La idea fundamental de la democracia es que las personas se gobiernen a sí mismas. Pero el idealismo del autogobierno y que los ciudadanos -el llamado constituyente primario- participen en el día a día del gobierno es imposible en la práctica. ¡Qué pesar!
Todo esto ha evolucionado hacia un sistema en el que la población acude a las urnas para votar a unos políticos que tienen que representar los intereses de los votantes. Es un mandato que otorgamos como constituyente primario a los gobernantes. Por esta razón el gobernante, quien resulta elegido para un determinado cargo público de elección popular se debe completamente a nosotros. No al revés. Y en últimas, somos nosotros los que le pagamos el sueldo a ese gobernante y resultaría ser casi nuestro empleado. No al contrario. Por eso debe hacer únicamente lo que beneficie nuestros intereses. Debe consultar cualquier medida que quiera tomar. Pero resulta que, en estos sistemas como el nuestro, con exceso de poder tanto en la representación nacional como local, los gobernantes terminan yendo en contra de los intereses de quienes los eligieron y prácticamente se mandan solos.
La Constitución, más que la ley, no solo debe establecer el marco para los poderes de crisis, pero como decía Maquiavelo “los hombres en tiempos de calma difícilmente prevén la tempestad”. Las constituciones se establecen para la normalidad. Es claro también que el Ejecutivo tiene una preeminencia en tiempos de crisis, pues es el que debe dirigir el Estado y debe contar con todos los medios materiales para lograr hacer muy bien. En especial como lo decía Vladimiro Naranjo Mesa, “…en estas circunstancias la acción del Ejecutivo prima sobre la de los demás órganos del poder público…”.
Estos poderes han existido siempre. Por ejemplo, en Colombia la Constitución de 1821 fue la primera que consagró la institución de las “facultades extraordinarias”. La Constitución de 1991 estableció los llamados estados de excepción y los dividió en tres instituciones: Estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y el estado de emergencia. Bajo este último es que el Ejecutivo ha tomado medidas desde marzo pasado. ¿Qué esta pasando entonces? ¿Existe un cuarto estado en la sombra sin identificar que esta en contra de toda esta teoría?
Pues lo que hemos visto es que algunos, que se deben al constituyente primario, tratan de tener prevalencia a como de lugar, usando sus cargos de elección popular, para ir en contra no solo de quien debe dirigir el Estado de acuerdo con estas teorías políticas, sino en contra de los intereses de quienes los eligieron.
Parece que la alcaldesa de Bogotá y las mal llamadas “Altas Cortes” no tienen idea de cómo deben ser usados los poderes de crisis y quien lleva la batuta en estas circunstancias. Han hecho todo lo contrario ambos. Quieren dirigir el Estado yendo mucho más allá de lo que tiene permitido hacer y lo más grave yendo en contra de la institucionalidad.
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