un eventual holocausto indígena y de la población civil en esas zonas, del cual culparían al presidente Santos.  La Corte Constitucional, mediante  comunicado confuso,  que deben esclarecer, como lo expresé en el programa 360 grados, según al auto 173 de 2012, deja entrever que las bases y  nuestros soldados son tratados como fuerzas de ocupación extranjera, lo que haría imposible restaurar la paz,  para favorecer  el  proyecto de la República del Sur.

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Nota. Ejemplar y valiente Aracely Morales, que renuncia a Sayco,  antes que convertirse en  firmona de corruptos.