¿Estaremos preparados?

Tan  pronto trascendió la noticia sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) sucrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos hace casi seis años, se reanudó el debate en torno de sus costos y beneficios para el país. De nada sirvió la celeridad que le imprimió el ex presidente Uribe a la negociación del mismo, apremiando al equipo negociador encabezado por el actual director del DNP, Hernando José Gómez, para firmarlos “rapidito”. Dice el adagio popular que de la carrera no queda sino el cansancio y en este caso la ligereza con la que se negoció le significó al país aceptar ciertas imposiciones de parte de los negociadores de EE.UU.
Es el caso del desmonte por parte de Colombia de todas las salvaguardias al sector agropecuario, particularmente el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) al tiempo que EE.UU. se negó sistemáticamente a hacer lo propio con los subsidios y ayudas de los cuales son objeto sus excedentes agrícolas y pecuarios para la exportación. A ello se refiere el ministro de Agricultura y Desarrol Rural, Juan Camilo Restrepo cuando afirma que “se cometieron ingenuidades negociando los capítulos agrícolas de los TLC” .
No es de extrañar, antonces, la reacción del ministro Restrepo, al advertir que “no estamos preparados, nos falta mucho”. Eso ya lo sabíamos, al cierre de las negociaciones en febrero de 2006, el presidente de la SAC, Rafael Mejía, no dudó en señalar que “el sector del campo fue el gran damnificado”. Entre tanto el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, le cantó la tabla al Gobierno y no se arredró al decirle que “el TLC no es moral ni políticamente defensable”.
La suerte estaba echada. Quedaba en evidencia que con la entrada en vigor de este Tratado, contrariamente a lo que sostenía el Gobierno, habrían ganadores y perdedores y a este sector le había tocado las de perder. Para calmar la molestia del gremio de los agricultores se pasó por el Congreso la Ley 1133 de 2007 “mediante lal cual se crea e implementa el programa Agro Ingreso Seguro”. Es bien sabido que tales recursos ($ 500.000 millones anuales) se desviaron y en lugar de favorecer la economía campesina, que será la que llevará la peor parte, fueron a parar a los bolsillos de los más pudientes. ¿Y ahora quién podrá defenderlos?