EL PROCESO para llevar a cabo la elección del próximo procurador general de la Nación se ha desarrollado sin contratiempos hasta el momento. De hecho, recientemente el Consejo de Estado anunció a Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos, como el candidato de la Sala Plena del Alto Tribunal que integrará la terna a partir de la cual el Senado de la República elegirá a quién sucederá a la procuradora Margarita Cabello.

Bajo este contexto, EL NUEVO SIGLO habló con Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia y Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador general de la Nación, quienes explicaron las que consideran deben ser las prioridades de quien llegue al cargo.

El exministro y exprocurador Alfonso Gómez sostuvo que la gestión a nivel de entidades como estas, no comienza cuando se elige un nuevo titular puesto que hay unas funciones asignadas por la Constitución.

“En principio uno diría que la principal función de quien resulta elegido, es cumplir las funciones que están señaladas claramente en la Constitución en temas muy puntuales como vigilar el cumplimiento de la legalidad en todos los órdenes, desde el punto de vista de la actividad del Estado, vigilar la conducta oficial de todos los servidores del Estado, participar con otras entidades del Estado en lo que se suele llamar el combate contra la corrupción, ayudar también con otras entidades como la Defensoría del Pueblo, que depende teóricamente de la Procuraduría, a la defensa de los derechos humanos y además cuando se clarifique el tema en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado, adelantar las investigaciones contra los funcionarios de selección popular, sobre todo cuando se trate de conductas que atentan gravemente bien sea contra la moralidad, la eficiencia o la rectitud en el ejercicio de la función pública y administrativa”, explicó.

A su turno, el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta señaló que desde su experiencia de vida en la Procuraduría y luego de ver las cosas que pasan en el país, el cargo del procurador depende fundamentalmente de la personalidad del procurador.

“Me explico, una persona independiente, creativa y proactiva es lo que se requiere porque es que la Procuraduría la hace el procurador o procuradora. Es esa persona quien decide en qué tema se mete, cuáles prioriza, qué cuestiona y qué no cuestiona tanto. La función principal del procurador es proteger y defender el Estado de Derecho y hay muchos frentes en los que el Estado de Derecho está fallando. Entonces lo que necesitamos es una persona principalmente proactiva, que se meta en cuestiones y critique. Es muy difícil establecer prioridades porque hay temas importantísimos como los derechos humanos, la paz total, la corrupción; pero hay unos temas que son más importantes que otros”, aseveró.

Asimismo, afirmó que en este momento se evidencia una gran debilidad en el Estado de Derecho. “La prioridad absoluta del nuevo procurador o procuradora debe ser la defensa del Estado de Derecho contra todos los embates que le están haciendo por todos los frentes”, enfatizó.

Cambios por hacer

En lo que respecta a los retos y ajustes que deberá asumir quien suceda a la procuradora Margarita Cabello, ambos juristas coincidieron en que es prioritario agilizar el procedimiento disciplinario que, a su parecer, se ha vuelto relativamente lento y este debería ser un proceso rápido para que sea efectivo.

El exministro Gómez señaló que uno de los cambios que debería considerar quien llegue al Ministerio Público es no repetir el proceso penal en los procesos disciplinarios ni abrir tantas investigaciones preliminares que a veces duran hasta 10 años.

“El país avanzaría mucho si la función disciplinaria en las materias que he señalado fuera mucho más rápido, por ejemplo, que en el proceso penal una vez que se denuncia una conducta, se decida si hay mérito para que se investigue o no, decirlo rápidamente y a partir de ahí tomar decisiones dentro de los términos que generalmente tienen que ser cortos. Con lo que el país no puede continuar es con esos procesos disciplinarios que demoran muchísimos años y cuando sale la decisión, a la gente hasta se le ha olvidado cuál era el problema del que se estaba tratando”, manifestó.

A su turno, el exprocurador Arrieta advirtió que existen unas interpretaciones bastante flexibles de normas tradicionales por parte del Gobierno. “Eso me parece una amenaza muy complicada y se requiere un procurador que reaccione vehementemente ante eso. Se requiere un procurador independiente, porque un procurador que está al servicio de un sistema, no funciona, no tiene sentido”, concluyó.