Guerra de tratados (I)

Los  que saben, dicen que en la guerra y el amor todo se vale. Acaso también es así en la política, tanto en el escenario interno como en la arena internacional, en donde el juego del interés y el poder se resuelve muchas veces a favor de quien mejor sepa combinar distintas formas de lucha. (Esta expresión tiene, sin duda, un tufillo algo incómodo, cierta carga ideológica, pero a falta de otra, dice exactamente lo que quiere decir).
Hace tiempo, por ejemplo, que los miembros de la Fuerza Pública vienen advirtiendo (no siempre con el eco que sería deseable) sobre la “guerra jurídica” que en su concepto libran las Farc contra el Estado colombiano, desde las propias instituciones judiciales nacionales y también en distintas instancias y foros internacionales. Pero su caso está lejos de ser el único en el mundo, y la “guerra jurídica” (lawfare) constituye hoy por hoy una preocupación creciente en los círculos de estrategas militares y estudiosos de temas de seguridad y defensa.
En una de sus formulaciones originarias, presentada en 2007 por David B. Rivkin Jr. y Lee A. Casey en el Wall Street Journal, la “guerra jurídica” consiste en emplear el derecho internacional como instrumento de guerra, con el objetivo de obtener una ventaja moral sobre el enemigo ante la opinión mundial, y potencialmente -de forma muy secundaria, además-algún tipo de ventaja en los tribunales nacionales e internacionales. El derecho como sucedáneo de la guerra; una forma de guerra asimétrica que compensa la debilidad militar y política con el hábil recurso al derecho para legitimar ciertas reivindicaciones, no por su validez legal ni por sus fundamentos de hecho, sino por virtud del juicio favorable, de la simpatía incluso, que éstas despiertan en la opinión pública.
Dos episodios ocurridos en las últimas semanas dan una idea de los potenciales alcances de la “guerra jurídica” en el plano internacional. El uno tiene como protagonista a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que el pasado 2 de abril entregó a Robert Serry, Coordinador Especial para el Proceso de Paz en Oriente Medio y Representante Personal del Secretario General ante la ANP, 13 cartas de adhesión a distintos convenios y tratados internacionales, en una continuación de su apuesta por alcanzar la estatalidad al margen del proceso de paz. El otro, a Irán y a Estados Unidos, a propósito del recién designado embajador iraní ante la ONU, y la negativa de Washington a concederle el correspondiente visado. Ambos episodios serán analizados en esta columna la próxima semana.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales