LA LEY de financiamiento sigue su curso en la Cámara de Representantes y en una reciente jornada de discusiones esa célula congresional adelantó una audiencia pública en la cual varios de los gremios, expertos y congresistas expusieron sus puntos de vista en relación con esta iniciativa presentada por el Gobierno nacional. Inicialmente, el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, explicó que “el Gobierno nacional pretende sacar esta ley afanosamente y a como dé lugar y los congresistas tienen la responsabilidad de hacer el suficiente estudio de esta ley de financiamiento, se habla de que en los próximos días ya la Cámara de Representantes tendría ponencia, pero se requiere un suficiente estudio formal en debate de las comisiones conjuntas de Cámara y Senado.

Uno de los gremios que más reparos hizo a la iniciativa, fue el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master al señalar que “la pregunta que nos hacemos es ¿si Colombia puede o no puede tener esta ley de financiamiento, si nosotros podemos o no, dada la estabilidad financiera y macroeconómica de nuestro país asumir un presupuesto general con el monto que ha sido decretado por el gobierno de 523 billones de pesos, y si la economía puede asumir la ley de financiamiento como la que se ha planteado? En los últimos tres años hemos tenido un aumento de cerca del 41% en términos de la capacidad de gasto que ha hecho el Gobierno nacional”.

Posteriormente, agregó que “las finanzas públicas están en una situación muy delicada, el ministro de Hacienda hace milagros con los recursos que tiene hoy en día dadas las necesidades que le están siendo planteadas de gasto o de inversión. Pero hay que entender que todos los recursos que tiene o que recibe eventualmente el Gobierno nacional, son recursos que se le quitan al resto de la economía. En los últimos cuatro años el Estado gasta 3 de cada 10 pesos que produce la nación. Pero ha crecido significativamente el gasto gubernamental, las compañías y los hogares no pueden pagar más impuestos porque el impuesto al carbono lo van a tener que pagar los hogares por el aumento a la inflación, el precio del transporte y el costo de los alimentos”.

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía habló sobre el particular que “consideramos a esta reforma inconveniente e inoportuna, en el contexto de una economía que continúa muy débil y en donde estamos viendo los efectos de las últimas dos reformas tributarias del 2021 y del 2022 que fueron muy duras con el aparato productivo del país y con los hogares colombianos. Aumentar la tributación en esta coyuntura puede echar al traste esa débil recuperación de la economía”.

El Gobierno nacional advierte

Luego, Mejía añadió que “nos preocupa la idea de modificación de gasto a través de la regla fiscal que equivaldría alrededor de 5,5 billones de pesos anuales que equivale al 0,3% del PIB hasta el 2030 y luego se reduce a la mitad hasta el 2035, pero todo fuera del espacio que permite la regla fiscal. Pero esta medida genera una pérdida de credibilidad frente al cumplimiento de la regla fiscal como hoja de ruta para el manejo responsable de las finanzas. Preocupa el impuesto al patrimonio que aumenta la tarifa marginal para el tramo más alto que ahora pasa al 2%, pero lo más grave es que esta ley genera un impuesto al patrimonio a las empresas. El impuesto al carbono y al carbón afectaría el aparato productivo de algunas empresas sin dar la oportunidad de una transición energética efectiva”.

No obstante, y pese al inconformismo generalizado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla señaló que “la ley de financiamiento se basa en tres aspectos fundamentales. Generar unos estímulos tributarios para reactivar la economía y fortalecer el crecimiento, sin ser una reforma. Implementar la corrección de errores históricos en el Estatuto Tributario y el uso eficiente de recursos. Así como establecer una Transición de la Regla Fiscal para 2025-2026”. El proyecto, tendrá presentación de informe de ponencia el próximo 25 de noviembre en la Cámara de Representantes, y a partir de ahí la célula congresional arrancará el debate de la iniciativa.